Una importante crítica es la que se está realizando de parte de los productores forestales respecto de la investigación del origen que tienen los incendios, ya que acusan una baja capacidad de resultados.

Así lo comentó, Ramón Figueroa, presidente del Departamento de Protección del Bosque de Corma, que indicó que en Chile, las investigaciones son responsabilidad de las policías y fiscalías, quienes trabajan para determinar las causas y eventuales responsables. “Sin embargo, la mayoría de las causas se archivan sin que se identifiquen responsables”, expuso.

Como ejemplo, Figueroa citó lo que ocurre en España, donde más del 20% de los incendios denunciados encuentran responsables con condena. “Allá, cuando se despachan brigadas y recursos de combate, también se asignan profesionales para investigar el origen del incendio desde el primer momento. Esta rápida acción es clave para recabar evidencia antes de que se pierda”, comentó.

Desde Corma indicaron que “creemos que es fundamental que la nueva Ley de Incendios, actualmente en trámite legislativo, contemple más atribuciones para fortalecer y agilizar este trabajo investigativo, tal como ocurrió con la Ley de Robo de Madera. Entre 2022 y 2024, las empresas forestales han presentado más de 956 querellas y denuncias, con solo dos detenciones, lo que refleja la urgencia de mejorar este proceso”.

Respecto de la forma de investigar actual, Ramón Figueroa estableció que hay mucho que avanzar, afirmó que “una de las principales falencias es la demora en el inicio de las investigaciones. En muchos casos, las investigaciones comienzan meses y años después del incendio, lo que dificulta enormemente la obtención de pruebas. Las primeras horas de un incendio son cruciales para recabar evidencia”.

Para el presidente del Departamento de Protección del Bosque de Corma, si no se actúa a tiempo, factores como las lluvias o el tránsito en el área pueden destruir las pruebas disponibles. “En comparación, en España se envían profesionales a investigar los incendios al mismo tiempo que se despachan las brigadas de combate, lo que mejora significativamente las probabilidades de éxito en las investigaciones”, apuntó.

Desde el Departamento de Protección del Bosque de Corma, la experiencia indica que entre los indicios más frecuentes que revelan intencionalidad se encuentran: múltiples focos de inicio en áreas estratégicas para maximizar el daño, evidencias físicas (acelerantes, artefactos incendiarios) huellas de zapatos o vehículos, testimonios de testigos que hayan observado movimientos sospechosos antes del inicio del incendio y patrones de ignición y de propagación del fuego.

“Las empresas forestales colaboran activamente con las policías y fiscalías, poniendo a disposición todo el material con el que cuentan, como cámaras de detección, imágenes capturadas por drones, testimonios de brigadistas que estuvieron en el lugar. Estas herramientas permiten aportar información valiosa para las investigaciones y respaldar la identificación de posibles causas o responsables”, establecieron desde Corma.

La Unidad de Análisis y Diagnóstico (UAD) de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) es la que está facultada para realizar investigación de incendios forestales, cuyos resultados detallados son traspasados bajo reserva al Ministerio Público. “Respecto a la metodología utilizada, destaca el Método de las Evidencias Físicas y sus etapas, el que aplicado en forma metódica y sistemática en todos los incendios, permite determinar el área de origen y su causa”, detallaron desde Conaf.

En la Región del Biobío, se han investigado 647 incendios forestales, correspondientes al periodo 2023-2024. El análisis determinó que el 56% se originó por intencionalidad, el 40% por negligencia, el 3,6 por accidentalidad y el 0,4 por causas desconocidas”, señalan desde la Corporación Nacional Forestal.