Hechos dramáticos como el que mantiene en riesgo vital a un adulto mayor de la comuna, dan muestra de la falta de comprensión del cuerpo legal, conocido como “Ley Cholito”.
En riesgo vital continúa el adulto mayor de 80 años que fue atacado por dos perros pitbull en la comuna de Santa Juana. De acuerdo a lo informado por el Hospital Guillermo Grant Benavente, el hombre fue ingresado de urgencia y se mantiene en riesgo vital.
“Estable y en coma farmacológico inducido. Tras su llegada, fue operado de urgencia y su post operatorio lo mantiene en la UCI Quirúrgica (…) a espera de evolución”, detallaron desde el hospital.
De acuerdo a la información que otorgó Carabineros de la Tenencia de Santa Juana, el ataque se produjo cuando el adulto mayor ingresó al sitio donde pertenecen estos perros.
En este caso, cabe determinar las responsabilidades legales de quienes están a cargo de estos animales. Así lo detalló Carlos Samur, de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) del Biobío, que explicó que “el sólo hecho de que una persona haya traspasado un predio, no justifica ser devorado por perros. Habría que ver también las razones de por qué traspasó, por confusión, porque no estaba delimitado, o por la razón que sea”.
Tal como explicó Samur en estos casos entra en juego un conjunto de leyes. “Desde el Código Penal, que también genera determinados delitos como delitos de lesiones graves o muertes incluso, el Código Civil en lo relativo a las internaciones por ataques, lesiones u otros daños ocurridos por un animal. Y la misma ley 21.020, de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía que en este caso define lo que es un animal potencialmente peligroso”, señaló y clarificó que esta definición está dada por aquellos que hayan ya sido calificados por la Autoridad Sanitaria como potencialmente peligrosos o que el perro tenga un historial de ataques a otras personas o a otros perros.
En cuanto a las obligaciones que establece la ley, está la de tener un cerco seguro. “Aunque esté dentro del predio tiene que estar dentro de un cerco adecuado para las características del perro, si tiene un peso grande o si tiene la capacidad treparlo”, detalló.
También se contempla la obligación de la contratación de un seguro de responsabilidad civil por los daños que puedan causar, la prohibición del adiestramiento para agresión, la esterilización obligatoria. “El dueño de un animal potencialmente peligroso también podría ser sometido a evaluaciones psicológicas, se prohíbe dejarlo al cuidado de menores de edad, la restricción de la circulación de este tipo de animales en lugares públicos, y en algunos casos sí puede circular tiene que ser obligatoriamente con bozal y arnés”, expuso el abogado.
En síntesis, en su momento la responsabilidad se tendrá que determinar por la justicia, manifestó Carlos Samur. “Pero aquí existe la posibilidad de estar en presencia del delito de carácter penal y de responsabilidad civil por indemnización de los perjuicios causados a la víctima. Y eso, sin perjuicio de las medidas que la autoridad sanitaria, o que la autoridad judicial en su caso determine respecto de la tenencia de estos perros, porque perfectamente podría determinar que se le tiene que quitar los perros a estas personas”, estableció.
Al respecto se refirió la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, indicó que “hace tiempo que venimos alertando de la situación que ocurre no sólo en Santa Juana, sino que en distintas zonas rurales. El año 2023 en Santa Juana hubo casi 190 atenciones en nuestro sistema de salud, tanto el municipal rural como el del Hospital de Santa Juana, provocadas por mordeduras de perro”.
“Hemos pedido a la Seremi de Salud y hemos oficiado para que haga un sumario sanitario. Vino la fiscalizadora, pero también tenemos que ver las aristas legales y la capacitación, tanto a los funcionarios de salud como a las juntas de vecinos para que puedan denunciar esto”, afirmó la alcaldesa y solicitó diligencia a la Fiscalía cargo para sancionar a los responsables de esta situación.