Las comunidades afectadas por los siniestros manifiestan que el proceso de reconstrucción ha sido lento. Municipios evalúan la gestión del Ejecutivo y el Gobierno Regional en medio de la recuperación tras la tragedia.
Un año ha transcurrido desde el inicio de los incendios forestales que en el verano de 2023 golpearon a la Región del Biobío, dejando 26 personas lamentablemente fallecidas y más de 200 mil hectáreas quemadas.
Durante prácticamente un mes, en febrero del año pasado, fueron 15 las comunas de la Región que combatieron siniestros. Uno de los focos que tuvo mayor impacto fue el incendio denominado Santa Ana, que dejó 17 muertos entre Nacimiento, Santa Juana y Coronel.
La comuna en dónde se afectó un mayor número de escuelas, en total siete, fue Santa Juana, debiendo cambiar o fusionar alguna de ellas para el próximo periodo de clases 2024. Los actores claves en todo ese proceso han sido las directoras de escuelas rurales, quienes recibieron a los niños después de una experiencia trágica.
Angélica Valenzuela, era profesora de la Escuela Colico Bajo, luego del incendio la comunidad escolar en un casa prestada, y ahora fueron reubicados a la Escuela de Colico Alto. “Considerando que la escuela es nueva y que fue construida durante este periodo y se inaugura con el año escolar de 2024. Entonces no nos acogemos a ese establecimiento”, dijo.
Sus alumnos, que vienen junta a ella de la escuela anterior, según relató, se encuentran bien y están conformes con los cambios que se han debido hacer. “Es un cambio fuerte, para mí, que fue la que conoció la noticia porque son años que uno está en un lugar, éramos una comunidad súper afiatada, tanto con los apoderados, con los asistentes de la educación. Y la escuela de Colico Bajo tiene más de 80 años de historia”, indicó.
“Para los niños al principio fue triste. Yo creo que su reacción fue la más espontánea. Más que cualquiera de los otros que supo la noticia. Cuando yo les comenté, ellos lloraron. No querían que se cerrara su escuela”, detalló la docente, respecto de cómo siguieron golpeando los cambios a los alumnos de este establecimiento educacional que se quemó en el megaincendio.
Sin embargo, el hecho de que la profesora se iba con ellos al mismo establecimiento, les dio consuelo. “Les comenté que yo me iba con ellos. Y eso les ayudó, porque nosotros igual tenemos un vínculo bien cercano, porque como eran poquitos, uno ya los conoce, uno pasa a ser como su mamá en la escuela”, describió la docente.
Esta profesora tiene a su cargo niños de segundo, tercero y sexto básico, los que funcionan en un sistema de aula multigrado como se acostumbra en las escuelas rurales. “En realidad yo podría haber sido reubicada en otro establecimiento. Pero no fue así. Se consideró ese sentido de pertenencia, digamos, de que pudiéramos estar todos juntos para poder enfrentar este año, que en realidad es todo un desafío”.
La profesora Yolanda Provoste, ex directora de la Escuela Poduco Bajo y que vivía en la casa docente de la Escuela Curalí, recordó la doble pérdida que sufrió con los incendios de 2023. Por un lado perdió el lugar donde vivía y por otro dónde trabajaba.
“Se quemó la vivienda donde yo habitaba, y se quemó también mi escuela de Poduco Bajo. Perdí como doble. La verdad es que haciendo un recuento a un año de esta tragedia, porque fue una tragedia en realidad, uno va decantando y va viendo que fue muy doloroso, fue terrible porque uno queda como en el aire”, relató.
Además, la docente sufrió numerosos problemas de salud, los que derivaron en una cirugía que más tarde se complicó, por lo que no ha podido volver a reintegrarse a su trabajo de forma definitiva.
Sin embargo, se manifiesta agradecida. “Yo a esta altura, encuentro que Dios ha sido generoso porque nos conservó la vida, que es lo más importante”, dijo.
Al momento del incendio, Yolanda no se encontraba en Curalí, sino que al recibir la alerta de que se estaba quemando el lugar, fue con su esposo. “Nosotros con mi marido partimos para allá a ver la casa, y fuimos en medio de las llamas de la ruta. Yo tomé mi santo que tenía en mi altar, y tomé un par de cosas, y nos tuvimos que venir rápidamente porque si no, podíamos quedar atrapados en el fuego”, contó.
“A consecuencia del incendio, a mí me asignaron a otro colegio, a la Escuela de Chacayal. Yo estuve allá sólo marzo y después ya no volví. Mi único estudiante de Tercero Básico, también se fue a la escuela de Chacayal, seguimos en contacto, ya no juntos, pero estábamos en el mismo colegio”, describió Yolanda Provoste.
Para esta profesora, la situación no está completamente superada, pero afirma que recibió mucha ayuda después de los incendios. “Ahora que empezó febrero, fue muy marcado que en la noche no pude dormir bien, no sé si será por el recuerdo, pero todavía hay cosas que resolver”, comentó.
En Santa Juana, la magnitud que tuvo la tragedia cobró al menos 15 vidas en la emergencia misma, sin contar aquellas personas que, posteriormente, fallecieron por las graves quemaduras. Aún se viven las consecuencias en la salud mental, sobre todo, de sus habitantes.
El trauma sigue afectando en mayor medida a los adultos mayores y a los niños menores de 14 años, según describió la alcaldesa de San Juana, Ana Albornoz.
“La gente de Santa Juana es muy resiliente, el campesino y la campesina son muy trabajadores. Pero no hay que romantizar eso. A través del trabajo que hemos hecho, vemos que dos grupos están muy complicados en salud mental”, contó.
Desde el municipio se han hecho varios esfuerzos en lograr que haya un sistema de comunicaciones, se han insistido en que se terminen los cortafuegos, que no se plante pino y eucalipto o cualquier monocultivo en lugares destinados a la residencia humana. Y es ahí donde la alcaldesa detecta una falencia, sobre todo en lo legislativo. “Si se regula el territorio urbano, ¿por qué no se puede regular el territorio rural? En eso nosotros estamos trabajando también, que si no existe la legislación todavía, trabajando harto con las empresas forestales para poder regularlo, por lo menos el orden fáctico”, apuntó Albornoz.
Desde el Municipio de Santa Juana manifiestan que no han dejado de estar en alerta roja. Se ha realizado la gestión de visibilizar los nudos críticos en la gestión de emergencia, han trabajado en la georreferenciación de las viviendas para, en caso de tener una emergencia, tener claro qué sectores se encuentran habitados y dónde hay riesgo para la población.
“Tenemos la preparación, a través de comités de emergencia y riesgo de desastres, en cada uno de los sectores, donde hay a cargo un funcionario municipal, y un dirigente vecinal y gente del sector para poder ir georreferenciando. Consideramos que es fundamental para no perder nuevas vidas”, estableció Albornoz.
En cuanto al apoyo que ha entregado el Gobierno, para la alcaldesa Albornoz hay un avance. “Creemos que el presupuesto no miente, hay 46% más de recursos. Por ejemplo, en Santa Juana tenemos una brigada permanente de Conaf. Nosotros también cooperamos y dimos en comodato un inmueble para que pudieran instalarse”, dijo.
Pero dónde la autoridad detecta una necesidad es en lo que tiene que ver con la norma y la ley corta para que los municipios puedan hacer cortafuegos. “Vemos que aquí hay un poder del Estado que ha fallado permanentemente y ese es el poder legislativo”, afirmó la alcaldesa de Santa Juana y agregó que no se ha creado el mecanismo para contar con fuerzas militares en este territorio, no crea una legislación clara, ni se da presupuesto.
“Nosotros acá en Santa Juana lo que tenemos, y es nuestro orgullo, es que nuestras niñas del Liceo Nueva Zelanda, se ganaron un proyecto internacional en Fembiobío de comunicación de emergencia en los incendios. Y eso a partir de lo que nosotros hemos estudiado, que sirve en una emergencia”, comentó Ana Albornoz.
El alcalde de Florida, Jorge Roa, explicó que como municipio han logrado varios avances, como, por ejemplo, tener 20 comités de emergencia en sectores distintos de la comuna con la capacitación para ser los primeros en llegar a la emergencia. Se cuenta con personal y vehículo para patrullajes, además de un dron de apoyo para la prevención.
“Hemos recibido mucho apoyo del Gobierno Regional, 200.000 millones vía Bio Bio Se Levanta, que permitió ayudar a quienes perdieron casa, herramientas, producción agrícola”, detalló Roa.
Desde el Gobierno central, Florida recibió casas de emergencia con servicios básicos, cajas de mercadería, utensilios de casa, menaje. “Ayuda que también entregó el municipio en tres caravanas solidarias que realizamos en sectores afectados, llevando forraje, alimento para animales mayores, mascotas, estanques de agua, motores”, refirió el alcalde.
Javier Valencia, alcalde (s) de Coronel, señaló que a partir de lo ocurrido en los incendios se coordinó un trabajo preventivo planificado que se que se traduce en equipos municipales desplegados por distintos puntos de la comuna para poder realizar distintos cortafuegos. Se tomó la decisión de elaborar una ordenanza municipal de cortafuegos que está en condiciones de ser implementada, luego de ser aprobada por el Concejo Municipal.
“Sin lugar a dudas las coordinaciones siempre van a ser necesarias de ser fortalecidas, hoy tenemos un enlace con la Delegación Presidencial que es el seremi de Deportes que ha estado en permanente de comunicación con el municipio”, indicó Valencia.
Uno de los objetivos es que los municipios puedan disponer de mayores recursos para poder realizar mayor vigilancia, prevención y difusión.
“También tener recursos para poder comprar, algunos soportes como estanques de almacenamiento de agua, que se denominan grifos rurales que en un comienzo lo hicimos con fondos municipales y que en esta oportunidad fueron postulados y podemos contar con cuatro tanques de 1.000 litros”, cerró el alcalde (s).