Una indicación incorporada al Proyecto de Ley de Presupuesto de 2025, por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, resultó aprobada por 76 votos a favor, 53 en contra y 3 abstenciones. En ella se agregó una glosa que textualmente establece: “Los estudiantes que hayan sido sancionados por con conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso”.

Este tipo de determinaciones podría afectar a un número de estudiantes de la Región de Biobío, que al menos desde 2019 hasta ahora se sabe que se ha triplicado. Diario Concepción a través de la Ley de Transparencia recabó que en 2019 se produjeron 35 expulsiones y cancelaciones de matrícula por Aula Segura, que es la ley que trata aquellos casos graves de violencia al interior de los colegios y por la misma normativa que serán sancionados desde ahora los estudiantes, si pasan por la tramitación favorable y final del Congreso.

En detalle, en la Región, en el año 2022 se expulsó a 82 estudiantes, en 2023 a 126, y hasta el 31 de agosto de 2024 se han expulsado a 108, independiente del grado que cursan.

Efecto pedagógico

En la opinión del Dr. en Psicología Himmbler Olivares, profesor del área Educacional del Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción, esta no parece una medida apropiada. Debido a que es una determinación que no garantiza en forma alguna que disminuyan las acciones graves que puedan ocurrir en los establecimientos.

“En una dirección similar, la medida puede perjudicar la posibilidad de que los jóvenes ingresen a la universidad. Lo preocupante de esto, es que esos estudiantes pueden incurrir en acciones más graves en el futuro si no ingresan a la universidad”, estableció el académico.

En otras palabras, Olivares determinó que esto puede disminuir las posibilidades de que los jóvenes que incurren en acciones que constituyen faltas a la ley puedan estudiar.

Voto en contra

La diputada María Candelaria Acevedo (PC), votó en contra de esta medida y aseguró que “me parece que quitar la gratuidad a jóvenes que hayan sido sancionados por diversos hechos no corresponde, porque finalmente lo que se está haciendo es alejarlos del sistema educativo, minimizando sus oportunidades futuras”.

Sin embargo, la parlamentaria precisó que “con esto no quiero avalar, ni mucho menos las conductas o hechos de violencia, las que sin duda deben ser tratadas con la seriedad que corresponde, con la sanción respectiva. Pero lo que no puede, ni debe ocurrir es quitarle oportunidades a los jóvenes, de quienes no podemos olvidar que se encuentran en plena etapa formativa”.

En definitiva, la diputada Acevedo afirmó que “entonces lo que vemos es que la derecha castiga a los jóvenes, impidiendo de todas las formas posibles, su justo derecho a expresar su descontento y coartando la capacidad del Estado de ofrecer mejoras a su vida. Así como también la posibilidad de rehabilitar a los jóvenes en los casos que corresponda”.

Voto a favor

El diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), votó a favor de esta medida y estableció que “creo que es legítimo expresar puntos de vista, defender ideas y causas. Pero eso no puede ser con violencia, ni actos vandálicos, porque eso sólo daña la democracia y la sana convivencia de una sociedad”.

“Los estudiantes que participan en este tipo de hechos y atentan contra el Estado, deben recibir una sanción y me parece que prohibir el acceso a la gratuidad es una herramienta correcta que nos permitirá terminar con la violencia en los centros de educación pública”, aseguró el parlamentario.

Al ser consultado, sobre si este tipo de medidas aporta a la eliminación de la violencia en colegios, aseguró que “sin duda que aporta. Insisto que no podemos aceptar y menos normalizar la violencia en ningún espacio de la sociedad. Llegó el momento de poner sanciones duras de modo de erradicar la violencia. En democracia tenemos derecho a disentir, pero no a destruir”.

También hay que considerar las diferentes realidades, expuso Aedo, porque lamentablemente en algunos sectores hay una fuerte presencia del crimen organizado. “En esos sectores se requiere una mayor presencia del Estado. En muchos lugares estos grupos han reemplazado al Estado y lo más grave es que muchas autoridades no han querido ver esta realidad permitiendo que estos grupos avancen”, afirmó.

Improvisación

El presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, acusó una nueva forma de legislar improvisada. “Ahora en la discusión del presupuesto se ha acordado la normativa respecto de la admisión escolar y modificar la normativa respecto al derecho de la gratuidad en la universidad. Esa es una forma de legislar improvisando sin debate, sin análisis serio, sin audiencias donde las partes puedan expresar su opinión”, apuntó.

“Respecto a los beneficios de gratuidad y este castigo que se pretende hacer, que además es de dudosa constitucionalidad, porque por falta que cometiste en un aspecto, no puedes tener pérdida de derechos en otros aspectos. No es la manera de legislar”, indicó categórico Mario Aguilar.

Sobre todo lo anterior, desde la Seremi de Educación comentaron que “es relevante aclarar que todas las indicaciones aprobadas o rechazadas en la Cámara de Diputadas y Diputados en el marco de la tramitación del proyecto de ley de Presupuesto 2025, no son definitivas, ya que aún debemos esperar las próximas etapas de discusión en el Senado, donde se ingresarán indicaciones por parte del Ejecutivo para modificar lo recientemente aprobado”.