Pese a que en marzo pasado el Ministerio de Transportes informó públicamente que sería el Estado quien se haría cargo de implementar la nueva tecnología en el Gran Concepción, los empresarios locales han seguido avanzando en una formula a la autoridad.
Cuando en marzo pasado el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, anunciaba que sería el Estado el que se encargaría de implementar el sistema de recaudo electrónico de pago digital de la tarifa en el sistema regulado de buses del Gran Concepción, inmediatamente los empresarios microbuseros de la zona, o al menos una parte de ellos, comenzó a trabajar para poder integrar al gremio en ese proceso.
Y no es que las autoridades los hayan dejado “fuera” a propósito, muy por el contrario, el Ministerio de Transportes esperó por meses a que los gremios se pusieran de acuerdo y presentaran una propuesta formal para hacerse cargo ellos de la habilitación y administración de la nueva tecnología, pero eso no ocurrió y el plazo dado por la autoridad se terminó.
La principal razón era el tiempo que se requiere para, precisamente, poder realizar este cambio tecnológico que el actual Gobierno quiere dejar funcionando en la presente administración, dado que existen todas las condiciones para poder generar este cambio en la manera de recaudar el cobro de la tarifa en los buses de la zona, como ya ocurre hace años en la Región Metropolitana y desde el año pasado en Chillán y Chillán Viejo.
Pero tras superar una serie de desacuerdos internos y de alinearse tras el propósito, las 5 asociaciones de empresarios de taxibuses locales, están trabajando para entregar una propuesta a más tardar en septiembre al MTT, para ser ellos quienes administren de manera integral el nuevo sistema.
Así lo indicó a Diario Concepción, Luis Quiroz, presidente de la Alianza Gremial del Transporte Público del Biobío, que reúne a líneas como Vía Láctea, Las Galaxias y Ruta Las Playas, entre otras.
“Creo que es necesario que el gremio tenga una propiedad respecto a lo que hace y sobre todo en la recaudación diaria que se produce a través de los buses y por tanto he planteado a nivel gremial e institucional de la autoridad pertinente, la necesidad que el gremio no esté ausente, particularmente en el tema de la administración financiera que es muy necesaria para mantener que los flujos económicos sean administrados por quienes hacemos el trabajo en la calle”, sostuvo Quiroz.
Y ese es precisamente el mayor interés del gremio poder hacerse cargo de lo que se conoce como el Administrador Financiero (AF ) del nuevo sistema de recaudo electrónico de la tarifa.
En el caso de la Región Metropolitana, como ya lo hemos informado en Diario Concepción, ese rol lo realizan instituciones bancarias, que formaron una sociedad y se encargan de custodiar los dineros que ingresan a través de las recargas de la tarjeta BIP y de repartir entre las empresas operadoras (de buses) la recaudación que le corresponde a cada una, luego que las personas, efectivamente pagan su pasaje al pasar su tarjeta por un validador, descontándose según corresponda tarifa adulto, adulto mayor o escolar.
Por ello, Quiroz reiteró que el interés está en ejercer ese rol de administrador y que el tema de la elección de la empresa que instalará los validadores y operará las tarjetas podría ser un área donde no tuvieran participación.
“Y el operador tecnológico que es parte también importante de esto está con opciones de que si el estado quiere desarrollarlo, que lo haga. No hay ningún inconveniente en eso, pero que el Administrador Financiero sea estrictamente gremial”, enfatizó el dirigente gremial microbusero.
Y para dar sentido a las palabras expresadas por el también presidente de la línea Vía Láctea, es que hoy las 5 asociaciones trabajan en lo que será la sociedad que las unirá y a través de la cual pretender hacerse cargo de la administración financiera del futuro sistema de recaudo digital de la tarifa del transporte público regulado en la zona y que podría llegar a incluir al de Tomé.
“Estamos trabajando arduamente en una comisión, esa comisión tiene una tarea vinculada con la tecnología y nosotros naturalmente tendremos que hacer la elección pertinente de quienes creemos conveniente que trabajen con nosotros”.
“Paralelamente estamos en la confección de la escritura social que establece los accionarios que tiene que tener esta administración financiera, así que por lo menos hemos podido acercar posiciones y estamos en ese trabajo”, afirmó Quiroz.
Pero todo este esfuerzo que por meses viene realizan por meses las 5 asociaciones de dueños de buses de la zona, requiere un último paso, lograr convencer a la autoridad, en este caso al Ministerio de Transportes, para que le permita encargarse de la implementación del nuevo sistema y para ello, enfatizó Quiroz, es necesario llegar con una propuesta concreta que incluya costos, plazos y por sobre todo que incluya a todos los actuales operadores de buses de la zona.
“Siempre he sostenido que para convencer a la autoridad tenemos que tener el plan casi hecho. No podemos llegar y conversar de qué queremos hacer si no tenemos nada que presentar y por tanto, con esta nueva estructura, con este nuevo encuentro que hemos tenido (entre las diferentes asociaciones) ya estamos fortaleciendo los dos elementos que son esenciales: el operativo tecnológico y la administración financiera (AF) y entregar la herramienta en la cual estamos desarrollando para que la autoridad sepa que efectivamente ya hay un camino hecho y que pueden confiar en nosotros también”, expresó el representante gremial.
Sobre los plazos de implementación de esta nueva tecnología en las 1.600 máquinas que prestan servicios bajo la regulación del Perímetro de Exclusión (color azul y gris), el representante de una de las asociaciones de dueños de taxibuses de la zona, expresó que de ser ellos quienes se encarguen de todo el proceso, podría tenerlo operando muy rápidamente, antes que si lo hiciera el Estado, porque la empresa privada puede tomar decisiones de negocios de manera más expedita y que de ser así el pago con tarjeta podría estar operando el próximo invierno.
“Creo que nosotros podríamos hacerlo mucho más rápido, el Estado tiene sus aspectos administrativos, ellos tienen que desarrollar las bases, tienen que hacer muchos procedimientos administrativos que son también de mucha tardanza, y nosotros no, porque nosotros si tenemos la decisión ya podemos tomarla con mayor fuerza. Los poderes están y existen, y por lo tanto, si logramos afianzar esto, yo creo que los plazos nuestros serían mucho más acotados y partiríamos, por qué no, el primer semestre del próximo año”, cerró Luis Quiroz.