Representantes legales señalan que no hay revisión médica, psicológica ni de consumo de sustancias ilegales. Hay dos proyectos sobre esta materia en el Congreso.
Tres líneas de buses de Concepción y consultadas por este medio reconocen que no existen exámenes médicos periódicos a conductores que trabajan en sus servicios. Asimismo, tampoco se revisan condiciones psicológicas ni de consumo de sustancias ilegales.
Esto no se lleva a cabo de manera semestral, anual ni tampoco al contratar a un nuevo chofer, según especifican los directivos.
Y es que en publicaciones previas de Diario Concepción, dirigentes de agrupaciones de conductores de la región dieron cuenta de la falta de trabajo de las empresas al respecto, lo que permitiría prevenir accidentes o afectación a la salud durante el ejercicio de la conducción.
Por otro lado, parlamentarios hicieron énfasis en la falta de legislación sobre el estado de salud de los conductores del transporte de pasajeros.
Pero esta vez fueron las propias empresas las que confirmaron la falta de examinación en diversas áreas, alegando no estar en sus facultades o la falta de apoyo de organismos estatales para ejercerlas.
La discusión vuelve a abrirse luego del episodio en que dos conductores fueron sorprendidos con resultados positivos tras pruebas de narcotest realizadas por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). Estos pertenecían a las líneas de buses Sotral (Playa Blanca) y San Pedro del Mar. Esta última firma es la misma cuyo funcionario protagonizó un choque con el Biotrén, dejando siete personas fallecidas.
Juan Suazo, presidente de la empresa Mini Verde, servicio que circula entre Hualpén y Concepción, señala que en caso de querer descubrir presencia de drogas en conductores recurren al mencionado Senda para que haga estas labores, pero “en estos momentos no hay un protocolo” propio sobre revisión en algún momento del periodo laboral de los trabajadores.
Pese a añadir que lo económico no es lo más complejo, Suazo reclama que “hay intenciones de hacerlo pero, ¿quién me respalda eso? ¿Quién me va a creer que lo hice?”. Consultado entonces por la posibilidad de realizar exámenes en un centro médico y contar con documentos que así lo comprueben manifiestó que “no hay en este momento y ninguna línea lo tiene, yo creo”.
“Si un conductor se muere por problemas al corazón, por ejemplo, ya no es problema de estar yo prevenido (…) No es que no lo queramos hacer”, finalizó.
Por otro lado, desde San Pedro del Mar, su representante legal, Andrés Vidal, comentó que “todavía no tenemos nada pero lo conversamos y debemos buscar una empresa médica donde podamos realizarlo”.
Vidal describe como “grave el asunto” y “hay que poner atajo”, incluso reconociendo que “hay varios conductores que se sabe que consumen” algún tipo de sustancia.
Asimismo, afirma que no han llevado un control hasta la actualidad “por dejación”. Y agrega que buscarían incluir eventualmente examinación médica y psicológica.
Samuel Capponi, representante legal de Buses Ruta del Mar, que circula entre Penco,Talcahuano y Concepción, responde en la misma línea: “En estos momentos, nada”.
Eso sí, explica que “desde hace mucho tiempo hemos pedido a las Seremis (de Transporte) que se hagan exámenes de drogas, pero le hacen el quite. Yo no puedo decirle a un tipo que necesito el examen porque ‘se me va al chancho’ como se dice. ¿Cómo lo hago legalmente? No tenemos facultad”.
Raphael Sierra
Consultada al respecto, la seremi del Trabajo de la Región del Biobío, Sandra Quintana, informó que efectivamente “existe la posibilidad de que los empleadores -de cualquier tipo de empresa y de acuerdo a la función que cada persona ejerza- puedan exigir dentro de su reglamento interno medidas de control respecto de alcohol y drogas. Eso, siempre y cuando la empresa tenga más de 10 trabajadores. Para eso lo debe contener en su reglamento o no es válido”. Y eso mismo sucede si los empresarios desean analizar el estado médico o psicológico de sus empleados, añade.
Para ello, debe existir un “resguardo a la privacidad de la persona; no puede haber elección arbitraria de un trabajador y debe haber procedimientos claros puestos por la empresa y el trabajador debe conocer el reglamento”.
Ahora bien, de acuerdo a la autoridad de Gobierno, no se pueden hacer públicos los resultados ni se permiten despidos por los mismos. “El empleado debe ser informado por lo que sucedió en el examen. No puede esto ocasionar despidos pero sí, por ejemplo, amonestación. En general, no se puede vulnerar ningún derecho del trabajo. Esas son las limitantes que tiene el empleador”, expresa.
Entonces, si existe una patología que se piense incompatible con la labor de la conducción de un transporte de pasajeros y aquello se detecta cuando el trabajador está contratado, no se puede poner limitantes debido a que “vulneras el derecho al trabajo. Se puede poner una posibilidad de rehabilitación o llegar a acuerdos”.
No obstante, las empresas pueden informar de previos requisitos antes de la contratación, lo que sí permitiría discriminar entre postulantes.
Actualmente existen dos iniciativas para obligar a realizar exámenes anuales para choferes del transporte público de pasajeros, ambas iniciativas de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) del Distrito 21.
El primero, y que se encuentra en trámite en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, pretende modificar el Código del Trabajo y la Ley de Tránsito para establecer medidas de control de consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Mientras que la segunda moción, que permanece en proceso de recolección de firmas para ser ingresada, persigue instaurar que este tipo de trabajadores se hagan anualmente exámenes médicos preventivos.
Juan Suazo de Mini Verde valora los proyectos “que vayan en dirección a que los choferes estén con buena salud, me parece bien”. Complementa que lo ideal sería “que haya un organismo encargado de hacer eso”.
A lo mismo apunta Andrés Vidal de San Pedro del Mar, quien señala que “hay que reunirse para coordinar cómo se hará, porque eso también tiene un costo económico”.
Finalmente, Samuel Capponi de Ruta del Mar es claro en indicar que eventuales análisis regulados por ley los debe llevar “un organismo de nivel general” para evitar problemas o represalias. “Debe venir desde ministerios. Ojalá resulten los proyectos”.
La Seremi Sandra Quintana manifiesta que esta es prácticamente la única forma de realizar cambios en la materia, ya que la actual legislación no permite que ministerios puedan ordenar dichas acciones a los empresarios del rubro.