Durante la cuenta pública el Defensor Regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, enfrentó las percepciones existentes respecto a la criminalidad en la zona con cifras de atención dando cuenta que los ingresos de causas se han estabilizado. Se refirió además a la aplicación de la prisión preventiva como una condena anticipada y respondió a los cuestionamientos respecto al rol institucional dentro del sistema de Justicia, entre otros temas.
Un 19% de las 23 mil 734 causas terminadas en 2023 concluyeron con imputados inocentes o no condenados, cifras que según el Defensor Regional del Biobío “deben hacernos reflexionar respecto a la presunción de inocencia y posicionarla como un principio inquebrantable, cuestión que demasiadas veces se olvida, exponiendo como autores de un delito a personas que se encuentran aún en etapas iniciales de investigación, siendo finalmente absueltos o no condenados como le ocurrió a 4 mil 529 personas este año, solo en la región del Biobío”.
Otro tema que preocupa a nivel institucional es el aumento en un 30% en la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva en relación al año 2022. Este incremento, explicó Pizarro, puede transformarse en una condena anticipada para quienes -al culminar sus procesos- son sometidos a condenas no privativas de libertad o sanciones menores al tiempo de los que permanecieron encarcelados mientras se realizaba la investigación de sus causas.
Por ello, durante la cuenta pública destacó el caso de Alejandro Ramírez, un hombre de 60 años quien estuvo dos años y tres meses privado de libertad siendo finalmente absuelto, caso que se postula actualmente al Proyecto Inocentes y será analizado el próximo 11 de julio por el Comité Nacional.
“Somos una institución que vela por los derechos y garantías de todas las personas, sin distinciones de ningún tipo, asegurando un equilibrio entre la persecución efectiva de un delito y la protección de los derechos individuales de los ciudadanos. La defensa se realiza respecto de personas imputadas “no delincuentes”, personas que están amparadas en la presunción de inocencia” destacó el defensor.
En este sentido resulta de suma importancia que se mantengan los equilibrios del sistema penal acusatorio de manera que un incremento en la dotación de fiscales se refleje -proporcionalmente- en la cantidad de defensoras y defensores públicos.
Debemos seguir educando a la ciudadanía en cuanto al rol de las instituciones, agregó Pizarro… “si bien es cierto la percepción de impunidad es preocupante para la sociedad, es aún más importante y esencial entender que la labor de la defensa penal publica no es perpetuar la impunidad, sino asegurar que el sistema judicial opere con equidad y justicia”
Un sistema de justicia sin una defensa adecuada podría llevar a casos de abusos y errores que -a largo plazo- dañarían aún más la confianza pública en la justicia, afectando los necesarios equilibrios de un estado democrático de derecho.
El Balance de Gestión Regional 2023 contó con la presencia del Defensor Nacional Carlos Mora y autoridades regionales quienes destacaron el intenso trabajo interinstitucional que desarrolla la Defensoría en el Biobío.