Con la comunicación de cargos realizada este jueves, creció el número de personas contra quienes la Fiscalía del Biobío formuló cargos por su presunta responsabilidad en distintos
A contar de este jueves son ocho en total las personas que han sido formalizadas, o si se prefiere contra quienes el Ministerio Pública dirige investigación en su contra, por una serie de delitos, que a juicio del organismo persecutor se habría cometido en una de las aristas del Caso Convenios en nuestra zona.
Y ese número aumentó debido a que en una breve audiencia la Fiscalía formuló cargos contra la exfuncionaria del Gobierno Regional, Tamara Vidal, además de Eduardo Quezada y Matías Godoy.
A la primera se le investiga como presunta autora del delito de Fraude al Fisco, mientras que a los otros dos por su eventual responsabilidad en el delito de estafa.
Fue la fiscal María José Aguayo, quien está a cargo de esta investigación, quien explicó el estado de la causa.
“La audiencia de formalización se solicitó el mismo día de la formalización de los demás coimputados. Los hechos son exactamente iguales, pero lo que se les atribuye a estos imputados es distinto y también el mérito de los antecedentes es distintos y por eso que no se solicita la orden de atención en su oportunidad, se formalice y las cautelares también son distintas”, afirmó la fiscal.
La persecutora agregó que a los ojos del Ministerio Público los nuevos formalizados tiene responsabilidad en los hechos que se les imputa más allá de los que se sostenga.
“Son imputados por los delitos de estafa y de fraude al fisco, por supuesto que no fueron engañados, sino que formaron parte de los actos dolosos que ellos ejecutaron.La relación y la comunicación entre ellos es disímil. Dependiendo de la relación de un imputado con el otro. No se puede determinar que entre todos ellos existía una agrupación, pero sí entre el mismo grupo, uno puede diferenciar distintas maneras de operar”, aseveró Aguayo.
Como es de suponer la mirada desde el lado de quienes fueron formalizados es opuesta, aunque una parte de ellos, prefirió no explicitar cuál será su estrategia de defensa, como lo planteó Andrés Cruz, abogado de Eduardo Quezada.
“Lo único que ocurrió fue que con esto se establece cuál es el marco investigativo que va a restringir la labor de la Fiscalía hacia adelante y tenemos certeza en torno, a qué debemos aportar para los efectos de defender la postura que nosotros tenemos como teoría del caso en esta situación”, indicó.
En tanto, Claudio Vigueras, defensor público de Tamara Vidal, quien en la teoría del caso de la Fiscalía es responsable al no haber ejercido el control necesario sobre el proyecto de la Fundación en Ti, permitiendo que ésta recibiera recursos pese a no haber cumplido con lo que se propuso, expresó que aún no darán a conocer cuál será la estrategia para enfrentar las imputaciones.
“Nosotros delante del tribunal no hemos planteado ninguna posición, la verdad no lo voy a hacer por la prensa, así que en su momento eso será una cuestión que se determinará. Hay una larga investigación por delante que se está recién iniciando, de manera que por ahora no me voy a referir a ese punto”.
Por último, el abogado de Hans Laurie, en representación de Matías Godoy, descartó que éste hubiese cometido el delito de estafa que se le imputa.
“Matías Godoy no engañó a nadie, es necesario el engaño para que haya estafa. Matías Godoy fue engañado, fue engañado porque fue invitado a trabajar, estaba sin trabajo, le ofrecieron trabajo lo aceptó como cualquiera de nosotros tal vez las aceptaría un trabajo. Ejecutó aquellos trabajos y lo más importante de su participación en todo esto, es que apenas advirtió la existencia de ilícitos durante el desarrollo de la ejecución del proyecto, Matías Godoy lo denunció a la Policía de Investigaciones”, subrayó el profesional.
Luego que las defensas no cuestionaran la solicitud de medidas cautelares, el tribunal impuso a Tamara Vidal arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional; mientras que a Matías Godoy y Eduardo Quezada, firma semanal y arraigo nacional.
En tanto, el plazo de investigación es de 270 días, que es el que se fijó el 30 de noviembre pasado cuando se formalizó a las 5 primeras personas en este caso. Es decir a Camila Polizzi, los hermanos Sebastián y Diego Polanco, además de Simón Acuña y Rodrigo Martínez.