El 63,5% de las denuncias por maltrato ante la Superintendencia de Educación se ha resuelto en los dos últimos años

En la Región del Biobío se han cerrado 691 acusaciones por daños entre o en contra de estudiantes. Lo anterior mediante tres mecanismos que utiliza la autoridad.

En entrevista con el director regional de la Superintendencia de Educación, Carlos Martínez, Diario Concepción consultó sobre el trasfondo de cómo se resuelven las denuncias que se realizan específicamente en torno al maltrato entre párvulos o estudiantes (dónde está contenido el fenómeno de bullying), y maltrato desde un adulto a un párvulo o estudiante.

Desde enero de 2022 y al 30 de septiembre de 2023, la Dirección Regional ha recibido 1.088 denuncias por maltrato a o entre párvulos y estudiantes, de las cuales 397 se encuentran activas y 691 resueltas (63,5%).
Del total de la categoría resueltas, el 88% se gestionaron en el Departamento de Protección Derechos Educacionales.

Desde ahí se pudieron resolver realizando acciones para corregir el problema con la conformidad del denunciante, en estos casos también existe un porcentaje en que se descartó una falta a la normativa.

En detalle

Un porcentaje del 0,8%, es decir 6 casos, pasaron al Departamento de Fiscalización dónde se realizó una inspección al establecimiento, y luego se subsanó la situación, o bien se resolvió que no existió infracción.

En tanto un 10,5% (73) de los casos pasó al Departamento de Fiscalía, ya que se instruyó un proceso administrativo, y donde luego de la intervención se advirtió una posible falta a la normativa educacional, por lo que de ese proceso derivan otras tres opciones. Estas son, en primera instancia, el sobreseimiento de tres casos, donde se puso término al proceso administrativo porque se determinó que no existió incumplimiento normativo que ameritara una sanción.

La segunda tuvo 11 casos que finalizaron con amonestación por escrito, dónde se señaló al amonestado el origen de la infracción administrativa y el plazo dentro del cual debía ser subsanada la infracción.
Y en tercer lugar, el 26%, es decir, 19 casos terminaron en multas que en 2022 sumaron en total 1.352 UTM ($86.473.920). Las de 2023 continúan en proceso.

En tramitación continúan otras 40 denuncias, ya que el proceso administrativo está en curso a la espera de una resolución definitiva.

El director regional explicó en qué consiste este procedimiento.

-¿Cuál es el procedimiento en los dos tipos (entre o hacia estudiantes) de casos de maltrato?

-En ambos casos el procedimiento es idéntico y se establece un plazo de 24 horas a 5 días, dependiendo de la gravedad de los hechos denunciados, en que la Superintendencia va a recabar todos los antecedentes y solicitará a los establecimientos toda la documentación relacionada con la denuncia.

Una vez recibida la denuncia se hace un análisis en relación a si se vislumbra una eventual incumplimiento a la normativa educacional, también se ofrece mediar el conflicto por la Superintendencia y si efectivamente no se están haciendo acciones para efectos de reparar en este en este sentido el incumplimiento puede ser derivado a la Unidad de Fiscalización, y en la cual se da inicio a un proceso de fiscalización para determinar efectivamente si hay un incumplimiento en la normativa educacional.

-¿Quiénes realizan las denuncias?

-Principalmente son los apoderados los que realizan las denuncias. O también pueden ser miembros de la comunidad educativa los que puedan ingresar esta denuncia. En esos casos, existe un principio de confidencialidad, que debemos resguardar como servicio.

-¿Después de recibir una denuncia en qué pueden finalizar estos procesos?

-Después de la denuncia, tanto en la Unidad de Protección de Derechos Educacionales como en el proceso de fiscalización, puede ser sobreseído cuando se da a entender que no hay un incumplimiento a la normativa educacional. Por otro lado, si se determina un incumplimiento a la normativa educacional, se traspasa a la Unidad de Fiscalía, la cual a través de un procedimiento administrativo sancionatorio puede establecer una sanción al establecimiento que va desde una amonestación por escrito, hasta multas en UTM. Como tercera salida, puede existir un acuerdo entre las partes a través de un proceso de mediación que nosotros, siempre ofrecemos a la comunidad educativa para efectos de recomponer y revincular las partes antes esta situación que naturalmente provocó la denuncia y existen casos en que la situación.

-¿Estos casos pueden terminar con la expulsión de una estudiante o el despido de algún funcionario?

-Hay que entender que los establecimientos educacionales tienen independencia con respecto a ciertas decisiones que ellos puedan tomar y que dice relación con lo que ocurre en todo el establecimiento en ese sentido.

Los procedimientos disciplinarios de expulsión de alumnos, forman parte de la potestad que tiene el establecimiento vocacional para efecto de determinar esa decisión unilateral de ahí con respecto a las decisiones que se puedan tomar con respecto a los trabajadores que puedan estar involucrados en estas situaciones, también el establecimiento es quien de acuerdo a la normativa que lo regule porque tenemos profesores que de alguna manera están regidos íntegramente por el Estatuto Docente ya que están vinculados a direcciones de educación o a los servicios locales de educación, pero por otro lado también tenemos profesores cuya fuente legal que lo que lo regula en relación a su empleadores, el Código del Trabajo, en ese sentido es el sostenedor el quién tiene la potestad y la atribución para efectos de determinar alguna medida disciplinaria.

-¿A qué se considera exitoso finalmente cuando se realiza una denuncia?

-Los casos que nosotros consideramos exitosos son aquellos que nosotros sometemos al procedimiento de mediación y este se logran acuerdos entre las partes, este acuerdo se cumple y se le hace seguimiento. Tratamos de impulsar la mediación y de promoverla, porque vemos que como vía de solución de conflictos en materia educacional tiene efectos muy positivos ya que re vincula las partes y de alguna manera permite que las diferencias que provocó el ingreso de las denuncias, la Superintendencia puedan ser superadas por toda la comunidad educativa.

-¿Se ofrece la posibilidad de separar a los estudiantes cuando están teniendo conflictos más graves?

-Hay una medida que busca la estabilidad dentro del establecimiento del menor, en la que se puede alterar la jornada de clases o se pueda permitir algún trabajo asincrónico. Para descomprimir un poco la situación, se puede optar por adecuaciones curriculares durante un tiempo breve. Es factible hacer algún tipo de modificación en relación a estas temáticas.

-¿Cómo se aborda la mediación de parte de la Superintendencia: se acercan al colegio, se realiza entre los apoderados o también se puede conversar directamente con los estudiantes?

-La mediación de acuerdo al nivel en el cual está el alumno, tiene sus características propias. En general y a medida que los alumnos son mucho más pequeños las mediaciones se realizan entre los padres y con los miembros también del establecimiento, ahí es donde se acercan las posiciones para efectos de determinar de qué medida se puede solucionar este conflicto. En el estudiante nunca puede estar sólo ya que es un menor de edad, siempre son los padres los que tienen que estar presentes, pero cuando ya son más grandes se les invita a ellos a asistir también, es una ponderación que se evalúa caso a caso. Siempre es importante también poder escuchar al alumno en estas situaciones, pero en general por regla son los padres los que intervienen en estos procesos.