La historia de unidad vecinal tras el recurso que busca solucionar el caos vial de la Ruta 160 ante la Justicia

Tras un recurso de protección, el Consejo de Defensa del Estado apeló y será la Corte Suprema la que conocerá del caso. Hasta ahora hay orden para que una serie de estamentos del Estado encuentren una salida al problema de los tacos.

Por Montserrat Serra Cárdenas.

Sorpresa sigue causando la situación de los vecinos de Boca Sur en San Pedro de la Paz, específicamente de la junta de vecinos 8-R quienes en 2023 interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

El documento expone la afectación en los derechos fundamentales de los habitantes del sector por la actual crisis de movilidad y transporte público que derivan, según ellos, del abandono por parte del Estado.

Así es como la Corte falló a favor de los vecinos de Boca Sur, obligando a las autoridades a tomar medidas en el asunto. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló y ahora será la Suprema quien deberá revisar el caso.

Recurso de protección

El abandono estatal histórico en Boca Sur y las consecuencias de esto en la calidad de vida de las personas es uno de los principales antecedentes que se presenta en el escrito.

En él se explicita que “desde marzo de 2023 la congestión vehicular en San Pedro de la Paz en torno al eje ruta 160 y Av. Pedro Aguirre Cerda ha alcanzado niveles críticos, exacerbando deficiencias existentes y generando nuevos y graves trastornos e impactos a la vida de las personas que por allí circulan y habitan”.

Así también lo comprueban las palabras de Richard Yáñez, presidente de la junta de vecinos 8-R.

“Hoy día tenemos en Boca Sur casi 60 mil habitantes con un colapso en distintos niveles”, expresó.

Yáñez agregó que este abandono no se presenta solo en lo que ellos denunciaron, sino en otros servicios, como el educativo y de salud. “Tenemos escuelas públicas que se caen a pedazos y consultorios que no atienden o que están en movilizaciones”.

Es por ello que se han denominado como “zona de sacrificio vial”, ya que son los mismos pobladores los que asumen el costo de esta situación.

Yáñez afirmó que son “un sector empobrecido, donde las cifras en curso de pobreza multidimensional son alarmantes, o sea, un lugar donde el Estado provocó lo que hoy día está pasando”.

En el recurso se presenta que se vulneran el “derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; la igualdad ante la ley; el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; la protección de la salud; la libertad de trabajo y su protección”.

El presidente de la junta de vecinos explicó que “esta crisis irradia en salud, irradia en educación, irradia en vecinos que están hoy día dejando sus trabajos producto de que no pueden llegar ahora en la mañana”.

Alicia Cáceres, presidenta de la junta de vecinos “Vecinos unidos por siempre” del sector Las Casetas en Boca Sur, expresó que también vive las consecuencias del abandono estatal.

“Tengo que levantarme a las 5:30 de la mañana para poder llegar al centro de Concepción a las 8:30. Antes me demoraba de Boca Sur al centro unos 15 o 20 minutos”, aseguró Alicia.

Comentó que no puede hacer su vida normal como cualquier otra persona, porque salir de la población es casi imposible a toda hora.

“Tuve que ir al supermercado. Quise salir a las 5 de la tarde y no pude llegar al Líder de Prat, porque el taco era kilométrico”, añadió Cáceres.

Asimismo, indicó que le han hablado y enviado cartas muchas veces al seremi de Transportes, pero no han obtenido respuesta alguna.

Es por ello que los vecinos se ven en la obligación de recurrir a esta medida en contra de las autoridades competentes en el tema para restablecer los derechos violentados.

“Constantemente se sigue asumiendo que Boca Sur se tiene que responsabilizar de los costos. Para nosotros es terrible, porque nos están encerrando en una población que, en cualquier caso de emergencia, quedamos totalmente alejados de la posibilidad de conexión con la Ruta 160 a través del Puente Industrial”, recalcó Yáñez.

Tras el fallo, el tribunal de alzada obliga al Gobierno Regional, la seremi de Transportes y Telecomunicaciones, la seremi de Educación, la Municipalidad de San Pedro de la Paz y a la Delegación Presidencial del Biobío a buscar una solución.

Además, en el documento se menciona que los antecedentes se deben poner en conocimiento del ministerio de Hacienda, ministerio de Obras Públicas, ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ministerio de Vivienda y Urbanismo y subsecretaría de Transportes.

Todos los organismos mencionados “conjuntamente con las autoridades recurridas deberán coordinar sus funciones para dar una solución al conflicto de autos y en un plazo de 30 días informen a esta Corte los avances en la coordinación ordenada”, establece la Corte.

Posibles soluciones

Ante la problemática, los vecinos de Boca Sur han propuesto distintas alternativas para solucionar el problema de movilidad, sin embargo, acusan que no han sido escuchadas por parte de las autoridades.

“Ninguna de las medidas que han anunciado, como el cierre del cruce Boca Sur que es el único que tenemos, es efectiva. Vamos a tener solamente un acceso a una carretera privada. O sea, Boca Sur queda totalmente aislado en estas condiciones”, criticó Richard.

Además, comentó que hace más de 10 años solicitaron construir una estación de Biotrén fuera de la población, pero esta opción se ha descartado.

“Hay estaciones de tren que ni siquiera tienen frecuencia de pasajeros actualmente, mientras que en Boca Sur hay una cantidad impresionante de personas y tener una estación afuera facilitaría la movilidad”, recalcó Yáñez.

Como se descartó esta posibilidad, el dirigente informó que EFE Sur se había comprometido en facilitar buses de acercamiento, pero nada ha pasado por el momento.

“Lo otro que planteamos constantemente es la probabilidad de mejorar la Ruta 160 y la Costanera”, planteó el dirigente vecinal.

Esto nace a raíz de que, la Costanera construida en Boca Sur, no está considerada para el transporte interno de la población. Así lo aseguró Richard.

“Esto implica un reordenamiento de movilidad al interior de la comuna”, aseveró Yáñez.

Por otro lado, Alicia Cáceres propone que el seremi de Transportes y Telecomunicaciones debería habilitar la pista de buses para los autos en las horas punta.

Autoridades regionales

En la citada apelación se explicita que “la sentencia impugnada incurre en una serie de errores graves que hacen que las conclusiones arribadas por el tribunal carezcan absolutamente de fundamento, produciendo un evidente agravio en los intereses de esta parte”.

Además, las autoridades regionales hacen hincapié en que se encuentran trabajando en soluciones para la conectividad y movilidad de la intercomuna.

Así lo detalló la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner: “La coordinación la estamos haciendo hace bastante tiempo, se llama Plan Más Movilidad”.

“Y justamente su objetivo es poner a todas las distintas instituciones que tienen que ver con el tema del tránsito y la conectividad para que podamos avanzar en conjunto con soluciones hacia la ciudadanía”, agregó la delegada.

Concluyó diciendo que, respecto al recurso, van a respetar todo lo que la Corte indique.

Por otro lado, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, expresó que también están trabajando con el Plan Más Movilidad para mejorar la conectividad.

“No tenemos la capacidad para dirigir el tránsito. Hemos pedido que se nos pase esa capacidad y se implementará a partir del próximo año”, concluyó Díaz.