Terreno de desalojada toma de Juan Riquelme será intervenido para evitar nueva usurpación

La acción ha sido, en lo físico, con la demolición de las casas. Pero también será en lo administrativo para recuperar este espacio público, de forma que sea de utilidad para comunidad en general.

Un total de 21 personas fueron detenidas por el delito de usurpación en el desalojo de la toma Renacer (como le denominaron sus propios organizadores), ubicada en el Villa Juan Riquelme, en el kilómetro 10 de la Ruta 146 de Concepción, camino a Chaimávida. El operativo de Carabineros fue solicitado por la Seremi de Obras Públicas de la Región del Biobío, ya que la faja ocupada pertenece actualmente a la Dirección General de Concesiones de esta cartera.

El seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, explicó que recogiendo la solicitud de la comunidad de la villa y teniendo presente los antecedentes de hechos delictuales ocurridos en esta toma, entre los cuales se contempla la muerte de hombre en diciembre de 2023 en un presunto ajuste de cuentas en lo que se denunció que era un prostíbulo. “El objetivo central que tiene hoy día el Ministerio, lo hemos estado conversando con el nivel central, es declarar una demasía (excedente o sobrante de terreno fiscal) a este terreno y por tanto entregarle al Ministerio de Bienes Nacionales que es que tiene la tuición sobre el terreno. Y será el Ministerio de Bienes Nacionales en conjunto con la Municipalidad de Concepción y con la comunidad, podrán ver cuál es el mejor proyecto posible para poder recuperar ese espacio público”, dijo.

En el sentido de lograr que se vuelva a tomar el terreno, lo primero que hizo el MOP fue recuperar el terreno desde el punto de vista físico, demoler las edificaciones que todavía permanecen en pie, para posteriormente inhabilitar el terreno de tal forma de que no pudiera volver a ser ocupado. Los trámites que están haciendo hoy día en la Dirección General de Concesiones tiene que ver con desafectar este terreno.

En cuánto a los elementos que se utilizarán para lograr el objetivo, el seremi no especificó, pero indicó que “van a haber intervenciones físicas en el terreno de tal forma de poder inhabilitarlo para que no vuelva a ser tomado, eso es parte de nuestras preocupaciones, también hay un resguardo policial que va a permanecer, patrullaje que va a permanecer en el sector”.

Respecto de la presentación que realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos en beneficio de los integrantes de la toma, el seremi de OO.PP. indicó que “la Corte de Apelaciones no acogió la orden de no innovar, que se instruyó por parte del INDH, nos ha solicitado, a nosotros y a otro organismo, informar al respecto. Entre las cosas que nosotros vamos a informar, que efectivamente en esa presentación hay algunos vacíos del punto de vista de lo que es los aspectos jurídicos de la misma, porque la titularidad del terreno es de la Dirección General de Concesiones y no de la Secretaría Regional Ministerial”.

“Esto es parte de un proceso que se está iniciando a la luz y al amparo de lo que significa la nueva Ley de Usurpaciones, desde ya un llamado a todas aquellas personas que hoy día están ocupando ilegalmente un terreno, que por favor entiendan que esto es un proceso que se está dando, que hay un marco normativo que hay que aplicar, que todos los servicios públicos tienen que actuar al amparo de lo que significa el marco normativo que tiene el país”, estableció Hugo Cautivo.

Detenidos por usurpación

En tanto, el general de la Octava Zona de Carabineros, César Bobadilla, afirmó que la denuncia fue efectuada por la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. “Impulsamos la denuncia respectiva a la Fiscalía Local y, por cierto, se planificaron los servicios con la finalidad de poder desarrollar este operativo policial que culminó con 21 personas detenidas por el delito de usurpación”, dijo. Fueron 17 personas de nacionalidad chilena y 4 extranjeros, todos adultos, hombres y mujeres.

Ahora será necesario comprobar la situación migratoria con la Policía de Investigaciones, revisar los antecedentes penales, y constatar las lesiones de cada uno. De acuerdo a lo que expresó el general Bobadilla no existió mayor oposición al desalojo y las 21 personas pasarán este jueves a control de detención.

La Delegada Presidencial de la Región del Biobío, Daniela Dresdner, señaló que se trabajó en la preparación para que este desalojo pudiera salir de la forma más tranquila posible y, efectivamente, así fue. “También poniendo un gran foco en la presencia de niños, niñas y adolescentes que había, que eran alrededor de 40, por lo tanto también hubo un trabajo profundo con la Subsecretaría de la Niñez y con la Defensoría de la Niñez”, mencionó.

Durante la tarde del miércoles se desarrollaron los trabajos de demolición de las casas que quedaron en pie en el lugar. “Para que esto no vuelva a ser tomado. Adicionalmente, va a ocurrir un traspaso por parte del Ministerio de Obras Públicas a Bienes Nacionales para poder decidir en conjunto con la comunidad cuál es la utilización que se le va a dar a ese terreno. Digamos que en este momento va a estar despejado”, explicó la delegada Daniela Dresdner.

Espacio de transición

La Municipalidad de Concepción facilitó la estructura del Colegio Bicentenario España para ser utilizado como espacio de transición, aclaran que no se trata de un albergue, ya que sólo podrá ser usado por cinco días en que estará a disposición para que la comunidad que fue desalojada pueda pernoctar ahí.

El alcalde (s) Aldo Mardones, comentó que “esto viene conversándose hace mucho tiempo (…) el riesgo que estaban sufriendo algunos vecinos del sector nos hace generar este trabajo en conjunto con el Ministerio Público, con la Delegación Presidencial. Y se ha dado una mirada integral considerando también el componente social. Nuestro equipo ha estado disponible en el primer momento a través de nuestro encargado de organizaciones sociales y comunitarias”.

Vecinos

En el lugar, los vecinos de la Villa Juan Riquelme agradecieron que este desalojo se ejecutara ya que manifiestan situaciones que pusieron en riesgo la integridad de los vecinos. “La toma lleva cerca de cinco años. Nosotros partimos manifestando de alguna forma nuestros malestares. Primero, cuando empezamos a tener cortes seguidos de luz porque se colgaban. Y desde la compañía de electricidad dieron una solución provisoria que fue aumentar como el regulador principal. Cuando ocurrió el homicidio, nos manifestamos y empezaron las amenazas contra los vecinos”, estableció una habitante del sector que prefirió mantener en reserva su identidad.

Miembros de la toma

Roselins Sequera, vocera de los habitantes extranjeros de la toma Renacer, señaló que “tildan que en una casa había un prostíbulo, lo cual es totalmente falso. La gente que tenía invitadas para sus fiestas personales, no denunciábamos porque no era algo que nos perturbara a nosotros. Y hubo un incidente que terminó en un homicidio, pero el caballero (dueño de casa) ese día se fue”. “Aquí somos 101 personas, 31 familias, son 43 niños. Niños con discapacidades comprobadas, avaladas de esquizofrenia, síndrome de Down, TEA, tenemos dos vecinas con cáncer (…) Muchos quedamos en condiciones de calle. Por ejemplo, mi caso es muy puntual, tengo seis hijos, una sobrina, mi suegro que es adulto mayor, mi esposo y yo, entonces sumamos diez. Y realmente conseguir un arriendo, es difícil”, manifestó.