La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción Concepción finalizó su segunda y última sesión del año, en la que acogió 64 de las 240 solicitudes presentadas por internos de los centros penitenciarios de las provincias de Concepción, Biobío y Arauco, cifra que equivale al 26,66% del total.

Del total de solicitudes, los comisionados aprobaron 25 de las 147 solicitudes del Complejo Penitenciario (CP) Biobío; 10 de las 17 del Centro de Educación y Trabajo (CET) Concepción; 4 de las 8 del CET Cañete; 5 de las 16 del Centro de Detención Preventiva (CDP) Mulchén, 10 de las 22 del CDP Yumbel, 8 de las 19 del CDP Arauco y 2 de las 11 del CDP Lebu.

“La comisión, respecto a los que les concedió, tuvo presente que había informes favorables en cuanto a su reinserción social y la baja posibilidad de reincidencia, que es la finalidad de este beneficio de libertad condicional que establece la ley, para que estos reos puedan reinsertarse adecuadamente en la sociedad, de acuerdo a una vigilancia y con el cumplimiento de las condiciones que se les imponen para esa libertad”, explicó el ministro Mauricio Silva, presidente de instancia.

La comisión sesionó entre el 2 y el 13 de octubre mediante la modalidad de videoconferencia y estuvo integrada además por las juezas del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción Antonella Farfarello, Paola Schisano; el juez del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete José Cánovas Fuentes y el magistrado Carlos Aguayo, del Juzgado de Garantía de Concepción.

El trabajo de la comisión está regido por el Decreto Ley N° 321, modificado por la ley 21.124 -que entró en vigencia el 18 de enero de 2019- que establece como requisitos para postular al beneficio de la libertad condicional, haber cumplido la mitad de la condena y dos tercios en el caso de condenas por delitos graves; presentar una conducta intachable en el establecimiento penal, y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería.

Dicha labor fue complementada, a contar del 17 de septiembre de 2020, con la entrada en vigencia del reglamento del Decreto Ley N°321 que determina que estos órganos deben detallar fundadamente en sus informes si los postulantes cumplen o no cada uno de los requisitos, debiendo prestar especial consideración a la posible resocialización desglosada en los informes psicosociales, se indicó desde el Poder Judicial en la zona.