Esta semana se dio inicio oficial al piloto de géneros en la Región del Biobío que implica la asignación de causas de mujeres y personas LBGTIQA+, a tres defensoras que ejercerán todos los derechos específicos que les corresponden a estos grupos tanto en el ordenamiento jurídico nacional como en el internacional.

Las defensoras Monserrat Varela Mutizabal, Nelly Argel Figueroa y Catalina Poblete Perez, serán las encargadas de tramitar estas causas que comprenden a personas que se encuentren en calidad de imputadas en una o más causas, ya sea en prisión preventiva u otra cautelar y por delitos de tráfico de drogas o VIF sin importar su edad o nacionalidad, para luego instar a la universalidad en la atención de todos estos casos en sus respectivas zonas de defensa.

El defensor regional, Osvaldo Pizarro, indicó que “este plan viene a afianzar y dar una estructura a la defensa con perspectiva de géneros que la Defensoría Regional del Biobío viene desarrollando hace años, pero que tuvo su principal punto de visibilidad con el caso de Lorenza Cayuhan y los fallos obtenidos recientemente en favor de mujeres que fueron inicialmente imputadas, pero que finalmente fueron absueltas o sobreseídas tras exponer -sus defensores y defensoras- que vivieron años de brutal, permanente y continua violencia intrafamiliar”.

La iniciativa se suma a las otras líneas de defensa especializada de la Defensoría Penal Pública: Juvenil, Migrantes, Pueblos Originarios, Mujeres y Condenados

UNA DEFENSA NECESARIA

La defensora Varela se refirió al desafío de sumarse al plan piloto y destaco la relevancia de que “las instituciones de Estado recojan las obligaciones que imponen los tratados internacionales en el sentido de dar protección a las mujeres, prevenir y erradicar toda forma de violencia o discriminación, y en ese sentido creo que tratándose de mujeres perseguidas penalmente, muy especialmente aquellas privadas de libertad hay un nivel de vulnerabilidad del que tenemos que hacernos cargo como funcionarios públicos y como defensoría”.
Este nuevo modelo de defensa especializada surgió desde la “mesa de género” instaurada a nivel nacional que buscó estructurar un mecanismo para otorgar una defensa adecuada y de calidad a estos grupos vulnerables, no solo desde la base del derecho, sino además teniendo en consideración su especial condición de desigualdad, prejuicios y discriminación que viven a diario.