Así respondió Paula Retamal, tras tensa reunión con agrupaciones de familiares de Detenidos Desaparecidos las que solicitaron la renuncia de la directora nacional y el director regional del SML, junto con el fin del contrato de la exsenadora.
Lo repitió tres veces y esas fueron casi las únicas palabras que la seremi de Justicia, Paula Retamal, pronunció a la salida de la reunión con familiares y representantes de las agrupaciones de Detenidos Desaparecidos (DD.DD.) de la Región y que tuvo como tema central el peritaje realizado por la Dra. Jacqueline Van Rysselberghe (JVR), en su rol de psiquiatra fue uno de los condenados por el caso Laja- San Rosendo, donde 19 trabajadores fueron asesinados a pocos días del Golpe de Estado de 1973.
Y en una demostración que el tema ya escaló a nivel nacional y que se transformó en un problema político de proporciones, la representante en el ministerio de Justicia sólo señaló que el tema sería resuelto fuera del Biobío.
“Esta reunión está convocada hace bastante tiempo, la idea acá era conversar con las familias, también fue invitado al Servicio Médico Legal. la idea fue eso, una conversación, y bueno, todo este caso se va a resolver a nivel central”, sostuvo la seremi.
Y tal como ya lo había anticipado en las últimas horas las agrupaciones le pidieron en la reunión la renuncia de quienes dirigen en la región y a nivel nacional al SML, enrostrando la torpeza que a su juicio se cometió en la contratación de Van Rysselberghe.
”Primero, el término de contrato de la doctora Van Rysselberghe; segundo, la salida del director regional del Servicio Médico Legal, doctor Jaime Téllez y la salida de la directora nacional del Servicio Médico Legal, la doctora Marisol Prado. Asimismo, y lo vamos a hacer por la instancia que corresponde, le vamos a pedir una audiencia a la delegada regional, Daniela Dresner, por el pronunciamiento que tuvo públicamente respecto a la contratación (de JVR)”, planteó Emilio Araneda, hijo de una de las diecinueve víctimas del caso Laja-San Rosendo.
Además, y como forma de evidenciar de manera aún más clara la molestia, decepción y rabia que tienen las agrupaciones, es que anunciaron que congelan su colaboración en el Plan de Búsqueda que impulsa el gobierno.
“Efectivamente, al terminar la reunión no se requirió de establecer muchas conversaciones. Nosotros vamos a paralizar la cooperación con el tema del Plan de Búsqueda, ya que la confianza con el sistema se ha perdido completamente, dado las circunstancias que hemos vivido estas últimas 48 horas”, agregó Araneda, vocero de la agrupación.
En tanto, será el ministro en visita para causas de violación a los derechos humanos, Carlos Aldana, quien deberá pronunciarse sobre que valor le da al peritaje realizado por Jacqueline Van Rysselberghe a uno de los condenados en el caso antes mencionado, y que lo declara con enajenación mental, debido a su avanzada edad.
De hecho, fue la resolución que recepcionó esa pericia, del pasado lunes 27 de mayo, la que ‘alertó’ a los familiares de las víctimas en este caso de la situación y generó el conflicto actual.
Contactada por Diario Concepción sobre la situación generada, Van Rysselberghe señaló que no se refería al tema y que las consultas debían ser realizadas al director regional del SML, Jaime Téllez. Este último expresó que no haría declaraciones, lo que fue ratificado desde la unidad de comunicaciones del SML a nivel local.
En tanto, el abogado de una de las familias víctimas del caso Laja-San Rosendo, Patricio Robles, agregó que presentaron ante el ministro Aldana una recusación del peritaje realizado por JVR en la esperanza que el juez lo deseche y pida uno nuevo a otro perito, explicó el profesional.
“Esta parte presentó los antecedentes que tenía sobre las respuestas que había dado el Servicio Médico Legal, el contrato de doña Jacqueline Van Rysselberghe, lo cual le evidencia que ella no estaba competente para realizar esta pericia. Y se reclamó en virtud de eso y de las opiniones que ella dio como ex parlamentaria, el sesgo y la falta de objetividad al momento de realizar la pericia, lo que constituiría una recusación del perito”, expresó el abogado.
“Y a eso también se suma, por parte de los otros creyentes, defectos tanto en la forma y en el fondo de la pericia. Encontramos que incluso aparece referido un nombre de otra persona (lo) que pudiera dar pie a que acá se copió un peritaje”, agregó el mismo Robles.
Desde la unidad de prensa de la Corte de Apelaciones de Concepción, se informó que el ministro Aldana no haría declaraciones sobre este caso y que lo que correspondía era esperar la decisión que adoptaría en los próximos días.