Ahora se debe crear el reglamento de la nueva normativa para que sea aplicada a partir del próximo año. Se unificarán los criterios para determinar el tipo y grado de la agresión.
Desde 2013 a la fecha, según cifras aportadas por Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) un total de 46 mujeres de la Región han sido víctimas de femicidio consumado, 15 de ellas desde 2020 hasta ahora.
El número es aún mayor si se habla de femicidios frustrados que desde 2013 contabilizan 128 hechos: 58 en los últimos 4 años.
De ahí la importancia de la publicación en el Diario Oficial de la Ley 21.675, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género de forma integral.
De hecho, considerando los casos, tanto consumados como frustrados, una de las normas que entra en vigencia inmediata, a partir de 2025, tiene relación con garantizar la asistencia y representación judicial gratuita a las víctimas de violencia de género, reforzar las medidas cautelares y de protección para las víctimas, considerándose a los menores no sólo como testigos sino que también como víctimas.
Camila Contreras, seremi de la Mujer en la Región, afirmó que la Ley “es una deuda que teníamos con las mujeres, ya que la Ley de Violencia Intrafamiliar que se quedaba corta con respecto a nuevos fenómenos que la sociedad ha concientizado, respecto a distintos tipos de violencia como física, psicológica, económica, sexual, simbólica y obstétrica, entre otras”.
– ¿Ahora se amplía el concepto?
-Sí, se amplía para que las distintas instituciones y la sociedad, en general, se hagan cargo de esta problemática, primero previniendo que ocurran estos tipos de violencia hacia las mujeres y los distintos tipos de mujeres.
La legislación anteriormente sólo se enfocaba en temas de violencia en el contexto de convivencia, matrimonio y de familia, pero sabemos que esto puede ocurrir en distintos ámbitos. Incluidos los espacios laborales. Entonces al hacerse cargo, lo que se pide es prevenir la violencia en todos los ámbitos. Es una instrucción que da la ley a todas las instituciones públicas, relacionadas con salud, justicia y educación, por ejemplo, en que no exista una educación sexista.
– ¿Qué incluye además de la prevención?
-Está el compromiso de erradicar la violencia y sancionarla a través de los tribunales de justicia, del Ministerio Público, a través de las policías y de poder agilizar los procesos.
También se busca que los procesos sean más favorables para las víctimas, en el sentido de no revictimizarlas, aplicando medidas cautelares mucho más duras. La misión final es erradicar la violencia, un compromiso que debe asumir el Estado a través de sus instituciones y también la sociedad en su conjunto.
– Se requiere un cambio cultural para lograrlo ¿Cómo se hará para que el resto de los actores de la sociedad entiendan que no pueden vulnerar los derechos de la mujer en ningún ámbito?
-Por eso hay un componente muy importante que tiene que ver con la educación no sexista, trabajando con las comunidades escolares para derribar estereotipos de género.
Todavía vemos situaciones en los establecimientos que perpetúan los estereotipos de género. Todavía vemos situaciones en los establecimientos que perpetúan estereotipos que refuerzan la violencia del hombre hacia las mujeres, por ejemplo, en cuanto a sus cualidades, con que las mujeres son más sensibles y los hombres más racionales.
De ahí podemos ir perpetuando estereotipos que refuerzan la violencia del hombre hacia las mujeres o, incluso, la violencia entre ellos mismos, como el fenómeno de la violencia escolar, que es más recurrente entre varones.
Es muy importante partir con esto, enseñar a los niños que la violencia no es una forma de resolución de conflictos.
También trabajar con establecimientos de básica y media sobre la prevención de la violencia en el pololeo porque sabemos que las relaciones, los vínculos afectivos, se dan a tempranas edades. Si no hay una educación en ese sentido, no estamos generando parámetros a hombres y mujeres con respecto de cómo tener una relación sana, basada en el respeto y en el cuidado.
– ¿Además del ámbito educativo, cómo se trabajará ese cambio cultural?
-Implica un compromiso de la sociedad en su conjunto para impulsar la prevención, es decir, el trabajo con juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y al interior de las instituciones. Por eso también tenemos la Ley Karin (21.643) que establece que las instituciones públicas y privadas deben tener mecanismos de prevención y denuncia ante temas de maltrato, acoso laboral, violencia sexual, asegurando ambientes libres de violencia para todos.
– ¿Qué tipo de penas incluirá?
-Esta ley va a modificar otros cuerpos legales, y eso va a ser un trabajo que va a tomar un año.
Va a endurecer ciertas penas y generar medidas cautelares mucho más fuertes y objetivas, que no dependan de un criterio, sino que tengan que ver con una cuestión más objetiva.
Con esto me refiero a que cuando una mujer denuncia violencia de género ante Carabineros o Tribunales se hace una pauta que mide el grado de violencia del que fue víctima, pero muchas veces esta apreciación puede ser muy subjetiva. Para un carabinero el daño puede ser muy bajo, pero para otro puede ser femicidio frustrado.
La mirada de quien toma la denuncia repercute en una medida cautelar que puede ser simplemente una orden de no acercamiento o una prisión preventiva. Por eso es tan importante unificar estos criterios que, de alguna manera, van a permitir hacer investigaciones más profundas, resguardar a las víctimas de sus victimarios.
Esto, unido a otras leyes como, por ejemplo, la Ley de Reparación de Femicidio, la Ley Gabriela, entre otras, que establecen penas severas para el femicidio -es un delito muy grave que daña a toda la sociedad en su conjunto- incluyendo la cadena perpetua.
– Para aplicar esta ley hay que crear el reglamento ¿Eso tendría el plazo de un año?
-Sí, la idea es que en un año se implementen los reglamentos. La ley exige mucho y requiere el compromiso de las instituciones para hacerse cargo de lo que dice la ley y generar sus propios reglamentos internos protocolos.
Esto va a requerir voluntades y recursos asociados a la implementación de la ley, incluyendo procesos de formación en ámbitos como la salud, por ejemplo, para prevenir o evitar la violencia obstétrica.
-Se contempla agilizar los tiempos de denuncia hasta que se condena al agresor, precisamente, para evitar femicidios…
-Sí, es crucial que las medidas cautelares se mantengan mientras duren las investigaciones para que las mujeres se sientan seguras.
Además, fortalecer el Ministerio Público y el Poder Judicial porque hay muchas causas que demoran en el tiempo porque faltan fiscales, abogados e intervinientes, esto permitirá para no extender innecesariamente los tiempos de investigación y mantener a las víctimas resguardadas, además se debe contar más abogados y más intervinientes porque es una cuestión que no se debe extender en el tiempo.
– ¿Esta ley generará un cambio real cuando ya esté funcionando?
-Sí, nosotras lo que queremos transmitir es que hemos hecho el compromiso como sociedad, a través de las autoridades, porque esto significó una ley que estuvo 7 años en el Congreso para poder ser publicada y para esto ahora tuvo apoyo transversal de todos los sectores políticos en el congreso.
Entonces es un compromiso que queremos tener como sociedad no sólo de instituciones. Por supuesto, hay que trabajar para ello, pero decirles a las mujeres que tengan la confianza que como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género vamos a trabajar fuertemente respecto de reunirnos con las instituciones y tener espacios de capacitación para llevarla adelante.
Ya nos reunimos con la prefecta de la Policía de Investigaciones, Claudia Chamorro, y ya comprometimos acciones para capacitar a todos los policías de investigaciones para que en todo espacio se tenga una real conciencia y compromiso con la erradicación de la violencia.
Pero la otra parte es el compromiso social, porque podemos hacer conciencia desde las edades más tempranas, pero eso es algo que va a dar resultados en el tiempo y, entonces, hay que interpelar a los vecinos, familiares y personas, en general, para que en su diario vivir tengan y pongan en práctica estos marcos de respeto de no vulnerar a las mujeres y no violentarlas.