Se trata de un recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones penquista, frente a la resolución excepcional de la Corporación Nacional Forestal, en el marco del proyecto de la Central Rucalhue.
Por Eduardo Bascuñán
Icalma y Galletué, ubicadas en la zona de Lonquimay, son las lagunas que dan inicio a la segunda cuenca hidrográfica más grande del país: el río Biobío. O cómo le llamó el pueblo pehuenche: Butaleubú, que significa “río grande”.
La accidentada geografía de la región, comienza con las nevadas y estancadas aguas de la cordillera de Los Andes, creando lagunas, innumerables esteros y humedales llegando hasta la desembocadura en la zona costera. Estos fueron considerados un ambiente ideal para la instalación de centrales hidroeléctricas.
Hasta el momento son tres los mega embalses en la cuenca del Biobío, Pangue (1996), cronológicamente le sigue Ralco, conocida como la central más grande de Chile (2004) y Angostura (2014), que a pesar de los convenios firmados entre el Estado chileno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) la mencionada hidroeléctrica, fue instalada a los pies de un sitio ceremonial pehuenche.
No obstante, según el Ministerio de Energía en el Biobío “existen un total de 16 proyectos de generación hidroeléctrica operando, que se concentran principalmente en las comunas de Alto Biobío, Quilleco y Santa Bárbara”.
Tan sólo en un tramo de 58 kilómetros se encuentran 3 embalses. Desde la central Ralco hasta Pangue, hay casi 20 km; desde Pangue a Angostura son casi 30 km; y con la futura Central Hidroeléctrica Rucalhue habría menos de 8 kilómetros de distancia. Esta última ahora es motivo de discusión.
La Agenda de Energía del actual Gobierno, mandatada por la Ley de Marco de Cambio Climático (Ley 21.455), sostiene el compromiso como país de convertirse hacia el carbono neutral, avanzando en la incorporación de fuentes de energía renovables en la generación eléctrica.
Es que la transición energética es un paso crucial para el ejecutivo. Daniela Espinoza, seremi de Energía afirmó que “el factor energético representa un sector primordial para el desarrollo de la región, por eso es importante que existan iniciativas que fomenten el crecimiento económico del territorio, siendo uno de estos la generación hidroeléctrica”.
No obstante, según los documentos del proyecto de la Central Hidroeléctrica Rucalhue (CHR), serán necesarios al menos 1.250 trabajadores y considera que el 30% de la mano de obra, será por medio de gente del mismo sector. El mismo documento señala que finalizada la construcción esta central de pasada, funcionará sólo con 40 trabajadores.
Según los detalles del proyecto, la CHR se verá emplazada a menos de un kilómetro de la localidad de Rucalhue. En definitiva, la CHR considera la materialización de una presa aguas abajo de las confluencia de los ríos Biobío y Quilme. Este embalse tendrá una extensión de 139 hectáreas, que incluyen las 72 hectáreas de los cauces de ambos ríos. La potencia total de la CHR será de 90 Megawatts (MW) al mes y mediante una línea eléctrica de 1,5 km, ésta se conectará al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Es que este proyecto hidroeléctrico obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental positiva en 2016 por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El documento que data del 26 de abril de ese año, estipula que serán 331,44 hectáreas la superficie total del proyecto.
Aún así, en el detalle de la Consulta Indígena realizada entre el 2015 y 2016, son tres las comunidades consultadas. Newen Mapu y Kudawbe Che de la comuna de Quilaco y la Comunidad Indígena Ayin Mapu de la comuna de Santa Bárbara. Así también, se les consultó a 35 personas residentes del sector, pero en el apartado de Consulta Ciudadana donde, en su mayoría se observó el rechazo al proyecto.
Asimismo, las comunidades indígenas consultadas decidieron aceptar las medidas de compensación por parte de Rucalhue Spa. Entre las medidas compensatorias propuestas y aceptadas se detallan las siguientes: sedes comunitarias, espacios ceremoniales, entrega de vestimenta e instrumentos, un Centro de Salud Intercultural, entre otros.
Aún así, en dos de las tres comunidades no hubo desacuerdos pero, en el ‘Informe Final de Consulta Indígena de Kudawbe Che’ se declaró lo siguiente por parte de la comunidad:“(La comunidad) Se encuentra en total oposición a cualquier proyecto que intervenga el Walmapu de la comunidad. (…) Como habitantes de estas tierras, hemos visto la devastación de nuestro entorno y, con ello el genocidio a nuestra cultura; somos sobrevivientes a un Estado que nos extermina para producir ‘modernidad y desarrollo’”, según detalla el documento.
Es que ha sido problemática la instalación de la CHR desde su inicio. Incluso han habido tomas y decenas de manifestaciones populares, es más; recientemente organizaciones sociales y comunidades de la zona ingresaron un recurso de protección contra la Corporación Nacional Forestal (Conaf), producto de una resolución donde Conaf permitió la intervención de especies protegidas sin una consulta indígena alguna. Esto se llevaría a cabo en la zona aledaña a la que supone la instalación del embalse de 139 hectáreas de la CHR, donde además coexisten árboles en categorías de ‘casi amenazada’, como el Ciprés de la Cordillera.
El recurso fue presentado por un grupo de autoridades ancestrales (machis) del pueblo mapuche pewenche, que consideraron que la resolución de Conaf “afectan directamente al ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, culturales y espirituales, constituyendo un impacto significativo sobre ellas”, según detalla el documento jurídico.
Las interesadas argumentan que Conaf debiese realizar una consulta indígena al existir una susceptibilidad de afectación directa. Además, se insistió en que el Convenio N°169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado y promulgado por Chile en 2008, especifica el deber y derecho de efectiva participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones en sus artículos 6 y 7.
En total, se van a intervenir cerca de 651 individuos de las especies, por las actividades del proyecto. Las especies en cuestión son Citronella mucronata (Naranjillo) y Eucryphia glutinosa (Guindo Santo), ambos árboles clasificados en categoría de conservación vulnerable, de acuerdo al artículo 19 de la Ley 20.283, se encuentra prohibida la corta, eliminación, destrucción, pero el mismo artículo, de manera excepcional permite tal intervención siempre que las obras sean de interés nacional.
Esta resolución de excepción fue aprobada el 7 de mayo del 2024 por Christian Leonardo Little Cárdenas, director ejecutivo de Conaf.
Desde la Conaf se afirmó que sus decisiones se basan en la Ley 20.283 y la excepción de la resolución corresponde a parte de su reglamento en el Artículo 19 y “para llevar adelante la intervención, el solicitante deberá elaborar un plan de manejo de preservación”, detalla el mencionado artículo.
Según Conaf, a la fecha “el titular del proyecto no ha presentado el plan de manejo de preservación en la oficina provincial respectiva. Cabe hacer presente que en la presentación de dicho instrumento, se deben incorporar las correcciones sobre las observaciones asociadas a las medidas, fundamento y dimensión para asegurar la continuidad de la especies”.
Cabe recordar que en septiembre del 2021, la comunidad de Quilaco instó la realización de una consulta ciudadana debido a la falta de iniciativa de las municipalidades de la zona. Los resultados hablan por sí sólos, el 90% votó en contra del mencionado proyecto hidroeléctrico.
En la suma de estos colosales embalses se obtiene la cifra de 4 mil 745 hectáreas bajo el agua. En detalle, la represa Ralco, comprende al menos 3.465 hectáreas (ha) sumergidas, Angostura cuenta con 641 ha, Pangue con 500 ha y Rucalhue tendría 139 ha.
Es que diversos estudios comprueban que las represas que producen estancamientos de aguas, generan múltiples problemáticas en el ecosistema y en las comunidades cercanas, por ejemplo, el desplazamiento de comunidades.
Así también, un embalse provoca la reducción de sedimentos que transporta el río lo que genera que la tierra sea menos fértil, asimismo con los embalses se pierden especies y biodiversidad, contribuyendo al cambio climático producto de la descomposición de plantas que, bajo el agua generan metano el cual es un poderoso gas de efecto invernadero.
Aún así, la intrincada relación entre las comunidades pehuenche y mapuche con la naturaleza ha generado diversas problemáticas sociales, generando oposición a las instalaciones de estos megacentros de generación eléctrica por más de tres décadas.