Fue la cuarta ocasión en que las y los ministros en visita que investigan casos de violaciones a los Derechos Humanos -entre septiembre de 1973 y marzo de 1990- se reunieron con los encargados del Plan de Búsqueda, iniciativa impulsada por el Gobierno para entre otras cosas, lograr recabar información que permita ubicar los restos de personas detenidas desaparecidas en dicho periodo.

El encuentro se realizó en el edificio de la Corte de Apelaciones de Concepción, donde se analizó desde la perspectiva y las competencias de los representantes del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, el trabajo realizado en esta área y cómo poder hacerla más eficiente.

Por ello, hasta la zona se trasladó la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, quien, en conversación con Diario Concepción, analizó la labor de diseño y puesta en marcha del Plan y lo que viene en los próximos años, considerando que la actual administración permanecerá hasta el 10 de marzo de 2026.

-¿El Plan Nacional de Búsqueda es sólo un esfuerzo de la actual administración o es una labor del Estado?

– La propuesta del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia es que sea un esfuerzo del Estado de Chile, no de un gobierno de turno, y que, por tanto, para su éxito requiere del compromiso, del trabajo y de la voluntad de los tres poderes del Estado.

Entonces en eso yo creo que es positivo destacar que más allá de las contingencias y las diferencias políticas de los distintos sectores, ha tenido un apoyo bien transversal, tanto en los ejercicios presupuestarios con las dificultades que eso siempre implica dentro del Congreso, pero hemos tenido el presupuesto para llevar a cabo hasta la hora, aprobado por el Congreso Nacional con mayorías bien transversales y hemos tenido el apoyo del Poder Judicial, yo diría especialmente comprometido desde el inicio.

– ¿Y qué sentido tiene realizar estos encuentros con las y los jueces que tienen a su cargo aún investigaciones en el país?

– Ya adquirimos una práctica de tener encuentros nacionales periódicos, donde por una parte podemos ya a un año de implementado el Plan, poder hacer un balance crítico respecto de nuestro despliegue, cada quien desde los distintos roles que nos toca e ir afinando mecanismos de coordinación que permitan trabajar con el mayor sentido de urgencia.

La impunidad biológica es un hecho. Los tiempos que tenemos para poder investigar las responsabilidades penales de este tipo de delitos no nos queda mucho. La responsabilidad penal es individual, se agota cuando los perpetradores fallecen y por cierto el paso del tiempo va imponiendo desafíos de hallazgos de verdad y de justicia que son muy reales y también para las víctimas y sus familiares, que también ya son en general, al menos los de primera generación, de edad avanzada y necesitan no solamente resultados concretos, sino acciones concretas.

– ¿Pero qué posibilidad de éxito tiene este Plan a medio siglo de ocurridos los crímenes?

– Creo que todos los actores que nos dedicamos a estas materias sabemos que nuestras posibilidades de éxito, de hallazgos materiales, de identificación forense no son muy altos porque precisamente eso fue parte de la operación de los organismos represivos, garantizar que no encontráramos, pero 50 años después seguimos buscando, seguimos encontrando algunas hebras que nos van dando pistas importantes de cómo avanzar y para los familiares eso es muy importante.

-¿Y qué tipo de acciones son las que se pueden coordinar con el Poder Judicial que puedan ser valiosas para el Plan?

– Participar en las diligencias, por ejemplo. Nosotros en todas las diligencias procuramos los mayores niveles de coordinación y es justamente uno de los puntos que estamos trabajando hoy día en conjunto con los ministros y ministras, que en todas ellas puedan participar los familiares, lo que les da ya en sí mismo un sentido de reparación muy importante, independiente que encontremos o no las encontremos (pista).

Si es que no las encontramos, ellos estuvieron ahí en el terreno, vieron cómo desplegamos toda la capacidad del Estado para buscar y eso en sí mismo es satisfactorio, porque te aleja un poco de esa incertidumbre de saber qué está pasando, qué se está haciendo.

El saber que se están haciendo cosas, el ser parte de esas diligencias es muy importante para los familiares y por cierto para nosotros también es muy importante poder coordinar de manera bien fina con los ministros y ministras, que esas participaciones vayan en beneficio también del éxito de las diligencias.

-¿Son ese tipo de materias las que abordan en estos encuentros?

-Vamos afinando coordinaciones con los ministros, cuáles son los lugares donde vamos a priorizar diligencias en terreno, cómo podemos compartir acervos documentales entre los distintos poderes e instituciones que puedan colaborar en la investigación, tenemos ahí un programa bien intenso de trabajo donde vamos abordando todas esas dimensiones.

Y este encuentro realizado en Concepción tenía una particularidad, que es el primero en el que participan activamente representantes del Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda que tiene una representación bien interdisciplinaria, no solamente con académicos, con personas expertas, sitios de memoria, también con familiares que representan a la Coordinadora Nacional de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y esta es primera vez que el Comité orgánicamente participa activamente dentro de estos encuentros.

Último esfuerzo

-¿Será el Plan el último gran intento del Estado por obtener resultados en la búsqueda de detenidos desaparecidos?

-Hemos trabajado en un equilibrio que no siempre es fácil de encontrar, pero creo que ha sido exitoso en estos años intensos, tanto el primer año de diseño como el primer año de su implementación.

En trabajar con mucho sentido de urgencia sabiendo que no solamente es porque nos quede poco tiempo de gobierno, sino porque lo que decimos de la impunidad biológica, cuando los familiares de la “primera generación” ya hay muchos que han partido sin saber y sin tener ninguna pista de qué es lo que pasó con los suyos. Entonces, hay ahí una dimensión temporal que nos hace sin duda trabajar con mucha urgencia.

-¿Pero esa mirada o ese apuro podría no estar en el siguiente gobierno?

-Por ello también hemos trabajado con esta convicción de que esto es una política permanente del Estado que no se va a agotar con las causas judiciales, que no se va a agotar con el trabajo que nosotros desarrollamos durante nuestro gobierno, sino que va a seguir porque parte muy importante del Plan es la dimensión de la memoria, de las garantías de no repetición.

Sin duda cada gobierno tiene distintas prioridades y ha esto se le podrá dar más énfasis o menos, eso es evidente, siempre ha sido así, pero el mandato que tenemos como Subsecretaría y que tiene el Programa de Derechos Humanos como órgano ejecutor del Plan Nacional es un mandato legal que no se agota con el fin de nuestro gobierno.

Diría que además hay actores externos que garantizan la continuidad, no solamente el Poder Judicial, que por cierto van a seguir investigando y en eso es importante reconocer como Estado lo ejemplar que es la conducta del Poder Judicial hoy día, 51 años después, de seguir investigando y seguir dictando sentencia, eso no es tan típico cuando uno mira las experiencias comparadas de procesos de justicia transicional.

-¿O sea, usted cree que más allá de marzo de 2026, esta iniciativa va a continuar?

-Entonces esos otros actores también van a seguir trabajando en esto y tenemos compromisos y planes de trabajo de mediano plazo que ellos van a impulsar a que continúen, entonces yo tengo bastante certeza de que de que este es un punto de maduración quizás en nuestra historia, donde a 51 años nos vemos en la obligación y la necesidad de continuar estos esfuerzos, pero que tienen una proyección de permanencia que yo no tengo ninguna duda que va a continuar.

-¿Y con qué resultado el Gobierno quedaría conforme con este Plan Nacional de Búsqueda?

-Yo diría que uno de los objetivos más desafiante y difícil, es la comunicación efectiva. Uno dice Plan Nacional de Búsqueda y en el sentido común de personas que no se vinculan a estos temas, el único indicador de éxito es cuántas personas se reconocieron. Y es nuestra discusión más tensa en el Congreso: ¿cuál es el resultado? ¿Cuántos detenidos aparecidos han encontrado? Si ese es nuestro único indicador de éxito, esta política evidentemente no va a ser exitosa.

Justamente por lo que decía rato atrás, porque el hecho que sea tan difícil encontrarlos, no es por casualidad ni por (que hubo) 1.469 excesos individuales que se cometieron.

Aquí hubo un organismo represor desde el aparato estatal que se organizó para perpetrar el delito de la desaparición forzada. No solamente de la ejecución y de la persecución política, sino que de la desaparición forzada. Yo creo que ahí tenemos un desafío como país que es enorme aún, de entender y de incluso reconstruir nuestra propia historia, en lo que significa ese término.

Negacionismo

¿Pero a 50 años del Golpe de Estado pareciera que no todos los sectores políticos y sociales comparte esa mirada?

El negacionismo es bien tenaz hoy día, mucho más de lo que era hace 10 años atrás. Quienes trabajamos en derechos humanos tenemos que saber que las garantías de derechos no están firmadas en piedra nunca. Avanzamos y retrocedemos. Es como el reflujo propio del desarrollo de las culturas y sobre todo de cómo enfrentamos las crisis.

Si uno mira por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en EE.UU. Quienes trabajamos en Derechos Humanos sabemos que eso es así. Y hay que saber lidiar con ello y por cierto encontrar mecanismos de educación y de formación que permitan concebir los derechos humanos no como un acervo teórico, sino como un marco de convivencia social y democrática.

-¿O sea, ve usted un retroceso en este sentido?

Si uno mira cómo fue la conmemoración de los 40 años del golpe, donde teníamos al presidente Sebastián Piñera encabezando el Gobierno, hablando de los cómplices pasivos, cerrando el Penal Cordillera y a los 50 años sectores de derecha que no fueron capaces de firmar una declaración para decir que esto nunca más en nuestro país puede ocurrir. Y cuando uno mira el discurso público, la juventud del Partido Republicano sacando vídeos, ensalzando el Golpe, eso hubiese sido absolutamente inaceptable en los 40 años. Eso hubiese estado absolutamente fuera de cualquier margen. Y a los 50 es una dimensión y una arista de la política que ha ido en avance.

Y si uno mira el mundo y mira hacia afuera eso también enfrenta sus propias crisis. Entonces, diría que eso es lo más desafiante, la capacidad que tengamos de comunicar el sentido de lo que hacemos, el por qué lo hacemos, que no es solamente una reparación individual a cada una de las familias, sino que realmente es un desafío país que si no lo hacemos ponemos en riesgo no solamente la dignidad de esas personas y de esas familias sino que nuestra capacidad de sostener una convivencia democrática fuerte.