Así lo reveló un estudio realizado por la UCSC. Además, en materia de vivienda este arrojó que el 74,2% de estos residen en casas y el 23,7% en departamentos.
Por Gustavo Venegas Soto
El 54% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes de la Región del Biobío viven en condiciones de hacinamiento alto o crítico.
Así lo reveló un estudio realizado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) el cual realizó un diagnóstico exhaustivo sobre la situación de los NNA provenientes desde otros países a la zona. Además, en materia de vivienda este arrojó que el 74,2% de estos residen en casas y el 23,7% en departamentos.
Respecto al tiempo que llevan los NNA migrantes en Chile, a nivel regional los porcentajes se concentran “entre 1 y 3 años” con un 39,7% (330 NNA), siguiendo “entre 3 y 5 años” con 23,8% (198 NNA), y en tercer lugar “menos de 1 año” con 22% (183 NNA).
A nivel provincial, la dinámica regional se mantiene en relación al orden del tiempo en Chile. En Arauco el mayor porcentaje de tiempo en Chile de los NNA migrantes se concentra “entre 3 y 5 años” con un 44,4% (36 NNA), le sigue “5 años o más” con un 23,5% (19 NNA).
Para su realización el estudio utilizó encuestas aplicadas a padres y cuidadores, así como seis talleres participativos en la región, distribuidos en dos actividades por provincia (Concepción, Biobío y Arauco). Se llevaron a cabo 591 encuestas aplicadas a padres y cuidadores, alcanzando así a 832 NNA, lo anterior, con una representación significativa de mujeres y una diversidad en cuanto a países de origen, destacando la presencia mayoritaria de venezolanos y colombianos.
“Con este estudio a partir de enero pretendemos acudir a los servicios públicos relacionados y vinculados en materia de niñez, de esta manera poder acercar esta información y reunirnos con ellos y a la vez obtener retroalimentación para una mejor propuesta de políticas públicas. Entendiendo que puede ser un instrumento de planificación regional para poder focalizar las acciones de los diferentes agentes que intervienen en esto”, señaló Veronica Gómez, académica del Departamento de Ciencias Sociales de la UCSC y vocera del estudio.
De esta manera, la indagatoria se erige como un fundamento esencial para fomentar colaboraciones efectivas con diversos organismos, con miras a establecer en el futuro mecanismos sólidos de protección y respeto a los derechos humanos de los niños migrantes en la Región del Biobío.
Estos hallazgos proporcionarán una base valiosa para orientar acciones concretas y sostenibles en pos de un entorno más justo y equitativo para los niños migrantes en esta región. De hecho, los resultados serán entregados a distintos estamentos públicos a partir de inicio del próximo año.
Desde el Gobierno, Sebastián Maldonado, director regional del Servicio Nacional de Migraciones expresó que “son cinco años, aproximadamente, en lo que debe vivir una familia migrante para tramitar su regulación, por lo tanto son cinco años de un niño sin tener la culpa de esperar. Y en los casos donde las familias no tienen la posibilidad de arrendar, tampoco existe un programa que vaya en ayuda a esos niños que están en espera y con incertidumbre sobre su futuro”.
Desde el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia están trabajando y coordinando programas intersectoriales para garantizar acceso a educación, salud, documentación y regularización migratoria.
Asimismo sumar la reunificación de menores con sus familiares, identificando casos especiales en procesos migratorios, brindando apoyo legal, y proporcionando apoyo psicosocial para fortalecer su desarrollo integral y prevenir nuevas vulneraciones.
“Como Servicio de Protección, a través del trabajo intersectorial y con nuestros equipos de profesionales que trabajan en los programas de protección especializada, coordinamos que niños, niñas y adolescentes migrantes, que son parte de la red, pueden acceder a educación, salud, a documentación, a regularización de situación migratoria en garantía de sus derechos”, comentó la directora regional, Andrea Saldaña.
El estudio liderado por la UCSC contó con el apoyo del Gobierno Regional, por medio de un FNDR ($171 millones 700 mil).
La jefa de División Desarrollo Social y Humano, Leticia Bustos, comentó que “nos llama a reforzar los derechos humanos de estos niños, niñas y adolescentes migrantes. La educación, la salud y la vivienda son áreas fundamentales que necesitan políticas inclusivas y justas”.