Mientras que en el 2022 se produjeron 82 casos, de ambos tipos, en 2023 hubo 126 hechos. En lo que va del año (hasta el 31 de agosto) hay 108 procesos, sin embargo, quedan 4 meses por sumar.
Un significativo y preocupante aumento de las cifras de la ley Aula Segura se está produciendo en la Región del Biobío. Si se compara la cifra de 2019, cuando entró en vigencia la ley, donde se produjeron en total 35 expulsiones o cancelaciones de matrículas del sistema escolar como medida disciplinaria por actos graves, en 2023 el número subió a 126. Este año ya se llegó a 108 casos, contando sólo hasta el 31 de agosto.
Estos datos fueron entregadas a Diario Concepción a través de la Ley de Transparencia. Y, con estos antecedentes, desde la Dirección Regional Biobío de la Superintendencia de Educación indicaron que “hemos observado un alza en la aplicación de medidas disciplinarias como las expulsiones y las cancelaciones de matrícula desde la entrada en vigencia de la Ley Aula Segura (2019) hasta la fecha, exceptuando los años de pandemia y falta de presencialidad en el sistema educativo”.
Cabe mencionar que en 2019 hubo 35 acciones disciplinarias como expulsión o cancelación de matrícula, en el 2020 no hubo y el 2021 sólo una cancelación de matrícula, aquello a causa de la pandemia y el trabajo telemático que se hizo durante ese tiempo.
Luego en 2022, con la vuelta a la normalidad, se produjeron 82 acciones de este tipo, en 2023 hubo 126, lo que es un 53,7% más.
En lo que va de 2024 ya se han realizado 108. Lo anterior, en atención a que la fecha de cortes es el 31 de agosto, es decir, falta por considerar casi cuatro meses de clases, ya se ha completado el 86% del total del año anterior. Además, teniendo en cuenta que, en diciembre, en la muestra de los años 2022 y 2023, es el mes en que más número de matrículas canceladas de producen.
En cuanto a los elementos que pudieran explicar este fenómeno, señalaron que “puede haber diversos factores que incidan en esto: como una mayor apropiación de la normativa por parte de las comunidades educativas, un mayor cumplimiento de la obligación de informar a la Superintendencia. O, por cierto, una mayor prevalencia de situaciones graves que afectan la convivencia, lo concreto es que no existen estudios que establezcan causas precisas o únicas sobre este fenómeno”.
Desde la Dirección de la Superintendencia de Educación, argumentan que se debe precisar que estas cifras tratan de los expedientes que recibe la Superintendencia por parte de los establecimientos. “Es decir, de lo que tenemos certeza es que aumentó el envío de expedientes, lo que no implica necesariamente que hayan aumentado las medidas de expulsión y cancelación de matrículas”, comentaron y establecieron aquel vacío en el que podría interpretarse que los colegios realizan o realizaban expulsiones sin enviar el expediente a la Superintendencia.
“También hay que tener en cuenta que la normativa mandata a informar y remitir los expedientes de expulsión y cancelación de matrícula a aquellos establecimientos que reciben subvención o aportes del Estado; mientras que los colegios particulares pagados pueden hacerlo en forma voluntaria, por lo que ahí también podría haber alguna distorsión”, nuevamente el argumento apunta a que el número de expulsiones y cancelaciones de matrículas podría ser menor o incluso mayor, puesto que los colegios privados no están obligados a informarlos formalmente.
El director regional de la Superintendencia de Educación, Carlos Martínez, describió que “efectivamente una de las razones del aumento puede ser que los establecimientos están aplicando más la ley Aula Segura, que es la forma en que la normativa educacional ha resuelto el abordaje de situaciones de violencia en contexto educativo, no solo dentro de la sala de clases, sino en cualquier parte de las instalaciones o inmediaciones de los recintos escolares”.
Sin embargo, Martínez planteó que “cabe preguntarnos como sociedad: ¿si estas medidas han tenido el efecto que se esperaba? En disminuir los hechos de violencia o afectaciones graves a la convivencia y a la luz de los datos, pareciera que no”.
Es decir, desde la propia Superintendencia de Educación, establecen que posiblemente esta ley de Aula Segura no ha logrado el efecto de disminuir los casos graves de violencia al interior o entorno de escuelas. “Si miramos las denuncias por maltrato, a estudiantes y a miembros adultos de la comunidad educativa, en el mismo periodo en la región, se observa una estabilidad en las cifras con una leve variación de -3,6% entre 2022 y 2023”.
Pero, lo anterior no se condice con el aumento de un 53% de los expedientes de expulsión y cancelación de matrícula que recibidos en la Región. “De todas maneras, este aumento es menor que lo que se dio a nivel nacional, que fue de un 63%”, indicó el director regional.
“A nuestro juicio, estas cifras nos llevan a pensar que, para combatir la violencia en los espacios educativos, no basta con aumentar la aplicación de medidas disciplinarias. Sino que se requieren estrategias preventivas y medidas formativas que fortalezcan la convivencia en escuelas, liceos y jardines infantiles del país”, estableció Carlos Martínez.
La Superintendencia de Educación, desde sus facultades, ha implementado estrategias de capacitación y sensibilización a las comunidades educativas para fortalecer las herramientas de gestión de la convivencia. “En la Región de Biobío, se han llevado a cabo acciones de sensibilización en 1.181 establecimientos entre 2023 y lo que va de 2024. A eso se suman capacitaciones en convivencia a 137 entidades sostenedoras en el mismo periodo”, destacaron.
Desde la entidad de fiscalización de Educación, explicaron que “lo que establece la Ley Aula Segura es que ante casos que afecten gravemente la convivencia escolar, los directores y directoras de establecimientos educacionales pueden decretar las medidas de expulsión y cancelación de matrícula”.
Son los establecimientos los que deben aplicar el procedimiento ante situaciones que causen: daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en el recinto, establece la ley. Además, de las agresiones sexuales u otras agresiones físicas que produzcan lesiones; el uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios; hasta actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo.
Una medida de expulsión o cancelación de matrícula debe ser informada a la Superintendencia de Educación dentro del plazo de 5 días hábiles desde su aplicación. “En esa instancia como Superintendencia, revisamos si se efectuó un debido proceso”, indicó Martínez.
El director Regional del organismo precisó que “desde una perspectiva legal ambos conceptos (cancelación de matrícula y expulsión) se usan como sinónimos, pues ambas sanciones implican una separación permanente del alumno o alumna respecto de su comunidad educativa, restringiendo el ejercicio del derecho a la educación, por lo que revisten gravedad y pueden ser aplicadas excepcionalmente”.
Desde la autoridad para los establecimientos educacionales la orientación y recomendación que pueden entregar es que se considere la época del año en que se hará efectiva una expulsión, para idealmente otorgar un periodo que les permita a las familias encontrar matrícula en otro establecimiento.
Cada uno de los establecimientos tiene autonomía en incorporar en sus reglamentos internos cuáles son las faltas o situaciones que ameritan aplicar una medida disciplinaria. “Pero siempre deben considerar el principio de proporcionalidad y el desarrollo de un debido proceso para llegar a la sanción”, definieron desde la Superintendencia de Educación.
Ante la revisión de estos datos, el Dr. Óscar Nail Kröyer, investigador responsable del programa “A Convivir Se Aprende” en la Región del Biobío, indicó que “pienso que hoy efectivamente, por una parte, hay más denuncias y también hay un aumento de hechos violentos en las escuelas en Chile”.
El académico, relevó que existen cifras sobre denuncias de agresiones entre estudiantes, hacia docentes y hacia las familias que han aumentado considerablemente. “Lo que ha generado preocupación tanto en las comunidades educativas como en la sociedad en general”, dijo.
También, consideró que el incremento de reportes puede interpretarse positivamente. “Porque indica mayor conciencia sobre problemas previamente invisibilizados”, apuntó.
Sobre qué hacer ante esta realidad, el Dr. Nail analizó que “prácticamente todos los expertos están de acuerdo en que es mejor actuar preventivamente o intervenir en los primeros signos de acoso escolar”.
“Todo lo que hagamos en capacitación docente para prevenir la violencia, modelos de mejora para gestión de la convivencia, formación en habilidades sociales a edad temprana, liderazgo directivo para la mejora de climas laborales”, expuso el investigador que deben cumplir con ciertas características para ser efectivos.
Los programas que son exitosos mundialmente, en primer lugar: son de largo aliento, más allá de una administración de Gobierno. En segunda instancia: implican un modelo de enfoque de escuela total, incorporando a todos sus actores.
Y, en tercer lugar: es preciso trabajar desde la infancia el desarrollo de habilidades sociales. “Que por repetición en sus acciones en los años escolares se van instalando en sus comportamientos o actitudes para la vida en sociedad”, especificó el investigador del programa “A Convivir Se Aprende”.
Finalmente, el académico destacó los buenos resultados del programa A Convivir Se Aprende del Mineduc, que desde el 2023 ha sido una buena iniciativa por ser parte de una política pública en Convivencia Educativa. “Que quiere instalar capacidades de gestión a directivos y encargados de convivencia en las escuelas. Estas iniciativas más globales, permanentes y destinadas a mejorar climas y construcción de convivencia, creo son las más potentes y van en un buen sentido”, observó.