La última vez que estuvo en Concepción, en agosto pasado, su cargo era subsecretario de Justicia y Derechos Humanos. En la actualidad Jaime Gajardo es la máxima autoridad de dicho ministerio, tras el enroque de puestos que determinó La Moneda, el que trató del paso del entonces ministro del ramo, Luis Cordero, como subsecretario del Interior tras lo sucedido con el llamado “Caso Monsalve”.

Ahora y en conversación con Diario Concepción, el nuevo secretario de Estado se refirió a una serie de temas, incluyendo lo ocurrido con el diputado por el Distrito 46.

-¿Cómo ve el Ministerio de Justicia que se haya materializado la detención y formalización de cargos contra el exsubsecretario, Manuel Monsalve?

-Para nosotros es clave en esto que las instituciones funcionen. Es decir, que una exautoridad esté siendo hoy investigada por el Ministerio Público, que se esté formalizando su investigación, que tenga que responder ante la justicia es lo fundamental.

Para eso, aquí hay que dar total garantía a la ciudadanía de que hay igualdad ante la ley de que una persona por haber ocupado un cargo no va a tener ninguna situación distinta a la que tiene cualquier otra persona y, por lo mismo, es fundamental que aquí las instituciones funcionen adecuadamente, que el sumario administrativo que está llevando adelante la Contraloría General de la República entregue sus resultados, que la justicia investigue conforme a lo que está realizando el Ministerio Público y determine la responsabilidad respectiva y que ojalá todo eso sea oportuno para que además prontamente podamos conocer lo que efectivamente sucedió en este caso.

-¿Independiente de si hay más involucrados?

-El Gobierno en esto es muy claro, toda la colaboración con la investigación en curso y aquí todas las personas que hayan cometido algún hecho ilícito tienen que responder por su acto.

-De hecho, su antecesor, Luis Cordero, también tuvo que aclarar alguna gestión realizada y hasta el Presidente de la República declaró por este caso.

-Nuestro Gobierno ha sido muy claro en esto. Vamos a colaborar en todo lo que nos pida la justicia y en ese sentido consideramos que la justicia es la que tiene que llevar adelante en este caso el Ministerio Público, la investigación y va a contar con toda la colaboración del Gobierno en todo lo que estima necesario.

-¿Qué le parece que en el último periodo que personas que han ejercido cargos públicos en distintos estamentos, hayan terminado siendo investigadas por el Ministerio Público?

-Es muy importante que las autoridades ejerzan sus atribuciones en el marco de la ley, pero también es muy importante que si hay cualquier duda o cualquier denuncia respecto a que las autoridades están ejerciendo sus atribuciones fuera del marco de la ley, nuestras instituciones funcionen, y eso es lo que está pasando precisamente en nuestro país.

-¿Eso no debería desanimar a la ciudadanía?

-Es muy importante que los ciudadanos sepan que sus autoridades están ejerciendo sus atribuciones conforme a lo que la ley establece. Y en el caso en que eso no ocurra, que van a haber instituciones que van a investigar y van a sancionar a los responsables y como cualquier persona, las autoridades van a tener que responder ante la justicia.

Nombramientos

– La forma en cómo se realizan los nombramientos en el Poder Judicial es otro de los temas que ha estado presente en el último tiempo ¿habrá cambios en esa materia?

-Aquí tenemos dos proyectos de ley que son muy significativos: uno que ya está muy pronto a culminar con su tramitación, es la reforma al sistema notarial registrar. Es una reforma que nos va a permitir que en los cargos de notarios, conservadores y archiveros podamos entregar certeza a la ciudadanía de que las personas van a estar ahí por sus méritos, por sus capacidades y no por el conocimiento de alguna persona que logró que determinados nombres fueran en las ternas o logró que fueran archiveros, conservadores o notarios.

Para eso estamos terminando de tramitar un proyecto de ley en el Congreso Nacional que establece que todo esto se va a hacer mediante concurso en arte de dirección pública a través de pruebas estandarizadas y eso va a definir quiénes van a ser los notarios, archiveros o conservadores. Y además establece un conjunto de inhabilidades que son muy amplias.

-¿Y el segundo proyecto cuál es?

-El gobierno hace un mes presentó una reforma constitucional para modificar el sistema de nombramiento de jueces y juezas. Es una reforma constitucional que ya comenzamos su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara. Se está viendo en general. Estamos recibiendo audiencias de distintos actores que están opinando sobre la reforma.

Durante esta semana me junté con decanos y decanas de las facultades de Derecho que se encuentran en Santiago con el objeto de conocer sus opiniones también. En general es una opinión bastante favorable a la reforma. Acá, en Concepción, voy a conversar con el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Concepción (Dr. Rodolfo Walter) y con el rector (Dr. Carlos Saavedra) para también conocer sus opiniones respecto a la reforma constitucional.

-¿Por qué enfatiza la importancia de esta segunda iniciativa?

-Esta es una reforma importantísima porque en el sistema de justicia es fundamental que los ciudadanos y ciudadanas sepan que las personas que van a resolver sus casos sean personas que están ahí por sus méritos, por sus capacidades y van a resolver con forma de derecho sin tener vinculaciones con otros actores o posibilidades para la resolución de casos.

Esa es una certeza que le tenemos que entregar a la ciudadanía. Y por lo mismo esta reforma a la Constitución para el sistema de nombramiento esperamos poder terminar de tramitarla durante nuestro gobierno.

Plan Nacional de Búsqueda

-Tras los cuestionamientos de agrupaciones de víctimas de la dictadura, ¿en qué está el Plan Nacional de Búsqueda y la plataforma digital que se crearía en torno a él?

-El Plan Nacional de Búsqueda es una de las prioridades de nuestro gobierno. El Presidente de la República ha sido muy enfático en el hecho que esta es la primera vez que tenemos un plan estatal que se hace cargo de poder esclarecer las trayectorias de vida de las personas que fueron detenidas y desaparecidas durante la dictadura y eso es tremendamente significativo.

Cuando tuvimos las reuniones bilaterales, producto de que asumían el cargo, el Presidente fue muy enfático en señalar que esta es una de las principales prioridades del gobierno y por lo mismo mi obligación es doble: primero este es un plan que no se puede desarrollar sin el trabajo con las agrupaciones, con los familiares y por lo mismo estoy en Concepción para tener esta reunión importante con las agrupaciones del Biobío y también de la Región de Ñuble y en segundo lugar entregarle o darle cuenta de los avances que hemos ido teniendo en este Plan.

-¿O sea, el trabajo ha continuado en la implementación del Plan?

-La próxima semana tenemos comité de seguimiento y participación que es una instancia central de la estructura de gobernanza del Plan. Ahí participan la Agrupación a nivel nacional y también otros actores donde vamos a dar cuenta de los avances. Entonces yo les voy a adelantar parte de lo que vamos a tratar en esa reunión a la Agrupación en la zona, y en ese sentido también recoger todas las sugerencias, comentarios, dudas que tengan las agrupaciones para que podamos ir trabajando en conjunto.

-¿Qué valor tiene la plataforma?

-La plataforma hace tres cosas que son muy relevantes, primero va a establecer una nómina oficial de personas víctimas de desaparición forzada, una nómina oficial porque recoge varias comisiones, la información de varias comisiones y por primera vez va a estar en un único sitio, en una página web, el listado completo.

En segundo lugar la georreferencia, es decir, va a haber un mapa donde uno va a poder ver con detalle el último lugar donde estas personas estuvieron, eventualmente en algunos casos donde fueron detenidas y el lugar a los que fueron trasladadas y el último lugar desde el cual tenemos información, eso también es muy significativo para memoria histórica en nuestro país, para que todas las personas conozcan cuáles fueron las trayectorias que tuvieron las personas detenidas y desaparecidas.

Y en tercer lugar va a haber información respecto a esas personas, información vinculada con sus procesos judiciales, información vinculada con la información que tenemos de las comisiones, la información que está en el Programa (de DD.HH.) y esos productos los vamos a dar a conocer la próxima semana en el Comité de Seguimiento y Participación para tener una primera marcha blanca y después durante el mes de diciembre entregarlos públicamente.

-¿Entonces, las personas van a poder acceder a la información?

-Claro, en esas carpetas está toda la información que tuvieron las distintas comisiones a la vista y esa información es la que vamos a poner a disposición de los familiares.

-¿No hay un tema legal que impida aquello?

-Nosotros hemos resuelto que no tenemos inconveniente para que los familiares accedan a esa información y eso es precisamente lo que vamos a entregar.

-¿Y existe la posibilidad que esa entrega de documentación pudiera alentar acciones legales contra alguna persona que aparezca mencionada en esos antecedentes?

-Esa información podría eventualmente generar algún tipo de nueva diligencia y eso es algo que es parte de los objetivos del plan, uno de los objetivos del plan es que al entregar esta información, al sistematizar, al recolectarla, pueda generar eventualmente nueva diligencia o reabrir procesos que se encontraban paralizados por alguna razón y eso es precisamente uno de los objetivos del plan, es tener más información para poder encontrar la verdad que es tan importante que lamentablemente todavía no tenemos toda la información que necesitamos.