Padres de estudiantes con TEA no están de acuerdo con que se utilice la ley de Aula Segura ante sus desregulaciones que son características del diagnóstico, aseguran que la Ley de Inclusión los debería resguardar de este tipo de medidas.
El pasado viernes la Corte de Apelaciones de Concepción declaró admisible el recurso de protección que ingresó el Instituto Nacional de Derechos Humanos el 27 de diciembre de 2024 en favor de un estudiante de 10 años con trastorno del espectro autista (TEA), a quien se le aplicó la ley Aula Segura cancelándole la matrícula para 2025. El tribunal dispuso una orden de no innovar e instruyó a la escuela que le reserve la matrícula al estudiante.
En cuanto al caso desde la Seremi de Educación, señalaron que la madre fue recibida en dos ocasiones fue atendida por profesionales de la Seremi y se le entregó orientación e información ante la situación planteada en relación a su hijo. “Se ha estado realizando un seguimiento desde la Seremi a fin de establecer de qué forma se puede apoyar el desarrollo educativo del estudiante”, afirmaron.
Este tipo de caso, no es poco frecuente en la Región del Biobío, así lo mencionó Gisela Inostroza, presidenta de la agrupación Aganat de ayuda a niños autistas de Talcahuano y pertenece a la Red TEA de la Región del Biobío. “Estamos preocupados como Red TEA porque se han judicializado muchos casos, no es el único, son varios en donde nosotros hemos estado presentes, acompañando a las familias más que nada porque provoca un tremendo terremoto al interior de la familia porque tienen que llegar a demostrar que son buenos padres”, indicó.
Para la activista esta situación se dé porque en muchos colegios se intenta culpar a los padres por las desregulaciones y no se consideran los diagnósticos. “No son agresiones per se, sino que son provocadas por otras motivaciones y tienen que ver con que los educadores no están preparados para enfrentar este tipo de situaciones”, afirmó.
“Nosotros como familia no estamos preparados para enfrentar procesos judiciales por el costo económico y por el costo emocional, porque se afecta mucho. Incluso, en el último caso que acompañé a una mamá de un colegio de Chiguayante, la misma abogada nos decía que esto es en el fondo una pérdida de tiempo para los juzgados, porque ellos están al tanto de que las condiciones de discapacidad a veces generan este tipo de situaciones y no deberían llegar casos así”, expuso.
“Yo soy una mamá que acompaña a otras, y llevamos 25 años trabajando en el tema del autismo. Nosotros pensamos que con la ley TEA íbamos a tener más respeto con respecto a las condiciones que presentan nuestros hijos, que son diversas”, indicó Inostroza.
Las familias de niños, niñas y adolescentes con TEA, según Gisela, creían que con la ley iban a recibir un trato más comprensivo y que la ley vendría con recursos asignados para ello. “Nos hemos enterados de casos en todo el país, incluso de familiares que han decidido terminar con su vida. Estamos súper alertas, súper preocupados, porque no debería ser”, apuntó.
“A mí me extraña mucho este último caso, porque se trata de un colegio que está especialmente diseñado para personas con situaciones de discapacidad”, afirmó.
Para Gisela, la situación es tan compleja en la relación del colegio con los apoderados. “Y la verdad es que a veces uno cree que es animadversión contra la familia porque nosotros exigimos nuestros derechos, uno está muy pendiente, muy encima, la trata de la mamá problemática”, comentó.
En muchos casos las familias llegan con indicaciones médicas de disminución de horario, señaló Inostroza y agregó que eso molesta en los colegios por la subvención por lo que no siempre se cumple la indicación.
Un ejemplo de que esta situación se repite es Karen Salas madre de un niño de 10 años que en 2023 se le canceló la matrícula por ley de Aula Segura en el Colegio Rebeca Matte.
Tras un sinnúmero de intentos y búsqueda de apoyo en diversos estamentos públicos y la judicialización de la situación desde dónde finamente no obtuvo el resultado esperado. Se acercó al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, fue al Senadis. “Me faltó ir al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, en mi búsqueda de justicia hice una manifestación en la Plaza de Armas acompañada de algunas organizaciones de familiares de personas autistas. También le escribí al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a través de redes sociales”, contó.
Actualmente, el hijo de Karen tiene un nuevo establecimiento donde continuar con su proceso de aprendizaje, gracias a las gestiones que partieron desde la reacción le propio ministro a la carta. “Está en su proceso, ha ido de a poco incorporándose. Ha habido momentos de dificultad, yo eso no lo voy a desconocer”, dijo.
En cuanto a la diferencia entre un establecimiento y otro, Karen Sala explicó que en su experiencia ha notado que “la directora del colegio tiene una hija con una condición y por lo tanto entiende la situación. Eso ella lo transmite a todo su cuerpo docente, donde los profesores todos tienen las ganas de comprender a los niños autistas”.
“El otro colegio tiene los mismos profesionales, psicólogo, educador diferencial, profesor, fonaudiólogo, equipo PIE. Creo que se trata de los valores en realidad y la voluntad”, afirmó.
Julio Quezada, es presidente de la Fundación Mi Mundo TEA de la comuna de Cañete, como apoderado ha vivido múltiples problemas a propósito de la reacción de terceros ante la condición de su hijo de 10 años, no sólo viniendo del colegio, sino que también desde otros apoderados.
Como dirigente de la fundación, Quezada manifestó que existen muchas situaciones que mantienen en constante preocupación a los apoderados de niños con TEA, por ejemplo, lo que ocurrirá si prospera la iniciativa de la Cámara de Diputados para suspender el sistema SAE “la tómbola” por un año. “Chile empezó a cumplir los tratados internacionales que había firmado en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y se hizo este cambio del sistema educacional donde los niños ingresaban automáticamente por este algoritmo”, comentó en atención a que con ese sistema se evitaba la discriminación de los niños para entrar en los distintos establecimientos.
“Por otro lado está la Ley TEA que sólo tiene cuatro artículos, y solamente habla de autismo en el sistema educacional” afirmó.
Respecto de la invocación de la ley Aula Segura, Quezada indicó que se presentó una moción por parte de diputados que buscan modificar el Artículo 6 de la Ley General de Educación y del Régimen de Subvenciones para que los niños con TEA no pudieran ser afectados por Aula Segura. Como fundación y apoderado se encuentra a la expectativa de que avance la iniciativa. “Los apoderados lo único que quieren es que sus niños dentro del establecimiento educacional tengan derecho a una educación, está en la Constitución”, estableció.