El inmueble está en Camilo Henríquez con Lientur. En el lugar se realizan obras para un nuevo recinto comercial, las que podrían estar listas a fin de año.
Por Leonardo Carrera Zambrano
En las últimas horas se publicó en Mercado Público una formulación de expediente que busca que la excárcel de mujeres “Buen Pastor” de Concepción, ubicada en Camilo Henriquez #1820 -esquina Lientur-, sea declarada un sitio de memoria por su utilización como centro de reclusión política y tortura por la CNI durante la dictadura cívico-militar.
El problema surge debido a que el inmueble en cuestión se encuentra, ahora mismo, en obras para convertirse en un mall chino, y si bien la declaratoria de monumento nacional no requiere la aprobación del dueño, esta llega recién a ser publicada para licitación luego de dos meses de iniciado los trabajos.
La conversión en centro comercial ha implicado una intervención a gran escala en la estructura original para adecuarse a la atención al público, lo que derivó por iniciar una carrera contra el tiempo para proteger los remanentes de la excárcel de mujeres de Concepción bajo declaratoria de sitio de memoria, con el objetivo de poner en valor al lugar como tal antes que los trabajos de conversión acaben por destruir parte importante del inmueble.
Desde la seremi de cultura, artes y patrimonio del Biobío, Paloma Zúñiga, sobre la necesidad de declarar el sitio como uno de memoria y su protección como tal dijeron que si bien no poseían mayores implicancias en la protección del inmueble, la formación de expediente tenía como objetivo que agrupaciones de DD.HH. puedan solicitar formalmente la declaratoria que protegiera la estructura y dejará constancia de su pasado.
“El expediente es un documento que reúne toda la información necesaria para que la organización lo presente al Consejo de Monumentos Nacionales y que, posteriormente, el lugar sea declarado como Monumento Histórico. La intención de las organizaciones apunta a poner en valor estos espacios que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de preservar nuestra memoria histórica, y no repetir el horror que se sufrió en nuestro país”, señaló la seremi, Paloma Zúñiga.
El desconocimiento colectivo y la falta de indicaciones que dieran luces sobre el antiguo uso dictatorial del recinto ha impulsado que quienes fueron prisioneras de “Buen pastor” hicieran una conmemoración en el marco de los 50 años del Golpe de Estado, en septiembre del año pasado, donde se colocaron lienzos con nombres de las reclusas y haciendo el llamado a declarar el lugar como sitio de memoria.
Una de las que participó de esto fue Arinda Ojeda, quien fue prisionera política de Buen Pastor entre los años 1981 y 1984, antes de ser trasladada a la cárcel de Coronel hasta 1989. Acorde a su testimonio, la excárcel de mujeres fue usada como centro de reclusión femenino por la CNI durante los años 80 bajo la denominación de “Centro de orientación femenina” (COF)”, una forma eufemística de llamar a las cárceles femeninas.
El recinto penitenciario, si bien contaba con presencia de uniformados, era administrado principalmente por la Congregación de Monjas de Buen Pastor, propietarias legales del sitio. “Ese era un problema, porque Gendarmería si bien es cierto que estaba a cargo de una persona y había gendarmes mujeres, pero la jefa era una monja. (…) Cuando se reivindicaba alguna cosa, como mejoras en la alimentación o qué sé yo, los de gendarmería decían que no podían hacer nada por ser la prisión de las monjas”, declara anecdóticamente Arinda.
“Uno de los trabajos y de la lucha que estamos haciendo quienes sobrevivimos a la prisión política y las personas que estuvieron en centros de reclusión y tortura, es justamente que se declaren sitios de memoria, cosa de poder preservar esas historias a futuro. Es muy importante desde el punto de vista de la memoria histórica”, expuso.
Quien también dió su perspectiva fue la diputada Maria Candelaria Acevedo (PC), también víctima de reclusión y tortura durante la dictadura, declarando que observa “con desazón lo que ocurre con la ex cárcel Buen Pastor, toda vez que se podría transformar en uno más de los sitios de memoria que pueden desaparecer producto de la desidia del Estado chileno, quienes por muchos años no han impulsado una política pública robusta para preservar estos lugares, y por el contrario se da espacio para que se transformen en cualquier otra cosa”.
En esta misma línea, la parlamentaria aseguró estar “en conversación con diversas agrupaciones ligadas a derechos humanos, con quienes estamos analizando algunas acciones jurídicas, así como administrativas para evitar que se concrete la destrucción de este lugar, a la espera de que se logre la declaratoria de sitio de memoria por parte del Consejo de Monumentos Nacionales”
Tras el retorno a la democracia, el recinto pasó a ser un remodelado centro médico universitario, hasta 2014 aproximadamente. Después el inmueble de la excárcel se puso en arriendo a través de la corredora de propiedades Colliers, quien lo alquiló este año a un empresario chino para comenzar la construcción del centro comercial.
Fernando Brain, jefe regional de Colliers, confirmó a Diario Concepción que la propiedad fue alquilada a 10 años plazo bajo acuerdo comercial entre los propietarios del inmueble y los empresarios chinos. Sin embargo y por acuerdos de confidencialidad, no pudo entregar información sobre los dueños, el monto por el cual fue arrendado, y declaró no tener conocimiento del pasado dictatorial del edificio en cuestión.
En terreno y en palabra de los trabajadores de la nueva obra, estas comenzaron hace unos dos meses, y de mantenerse inalterable, se proyecta que el mall esté apto para la atención al público a finales de este año. Una de las dueñas del inmueble, de origen china, se encontraba en el lugar, pero la barrera idiomática de la propietaria hizo compleja cualquier conversación al respecto.
El caso de Buen Pastor hace recordar al de la cárcel pública de Concepción, que tras un traspaso irregular de bienes desde el Ministerio de Justicia en 1988 acabó convertido en lo que es actualmente un supermercado de la cadena Unimarc, ubicada en Chacabuco 70, sin mayores indicios de lo que era este lugar en los momentos más crudos de la dictadura.
Una buena parte de lo que implica declarar un lugar como sitio de memoria es la protección del Consejo de Monumentos Nacionales, con la finalidad de preservar el inmueble y su significado durante el periodo dictatorial.
En esta línea, la entidad respondió afirmando que, de declarar la excárcel de mujeres como sitio de memoria, “hay que remitirse a la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, en su artículo 12: ‘Si el Monumento Histórico fuere un inmueble de propiedad particular, el propietario deberá conservarlo debidamente; no podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que determinará las normas a que deberán sujetarse las obras autorizadas (…).
La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con una multa de cinco a doscientas unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25°, 27° y 38° de esta ley y de la paralización de las obras mediante el uso de la fuerza pública’”.
Dicho esto, si bien la oficialización del predio como sitio de memoria podría eventualmente establecer un mayor valor histórico, véase colocando una placa que deje constancia de su historia, esta no limita el uso que se le da al espacio, por lo que su empleo como centro comercial chino se encuentra limitado a simplemente no intervenir en la estructura.
Sin embargo, hasta que no se presente la declaración, los propietarios tienen completa libertad de hacer cualquier trabajo en el inmueble.