Nueva ley que financia el transporte público crea Comité Regional y obliga a usar recursos del Fondo Espejo en movilidad

Al igual que en Santiago existirá esta figura que tendrá la misión de dirigir el desarrollo y la inversión en esta área. Además, el nuevo marco legal, establece que al menos el 50% del Fondo de Apoyo a las Regiones deben destinarse a la renovación de buses.

En medio de la serie de temas que han acaparado la atención en las últimas semanas, la aprobación de la ley que mantiene y aumenta el subsidio que el Estado entrega al transporte público en el país, pasó casi inadvertida.

Y lo cierto es que además de incrementar el monto destinado tanto a la Región Metropolitana para la operación del Transantiago, como en el resto de las Regiones, la nueva norma dejó resuelto el tema del financiamiento que hace el estado al transporte público hasta 2032.

En términos de cifras, el subsidio total pasó de 380 mil millones de pesos a 420 mil millones de pesos, lo que debieran permitir mantener iniciativas que vayan en la línea de la renovación de las flotas de buses y taxibuses que actualmente prestan los distintos servicios tanto urbanos como rurales.

Junto con lo anterior permitirá el impulso a otros proyectos y planes pilotos que apunten a mejorar y abrir el abanico de opciones para impulsar el transporte público en sus distintas modalidades, como por ejemplo los ciclos (bicicletas) que son incorporados en esta nueva ley.

En este sentido, el seremi de Transportes, Héctor Silva, destacó el aporte que significará la nueva ley en este ámbito.

“La nueva Ley de Subsidio que entró en vigencia el 12 de septiembre de 2024, es un gran avance para el desarrollo y descentralización del transporte regional, siendo su propósito el disminuir de forma efectiva la brecha que existe con Santiago”.

“En particular, y precisamente gracias a la norma, los recursos del Fondo de Apoyo Regional (FAR), más conocidos como Fondos Espejos, tendrán un foco claro, como lo es resolver las diversas necesidades de transportes, a través del trabajo de los Gobiernos Regionales, evitando el uso de recursos a aspectos que no tienen que ver con este rubro, o bien, otras necesidades propias de la movilidad”.

“Así, la asignación de recursos para transportes “se vuelve más eficiente, con lo cual, esperamos también observar un aumento progresivo de los servicios subsidiados, mejorar la infraestructura y seguir proyectando mejoras en la calidad del transporte público tan demandadas por la ciudadanía de la Región del Biobío”, explicó el representante del MTT en el Biobío.

Comité Regional de Transporte Público

Además la ley N°21.692 establece que los Gobiernos Regionales deben crear un Comité Regional de Transporte Público, el que tendrá por misión el diseño y la coordinación entre los distintos tipos de transporte público, con el fin de asegurar la mayor calidad de servicio para los usuarios de los distintos modos (tren, bus, taxi colectivos, aviones, barcos), procurando igualmente un desarrollo territorial orientado a la movilidad sostenible.

Los integrantes permanentes de este Comité serán el seremi de Transportes y funcionarios del Gobierno Regional designados para ello, pudiendo también ser invitados a formar parte del Comité representantes de la academia, en calidad de ad honorem.

Por ello, la autoridad regional de Transportes agregó que todos estos cambios que introduce la nueva ley, ya en vigencia, permitan también generar mejoras en territorios donde hoy días existen dificultades para tener servicios oportunos y de calidad.

“Esperamos que este cambio también nos permita avanzar en una nueva fórmula para mejorar la oferta y operación de Transporte Público en regiones, en especial en zonas urbanas, rurales y aisladas”, agregó Silva.

FAR

Otro de los cambios que introduce la nueva ley es en el Fondo de Apoyo a las Regiones, más conocido como FAR, que como señaló el seremi de Transportes, deberán ser invertidos únicamente en iniciativas relacionadas con transporte público y movilidad. Y particularmente establece que el 50% de dichos dineros deben ir destinados a financiar la renovación de los parques de buses que prestan estos servicios, terminando así con años de polémicas en torno al uso de dichos fondos, como lo destacó el propio ministro del ramo, Juan Carlos Muñoz, tras la aprobación de la nueva ley y su entrada en vigencia.

“Si antes sólo un 18% de los fondos eran destinados a inversión en transporte público, esta nueva normativa exige que el 100% de ellos se ocupen en el mejoramiento de la conectividad en transportes”, destacó el secretario de Estado.

La nueva ley además modificó el nombre del fondo que entrega estos recursos pasando de Fondo de Apoyo a las Regiones a Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional, enfatizando de esta manera el uso que deben tener estos dineros.