La Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, anunció además que la cartera tiene destinados $2 mil millones para la atención de violencia en la Región del Biobío. Y con ello, detalló los dispositivos presentes para apoyar a mujeres que han sido víctima de violencia.
Según la información entregada por la dirección Regional del Biobío del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, con fuente en la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante el primer semestre de 2023 se registraron 4.004 casos de violencia hacia la mujer, de un total de 5.363 casos de violencia intrafamiliar. Esto significa que un 75% de los casos de violencia al interior del hogar es a mujeres.
Sobre las iniciativas que buscan disminuir esas cifras y las que se preocupan de acoger a las mujeres que están siendo víctimas de este lamentable fenómeno, Diario Concepción conversó con la Ministra de la Mujer, Antonia Orellana.
¿Qué intención tendrá este año para el Gobierno la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?
Este año, al igual que el año pasado, vamos a seguir en la línea de invitar a la población a apoyar a las víctimas y no solamente centrarnos en llamar a la víctima a denunciar. Nuestra campaña anual de prevención y sensibilización está enfocada en las acciones que puede hacer cualquier persona, es decir: acompañar, intervenir, interpelar, denunciar cuando sea necesario. Eso, por supuesto, también va acompañado de las mejoras que hemos hecho en avanzar tanto en el Congreso, como en la gestión del Ministerio.
¿Cómo continuará el próximo año actuando el Fondo de Transversalización de Género?
El Fondo Transversalización de Género, lamentablemente fue rechazado en el Senado en la Ley de Presupuesto. La intención es reponerlo, porque precisamente ha tenido beneficios bien concretos como 200 oficinas del Registro Civil modificadas, como 500 regularizaciones de títulos de dominio. Las caletas en las cuales estamos habilitando módulos para las mujeres de la pesca. Pero en específico para la Región del Biobío debido al alto número de femicidios es lo que va del año. El Ministerio en la Región ha levantado un plan especial en el que partimos por Coronel coordinado prevención con cerca de 30 instituciones públicas y privadas con esta localidad a eso le sumamos también el nuevo Centro de la Mujer en Santa Juana, porque sabemos que luego de momentos de crisis y de emergencia puede aumentar la violencia.
¿Qué cantidad de fondos se proyectan para Biobío?
Para el próximo año de poder tener los Fondos de Transversalización esperemos poder tener, específicos para la Región del Bío Bío. Sabemos que hay una deuda con la autonomía económica en la Región porque las mujeres tienen una alta tasa de cesantía. Para el año 2024, nuestra proyección, es de $2 mil millones, solamente para los temas de atención de violencia contra las mujeres. Esos son: los 14 centros de la mujer que existen, las tres casas de acogida, dos centros de atención más especializada que están en Concepción y Los Ángeles. Y la implementación de programas de prevención en 10 comunas.
¿Qué acciones se están llevando a cabo por los casos de femicidios?
De los seis femicidios que lamentablemente se han cometido, durante lo que va este año, hay cuatro en los que nuestro Servicio Nacional de la Mujer tiene la representación jurídica y vamos a buscar los procesos de justicia más acucioso para las víctimas. Y además, en el caso de Renatta Rozas hemos sumado, una querella del Gobierno a partir de la Delegación Presidencial que refuerza la que ya tiene el Servicio Nacional de la Mujer.
En cuanto a la necesidad de las personas pertenecientes a pueblos originarios de tener intérpretes para denunciar casos de violencia ¿Existen iniciativas en ese sentido?
En primer lugar, es algo que hemos estado trabajando precisamente a través del Fondo de Transversalización. Uno de los fondos, no fue específicamente para Biobío, pero sí se realizó en La Araucanía que tiene que ver con la con la promoción y la formación. Una escuela de gestoras comunitarias de prevención de la violencia con mujeres de Lonquimay y de Puerto Saavedra y eso lo hicimos en conjunto, precisamente con la Conadi. Esperamos poder seguir replicando esa experiencia porque, en el fondo, lo que permite es que en lugares en los que no necesariamente hay mucha presencia del Estado hay un conocimiento de donde acudir. Está en nuestros planes seguir aumentando la presencia en todas las zonas.
¿Qué cambios se han logrado en la legislación en esta materia?
Hemos logrado aprobar tres leyes que dos de ellas tienen relación directa con la violencia. Una es la Ley de Reparación Integral de Víctimas de Homicidio y la llamada Ley Antonia. También hemos avanzado, después de cuatro años que no tuvo urgencia, en el proyecto de Ley de Violencia Integral. En ese sentido, por supuesto que sí, uno siempre espera avanzar más rápido, pero creemos que hemos logrado dar avances.
¿Qué trabajo conjunto se han hecho con el Poder Judicial?
Respecto a eso, se han hecho grandes esfuerzos desde la Secretaría de Género del Poder Judicial, nosotros también estamos aportando a través de nuestro Plan Prevenir que ha capacitado ya a 30 mil funcionarios y funcionarias públicas. Por supuesto, siempre estamos trabajando en implementar mejor las leyes. Nuestro rol es establecer las mejores leyes posibles para que el criterio esté a la altura de lo que Chile ha ratificado a nivel internacional.