Expansión de la superficie forestal, construcción de carreteras sobre áreas naturales protegidas y proyectos mineros instalados cerca de ciudades son parte de los cuestionamientos. Ejecutivo asegura que ningún proyecto se realizará sin cumplir con la ley ambiental.
Un total de 17 organizaciones medioambientales, entre las que se cuentan la Red de Humedales Biobío, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y la Red por la Superación del Modelo Forestal, mostraron preocupación por el impacto ambiental que podrían generar los proyectos que impulsa el Plan de Fortalecimiento Industrial en la Región.
“El plan contempla medidas como expandir la superficie forestal, construir carreteras sobre áreas naturales y protegidas; instalar proyectos mineros a pocos metros de la ciudad; inundar y arrasar con bosques nativos y especies en peligro de extinción; abastecer la zona de combustibles obsoletos y riesgosos para las bahías; aumentar la captura de jurel sin diversificar, entre otros”, afirma la declaración.
Las entidades aseguraron desconfiar del plan, que propone un modelo extractivista y lo que, a su juicio, aumentará la vulnerabilidad de la Región en cuanto a la crisis climática y la escasez hídrica, pues, según dijeron, algunos proyectos no cumplen con la ley ambiental actual, lo que arriesga a Biobío a convertirse en una de sacrificio.
Aseveran que el plan propone medidas cortoplacistas e insuficientes, que no se condicen con la millonaria inversión que requieren para ejecutarse, sin ofrecer proporcionalmente una gran cantidad de empleos. “Se supone que ese es el principal motivo por el que se creó el plan. Ayudar y buscar alternativas tras el cierre de Huachipato; creando empleos cercanos y ocupando infraestructura existente”.
Indicaron que todo hace pensar que el plan va en dirección contraria a tratados internacionales y la legislación vigente y a la que está en proceso de aplicación, como el tratado de Escazú, entre otros.
Ante la preocupación de las organizaciones, el seremi de Medio Ambiente, Pablo Pinto, llamó a la tranquilidad de la ciudadanía y a confiar en la institucionalidad, pues todo proyecto que se está realizando o en proceso de desarrollo debe pasar por la ley ambiental.
Recalcó que desde su cartera están impulsando una serie de políticas que fortalecen la institucionalidad como la Ley del Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas y la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor para el reciclaje, entre otras, que son parte de los proyectos que están dentro del Plan de Fortalecimiento Industrial.
Pinto aseveró que a través del acuerdo de Escazú ya se incorporaron medidas asociadas al impacto del cambio climático, temas de mitigación y adaptación asociadas. “El mismo acuerdo de Escazú está en proceso de implementación de gobernanza para poder tener cada vez más participación de la ciudadanía en temáticas medioambientales”.
Iván Montes, vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria Regional, aseveró que ya se han reunido con organizaciones medioambientalistas, incluso, realizando hace un par de semanas una cumbre en la Universidad de Concepción a propósito del Plan de Fortalecimiento Industrial en que, según dijo, tuvieron más puntos que de encuentro que de desencuentro, teniendo claro que “el desarrollo de una región o de cualquier territorio no puede ser sin ninguna regulación, no puede haber un desarrollo a cualquier precio, y en ese sentido pudimos intercambiar opiniones en esa línea con estas organizaciones”.
Aseguró que se seguirán reuniendo “para poder ir explicando desde nuestra perspectiva sindical los efectos que pueden tener algunos proyectos de la Región, e ir concordando en una mirada de desarrollo regional sostenible”.
Aseguró que en cuanto a los efectos del plan en el empleo, creen que es un piso, no un techo, para generar iniciativas que puedan desarrollar la región y reforzarla en materia de generación de proyectos que finalmente decanten en la generación de empleo de calidad.
El seremi de Economía, Javier Sepúlveda, afirmó que el Plan de Fortalecimiento Industrial, que logró aunar voluntades de diversos gremios y del Gobierno para determinar propuestas que permitan mejorar la situación económica de Biobío, tiene amplios desafíos en el ámbito industrial para reactivar la actividad tradicional y otras que buscan diversificar la matriz, sofisticar la economía con nuevos productos y servicios.
“Por lo tanto, creemos que es un plan que viene a entregar certezas y estabilidad económica de largo plazo para los habitantes, creemos que entregará seguridad a la Región, seguir generando riqueza para sus habitantes para que puedan ir cubriendo sus necesidad y cumpliendo sus metas”.
Recalcó que las personas, comunidades o grupos organizados que quieren aportar con su visión en el plan tienen extendida la invitación de acercarse a los representantes de la gobernanza y entregar sus propuestas.