Organizaciones ambientales presentan la Declaración de Derechos del Río Biobío

Ante la actual crisis ambiental, diferentes actores locales e internacionales se organizaron para crear un instrumento que proteja y restaure el cuerpo de agua.

Montserrat Serra Cárdenas

De acuerdo a la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, el Río Biobío posee una de las cuencas más extensas del país con 24.029 kilómetros cuadrados.

Este cuerpo de agua nace en la Cordillera de los Andes en la Región de La Araucanía y desemboca en el mar al sur de los cerros de Hualpén.

Además de cumplir funciones ecológicas, las aguas del Río Biobío son utilizadas para la producción de energía, para el consumo humano e industrial, y para el regadío.

Sin embargo, un proyecto del Centro Eula denominado “30 años del seguimiento de la calidad del recurso hídrico de la región: río Biobío”, demostró que debido a la incorporación de distintos elementos en el cuerpo de agua, su caudal y la calidad de agua han disminuido.

Es por ello que varias organizaciones ambientales se organizaron y crearon una Declaración de Derechos del Río Biobío, ya que acusan que “nuestro país ignora el valor intrínseco de las entidades naturales”.

Declaración de Derechos del Río Biobío

Según la ONG Defensa Ambiental, este documento es un instrumento con el propósito de ser un mecanismo a largo plazo frente a la defensa y protección del río.

A través de distintos talleres y diálogos participativos, impulsaron la participación de la comunidad quienes dieron a conocer las problemáticas y amenazas socio-ambientales del Río Biobío.

Así es como dentro de la declaración se establecieron 12 puntos, entre ellos está que el cuerpo de agua posee derecho a existir, derecho a la mantención de la integridad de su estructura, derecho a estar libre de toda contaminación, derecho a la regeneración, etc.

En la elaboración del documento participaron diversas organizaciones ambientales, entre ellas Fundación Manzana, Defensa de la Ribera Norte de Chiguayante, Malen Leubü, entre otras.

Bárbara Cartes, vocera de la agrupación ambiental Defensa de la Ribera Norte Chiguayante quienes aportaron en la creación del instrumento, explicó que la comunicación y vinculación con el entorno ha sido clave en este proceso.

“Con esta declaratoria venimos a tener un respaldo internacional de nuestro trabajo territorial. De manera comunitaria hemos estado articulando con colegios, con la comunidad mapuche y el municipio”, contó Cartes.

Por otro lado, Nohad Escares, abogada y directora de la ONG Defensa Ambiental, comentó que esto se inspira en otras experiencias internacionales en las que se reconoce que la naturaleza tiene derechos.

“Ha habido experiencias en Canadá, Bolivia, Ecuador y en muchos otros lugares. Recogemos un poco eso y así poder dar voz al Río Biobío y que sea sujeto de derechos, lo que significa que es titular de derechos y sujeto pasivo de obligaciones”, manifestó la abogada.

Nohad Escares lo comparó con las organizaciones en defensa de los derechos de los animales. “Es como un poco el paralelismo que hay en los movimientos que trabajan en los derechos de los animales”, dijo.

Escares también indicó que distintas comunidades indígenas se ven enfrentadas a conflictos socio-ambientales por extracciones en el río, la modificación de su cauce, entre otros factores.

“Ahora el desafío es que sean las mismas personas quienes tomen esto y podamos exigir en distintos espacios a distintos actores relevantes que nos podamos dirigir a través de los distintos planes que se están tramitando y poder incorporar esta perspectiva”, aseveró la directora de la ONG Defensa Ambiental.

Amaya Alvez, abogada y docente de la Universidad de Concepción (UdeC), reconoció que “esta declaración es súper importante”.

“Yo creo que este es el primer movimiento ciudadano para ir cambiando el paradigma respecto a la titularidad de derechos del río, para que en un momento cuando haya un cambio legal esto se incorpore en la sociedad civil”, expresó la abogada.

Y es que también lo catalogó como una tendencia global, en donde más de 100 países del mundo ya han incorporado a sus legislaciones este tipo de declaraciones de derechos.

“Si queremos hacer frente al cambio climático y a la crisis ecológica tenemos que dejar de pensar en la naturaleza como un objeto y empezar a tratarlo como un titular de derecho fundamental”, explicó Alvez.

Aporte a legislaciones ambientales

Según el seremi de Medio Ambiente de la Región del Biobío, Pablo Pinto, todos los esfuerzos que hace la ciudadanía en donde se ponga en relevancia el cuidado del medioambiente, son insumos que la institucionalidad puede recoger para avanzar en ciertos procesos.

“Me interesa mucho que se puedan rescatar esas experiencias para que eso impulse también otros procesos que son institucionales y ayudar a llegar al mismo objetivo”, declaró Pinto.

Y es que hoy en día está en plena implementación del Acuerdo de Escazú, tratado que lleva un par de años de desarrollo.

El seremi manifestó que “es importante que avancemos en la gobernanza de este proceso”, resaltando lo fundamental de la organización colaborativa.

Asimismo, la autoridad regional expresó que la participación y representación ciudadana es algo que debe verse reflejado en los distintos espacios donde se ejecutará el plan.

Además, “estamos llevando adelante el plan de manejo de la Desembocadura del Río Biobío y es un plan que tiene que incorporar todas estas perspectivas del cuidado de la biodiversidad”, aseveró Pablo Pinto.

Por último, también se está ejecutando el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, donde es fundamental la gobernanza y desarrollo de las acciones en pos de la protección de algunos ecosistemas vitales para enfrentar esta crisis, dijo Pinto.

Desde la Dirección General de Aguas (DGA), dijeron que de acuerdo con el Código de Aguas , esta “es la encargada de gestionar las aguas, priorizando el consumo humano y velando por el equilibrio de las distintas funciones que estas cumplen, tales como las productivas y ecosistémicas”.

“La DGA ha priorizado las Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos y los Planes Estratégicos con el objeto de avanzar hacia la gobernanza y gestión de los recursos hídricos”, concluyeron desde la entidad.