Familiares de víctimas del Caso Mulchén pedirán estar presentes en la notificación de penas para condenados

Luego que la Corte Suprema rechazara el recurso de Casación presentado por la defensa de los ex carabineros y militares en retiro, la agrupación espera reunirse este miércoles con el ministro en visita, Carlos Aldana.

Los familiares de las víctimas del denominado caso Mulchén, ocurrido en octubre de 1973, solicitarán este miércoles al ministro en visita especial para la investigación de casos de violaciones a los Derechos Humanos, Carlos Aldana, que les permita asistir al proceso de notificación de las sentencias, que recientemente la Corte Suprema ratificó, tras rechazar un recurso de Casación que presentó la defensa de los encausados.

Se trata de una solicitud poco habitual y que esperan sea bien acogida por el juez, quien debe cumplir con el último trámite que se requiere para que los condenados, todos ex carabineros y militares en retiro, comiencen a cumplir con las sentencias dictadas.

Por ello, Marina Rubilar, hija y sobrina de dos de las víctimas sostuvo que esperan cerrar un ciclo de 50 años con esta petición.

“Nosotros queremos estar presente en el momento de las notificaciones. Porque en realidad creo que se va a ser el momento más importante para nosotros, ahí ya nosotros estamos cerrando nuestro ciclo de tantos años y eso es como una mínima satisfacción que queremos darnos, porque en realidad ellos no han tenido ningún momento, ningún minuto de arrepentimiento para los asesinatos con nuestros familiares, así es que por lo menos nosotros queremos tener esa satisfacción de poder verlo en ese momento”.

Y es que a pesar de haber logrado que se condenara a los autores materiales de estos crímenes, el hecho que hubiese ocurrido medio siglo después de transcurrido los hechos, deja una sensación amarga, entre los familiares.

“Sobre todo porque nosotros no vamos a tener, ya perdimos la esperanza de encontrar los restos de nuestros familiares, porque en la causa está claro y está especificado que nuestros familiares fueron incinerados en los hornos de la Escuela de Artillería de Los Ángeles, así es que nosotros ya perdimos nuestra esperanza de poder darle una sepultura o tener un lugar físico donde poder visitarlos”, recordó Rubilar.

El fallo

En definitiva, la Corte Suprema rechazó el recurso de Casación presentado por la defensa de los cuatros ex Carabineros y siete ex funcionarios del Ejército, que fueron sometidos a proceso y condenados por el ministro Carlos Aldana, y cuyas penas fueron aumentadas por la Corte de Apelaciones de Concepción en 2019.

En este sentido, para la abogada Patricia Parra, que tramitó este proceso, primero como parte del Programa de Derechos Humanos y luego como representante legal de las familias de las víctimas, la sentencia tiene un valor porque logra dar con los autores materiales de las muertes y las desapariciones.

“La importancia de esta resolución guarda relación, no solo con que casi exactamente 50 años después se determinó la verdad de los ocurrido en dicha masacre, sino también es una de las pocas causas criminales por violaciones a los derechos humanos en Chile, en que se termina por condenar ya a quienes fueron los autores materiales, aún vivos, de los homicidios calificados y desaparición de los 18 trabajadores alevosamente muertos”, aseveró la abogada.

Además, valoró que en la tramitación de la causa, en la sentencia y en la revisión de los tribunales superiores quedará asentada la tesis que el haber trasladado los restos de las víctimas seis años después, para asegurarse que no se diera con ellos, situación conocida como “Operación Retiro de Televisores”, formaba parte del mismo ciclo criminal y por lo tanto debía ser perseguido y sancionado.

“El desentierro de las osamentas llevadas a cabo en 1979 no podía entenderse disociado de los delitos cometidos en octubre de 1973, al determinar que se trataban de hechos conexos; por lo tanto, perseguibles, desde el punto de vista penal ya que participaban del carácter de imprescriptibles e inamnistiables, ordenando la acumulación de los expedientes que, hasta ese momento, se tramitaban separadamente”, recordó.

Las penas que finalmente deberán cumplir los condenados van entre los 15 años y un día en el caso de los cuatros ex Carabineros procesados, como responsables de homicidios calificados, más otros 10 años de prisión como coautores del delito de secuestro calificado.

Mientras que en el caso de los funcionarios en retiro del Ejército deberán cumplir la pena de 5 años y un día como responsables de los delitos de homicidio calificado.