Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana, en su calidad de presidenta de la Asociación de Municipios Libres (AML), en conjunto con otros jefes comunales que integran la agrupación, están gestionando una reunión con el Presidente de la República, de manera de entregar una carta para dar a conocer la molestia por el aumento en las tarifas de suministro de energía eléctrica, además de presentar acciones y propuestas frente a esta problemática.
Luego de que el pasado abril se aprobara la Ley 21.667 o Ley de Estabilización Tarifaria, desde el Ministerio de Energía se ha confirmado un aumento en las tarifas de suministro de energía eléctrica para los clientes regulados a partir de julio del 2024.
Este aumento sería de un 20%, dependiendo la región, llegando al año 2025 con alzas de un 57% según el Banco Central, lo que llevaría a los hogares que hasta la fecha pagan una cuenta promedio de $30.000- comenzar a pagar $36.000 de manera inminente, para que en enero el pago sea de $47.000.
En este sentido, Albornoz indicó: “Desde la AML entendemos la urgencia de apoyar a las familias más vulnerables a paliar el alza de las cuentas, entendiendo que los tramos de menores ingresos destinan un mayor porcentaje de sus ingresos al pago de las cuentas básicas, el aumento de la ‘cuenta de luz’ en casi 10 mil pesos (inicialmente y aumentando en los próximos años) mensuales es bastante significativo, sobre todo en comunas rurales donde el precio es más elevado que el de las grandes ciudades, aumentando así la desigualdad en los accesos a la energía y poniendo en serio peligro el bienestar de las familias más vulnerables”.
Según información entregada por la misma entidad municipal y de acuerdo a un estudio de la Cepal 2020, en Chile, el quintil más pobre, gasta 3 veces más que el quintil más rico, siendo el país con la mayor desigualdad en Sudamérica a la hora de pagar la cuenta de la luz.
En este sentido, desde la AML plantean aumentar la cobertura del subsidio al 80% de población más vulnerable. Una asignación automática sin la necesidad de postular y acreditar situación socioeconómica, estudiar la posibilidad de modificación estructural, iniciando una renegociación de los contratos de energía a largo plazo firmados previo al 2015, entre otras acciones.