Las implicancias de declarar al Humedal Desembocadura del Río Biobío como Santuario de la Naturaleza

Colindando con el conocido Santuario de la Península de Hualpén, se agrega un gran cuerpo de agua a la protección legal de la biodiversidad penquista.

Es el Humedal Desembocadura del Río Biobío el que fue declarado como Santuario de la Naturaleza, comprendiendo el territorio que va desde la zona de la Mochita (altura Pedro de Valdivia, Concepción) hasta donde se une el río con el Pacífico, con más de 2 mil 174,5 hectáreas protegidas.

El decreto publicado en el Diario Oficial busca asegurar la protección y regular de manera específica los ecosistemas por la gran relevancia que estos tienen.

De hecho, de acuerdo a la  página web del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, estos son “sitios terrestres o marinos que ofrecen condiciones y posibilidades especiales, o únicas, para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o ecológicas, cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado”.

Destacado por su gran biodiversidad, la Desembocadura del Río Biobío tiene más de 140 especies de aves, 71 especies nativas de flora, peces, anfibios y reptiles nativos con alto endemismo registradas.

Ahora bien, que sea declarado como tal, más que una victoria es solo un primera etapa.

“Siempre hemos dicho que la declaratoria es importante, pero es un paso para los objetivos de protección y restauración, lo próximo es el tema de gestión y gobernanza”, detalló el seremi de Medio Ambiente de la región del Biobío, Oscar Reicher.

De allí que surgen las dudas centrales. ¿Quién se encarga de fiscalizar el cumplimiento? ¿Están realmente protegidos? ¿Qué mejoras concretas existen en la promoción de la biodiversidad?

Para protegerlos la Ley establece que cada Municipalidad que cuente con estos valiosos ecosistemas “deberá” establecer en una Ordenanza General, los criterios mínimos para la protección, conservación y preservación de los Santuarios de la Naturaleza o de los límites de su comuna, además de incluirlos dentro del Plan Regulador Comunal. En este caso, por encontrarse entre 3 comunas, será función de las casas edilicias de Concepción, Hualpén y San Pedro de la Paz.

Para esto, deberá conformar un comité de gobernanza con organizaciones territoriales y representantes del sector público y privado, quienes delimitarán las condiciones de la Ordenanza y velarán por el proceso.

“Tenemos una visión bien positiva porque no solamente genera una zonificación, osea, no solamente reconoce el humedal sino que la clave es que reúne a las organizaciones sociales vecinales, porque uno puede tener zonas de protección muchas veces, pero no se tiene quien se haga cargo de estas zonas. Además que sea la Municipalidad quien se encargue de las tramitaciones genera soberanía comunal, en el papel es una buena gestión”, opinó Esteban Flores, magíster en Ciencias de la Ingeniería, con Profundización en Ingeniería Hidráulica, también parte de la organización medioambiental y local “Manzana Verde”.

Respecto al Ministerio del MedioAmbiente, su rol se enfoca en la protección normativa, debiendo, cualquier proyecto que quisiese instalarse dentro de un Humedal Urbano, obligatoriamente ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y cumplir con los criterios de sustentabilidad.

En esta materia, el seremi Oscar Reicher dijo que ya se “está elaborando el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, donde se están identificando medidas de mitigación y de adaptación con las que cuenta el Biobío para hacer frente a, por ejemplo, el calentamiento global”.

También, Claudia Llanes, vocera de la Agrupación Salvemos el Santuario Península de Hualpén dijo que se espera “una mayor preocupación por los espacios naturales del Biobío que van resistiendo, pero es algo que se tiene que ver en la práctica, una buena gobernanza, una buena educación ambiental y la participación de las comunidades”.

No obstante, existen variadas problemáticas del nuevo Santuario de la Naturaleza por resolver. Claudia nombró  la contaminación de las industrias cercanas, desvío de cauces, tomas ilegales de agua del Río Biobío, personas botando basura, y la desregulación de areneros.

En ese tipo de amenazas, el Ministerio cumple un rol de vigilante y custodia, mientras que son otras entidades quienes tienen el poder de fiscalizar, dependiendo de qué actividades sean.

“Por ejemplo, la extracción de áridos son fiscalizados por la Superintendencia del Medio Ambiente. Pero cuando no se someten a la Evaluación Ambiental son fiscalizadas por otros estamentos como la Dirección de Obras Hidráulicas o la Dirección General de Agua (…) En el Golfo, desde Coronel hasta Arauco, hay mucha actividad pesquera que se produce por la descarga del Río Biobío, entonces cuidar esa zona tiene un efecto directo con la actividad económica”, señaló el Seremi.

A su vez, el municipio vía ordenanzas puede fiscalizar, pudiendo sancionar con hasta cinco unidades tributarias mensuales.

Fuera de quien vela por el cumplimiento de la declaración, Claudia Llanes mencionó otra arista inconclusa: hay ecosistemas aledaños a la Desembocadura los cuales no se sitúan bajo la tutela de la protección. “Se toma en cuenta la porción de agua y no el sector que colinda y que interactúa con el ecosistema”, expresó.

Por último, respecto a qué tipo de financiamiento se puede optar tras esta declaratoria, es el Comité de Administración quien debe ir en búsqueda de fondos. Desde grandes financiamientos internacionales, (que el Ministerio ya está llevando a cabo, por ejemplo en la restauración post incendio del Humedal Rocuant Andalién) hasta concursos ministeriales y regionales existentes. En ese sentido, el manejo de las autoridades junto con las organizaciones comunitarias será fundamental.