Un detallado informe de los pasos que acompañan la implementación de la Ley 21.500, que regula el proceso unificado de personas extraviadas o desaparecidas, rindió la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad.
En la ocasión, la autoridad dijo que asumió la responsabilidad de implementar la normativa. Igualmente, de acelerar los procesos para que, durante el primer semestre de 2025, opere “en régimen”.
Durante la sesión, diputados/as de todos los sectores manifestaron su molestia porque la ley de extraviados se publicó en octubre de 2022. Sin embargo, no tuvo la premura para su plena entrada en vigencia desde el Ministerio del Interior.
En dicho marco, lamentaron que aún no opere, dado que afecta la búsqueda de personas extraviadas que podrían haber sido encontradas con vida en las primeras 24 horas.
La subsecretaria Leitao explicó que el Sistema de Personas Desaparecidas (Sisped) ya está creado desde abril, pero se realizan pruebas para corregir errores. Agregó que se han realizado una serie de reuniones de coordinación entre los organismos intervinientes, que son Carabineros, PDI y Ministerio Publico, para mejorar la plataforma.
Dicho sistema informático interconectado de búsqueda de personas tiene como objetivo centralizar, organizar e interoperar, a nivel nacional, la información aportada por los órganos intervinientes del Sistema y organismos colaboradores.
En esa línea, su propósito es establecer si una persona desaparecida ha tomado o no contacto con alguna institución, con anterioridad o posterioridad a la fecha de desaparición. Es decir, delimitar los últimos movimientos de la persona. Ello, para alertar a las policías y al Ministerio Público sobre el paradero de la o el desaparecido.
En tal sentido, planteó que lo más difícil fue depurar las bases de datos de cada institución y unificarlas. Leitao agregó que el próximo desafío es el protocolo de operación. Para esto se tomó como base el que utiliza el Ministerio Público, aunque deberá perfeccionarse.
Además, quedaría pendiente la capacitación de funcionarios y una marcha blanca antes del uso nacional del Sisped.
La diputada Marisela Santibáñez (IND), coautora de la moción que fue respaldada por el gobierno anterior, manifestó su molestia y frustración por la tardanza en la entrada en vigencia de la ley de extraviados.
Insistió en las diligencias que se realizan en las primeras 24 horas, ya que, a las 72 horas, es difícil encontrar a las personas con vida. Luego, recordó el caso del pequeño Tomás y de la adulta mayor, María Elcira, que sigue desaparecida luego de siete meses.
Finalmente, pidió más voluntad para la entrega de cámaras y de antecedentes por parte de entidades privadas.
Camila Rojas (FA), quien también firmó el proyecto, expresó su frustración con los tiempos. Recalcó que esperar seis meses más, significa que se pierdan 600 personas más. Por ello, requirió realizar los pasos que faltan de manera simultánea y lograr una aplicación más ágil de la norma.
En tanto, Renzo Trisotti (UDI) remarcó que la desaparición de personas mayores es un tema nacional y coincidió en la necesidad de agilizar las tareas que faltan.
Yovana Ahumada (IND) sostuvo que las 24 horas siguientes de la desaparición son fundamentales, sobre todo cuando existe una condición especial. A su vez, lamentó que existan doce personas extraviadas en la región de Antofagasta, de las cuales tres son mujeres y cuatro adultos mayores.
Jorge Guzmán (Evópoli) acusó falta de responsabilidad institucional del Ministerio del Interior. En este contexto recordó que la ley de extraviados fijaba su aplicación práctica luego de seis meses de publicada. Empero, hoy no está operando. “El protocolo de actuación unificado hoy no existe, lo que es gravísimo”, recalcó.
Al respecto, solicitó un oficio, respaldado por el grupo parlamentario, para que Interior informe cuántas reuniones se han realizado para definir el protocolo, las actas y las convocatorias existentes.
Carolina Leitao insistió que la fecha límite para la operación de la normativa es el primer semestre. Y acotó que las pruebas iniciales se realizarán mucho antes. La idea es que se registre la denuncia en el sistema y se establezcan las primeras diligencias en las primeras 24 horas.
“La premura es un tema sensible. Es el mandato que tengo, darle prioridad a la vida de las personas”, enfatizó. Finalmente, dijo que la plataforma se está trabajando, pero está atrasada por dificultades técnicas y prácticas.