Asociación Gremial de Mujeres de la Pesca expresó que coexistencia está asegurada. La Ferepa califica de mala la normativa y pide su modificación. Temen perder territorio que explotan actualmente, o tener que pagar permisos para operar.
La llamada Ley Lafquenche, que busca entregar espacios marítimos a las comunidades indígenas que lo soliciten, tiene divididos a los gremios de la pesca artesanal, pues algunos temen que con ella exista cobro o impedimento de explotación de recursos, mientras que otros aseguran que pueden coexistir sin inconvenientes.
Cristian Arancibia, presidente de Federación Regional de Pescadores Artesanales de la Región (Ferepa), dijo que históricamente el gremio ha convivido con los pueblos originarios, que muchos se han insertado en la actividad y son parte de sus sindicatos, por ejemplo Llico, Punta Lavapié, Yani, Quidico y Tirúa donde interactúan sin dificultades.
Sin embargo, ahora situaciones como la de Aysén, en que comunidades solicitaron más de 600 mil hectáreas, le parecen inaceptables, pues estarían aspirando a espacios que difícilmente podrían explotar y que restringirán el libre ejercicio de los pescadores artesanales.
Manifestó que no se oponen al origen de la normativa, que busca reconocer y proteger los derechos que los pueblos originarios tienen sobre el borde costero, pero que se debe perfeccionar la normativa para asegurar la convivencia de ambos grupos y de todas las actividades económicas que se realizan en el mar.
Con la nueva Ley, según el presidente del gremio, surgió una división, “propiciada por intereses particulares para contar con espacios exclusivos para su uso, muchos de los cuales no ejercen la pesca artesanal sino la agricultura y otras actividades distantes al borde costero que ahora reclaman”.
Por lo tanto, el representante de cerca de 8 mil trabajadores, calificó de mala la nueva legislación, pues, según dijo, no mide los impactos que su aplicación tendrá en el sector pesquero artesanal, obstaculiza la actividad productiva, la generación de puestos de trabajo y amenaza al patrimonio territorial, natural, económico y cultural de Chile.
Aseguró que confía en que las autoridades se pronuncien al respecto y analicen la forma más efectiva de entregar espacios y su amplitud bajo un estudio de las comunidades pesqueras, así como también la afectación que generaría y las atribuciones que tendrían las comunidades al administrar los espacios.
“No queremos tener que negociar con las comunidades una suerte de pago de permisos para operar en zonas que, históricamente, han sido explotadas por pescadores artesanales, sobre todo, considerando que los recursos son cada vez menos. No queremos tener una lucha con nuestros pares. La Ley debe encontrar un equilibrio”, comentó.
Con una mirada más positiva se mostró Sara Garrido, presidenta regional de Asociación Gremial de Mujeres de la Pesca Artesanal, quien afirmó que la Ley 20.249, llamada también Ley Lafquenche, no es una normativa mala ni así tampoco el espíritu con el que fue creada.
El problema, según la dirigenta, que además es presidenta nacional de la Red Nacional de Mujeres de la Pesca, está en la falta de difusión de la Ley, lo que ha desembocado en confusiones y tergiversaciones de la información que contiene. Dicha tarea debe realizarla Conadi.
Eso sí, reconoció que el reglamento de la Ley no es lo suficientemente claro, lo que estaría llevando a malas interpretaciones que han terminado en violencia en la región de los Lagos y Aysén, generando una lucha artificial entre pescadores y comunidades indígenas.
“Eso lo han levantado otros, con intereses económicos, que lo único que han provocado es esta diferencia entre las dos actividades, que son completamente complementarias, que la Ley dice que ambas están dentro del plan de administración, que en ningún artículo la Ley dice que van a prohibir el ingreso a pescar, recolectar o navegar”.
La coexistencia sería completa, aseguró Garrido, pues en la Ley no existe prohibición de otras actividades que existan en la comunidad. “Lo que sí hace (la Ley) es participar a todos, por ejemplo, de pesca artesanal, turística, de recolección, entre otros, todos son parte del plan de administración. La comunidad cuando solicita la Ecmpo (Espacio Costero Marítimo de Pueblos Originarios) lo tiene que hacer y la Conadi evalúa el plan de administración (…) Entonces por qué podríamos quedar afuera los pescadores”.
El reglamento, según la representante del gremio femenino de la Región, debería ser más claro y simple para que todas las comunidades entiendan que no habrá prohibición de uso del territorio, que no se cobrará nada y que todos convivirán. Además de contar con una importante difusión que elimine la división entre las comunidades y pescadores.
“En el espíritu de la Ley todos estamos de acuerdo de proteger nuestro borde costero de las grandes transnacionales, de grandes empresas y extractivistas, pero no vengan a decir algunos loncos que tenemos prohibido realizar una actividad que toda la vida hemos hecho”. aseveró.
Además, recalcó que no cualquier comunidad indígena puede solicitar un espacio de borde costero y que sólo lo pueden hacer las que demuestran, ante la Conadi, una actividad consuetudinaria.