Contraloría objeta trato directo para terminar el Puente Bicentenario

Entre las cuatro razones está el incumplimiento de haber sometido el proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental, tal como lo exigió el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.

Un verdadero balde de agua fría resultó ser para el ministerio de Obras Públicas (MOP) la decisión de la Contraloría General de la República de no tomar razón del decreto que permitía la contratación bajo la modalidad de trato directo de la empresa que iba a retomar los trabajos para terminar la conexión del Puente Bicentenario con avenida Chacabuco en Concepción.

Y realmente así se sintió al interior del organismo, desde donde se ha trabajado desde octubre pasado cuando se produjo la quiebra de la empresa Claro Vicuña Valenzuela, y las faenas quedaron abandonadas.

El problema es que una de las cuatro observaciones que realizó el organismo contralor obligan al MOP a ingresar el proyecto del puente al Sistema de Evaluación de Ambiental basado en una resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente que en marzo pasado y tras un fallo del Tercer Tribunal Ambiental con sede en Valdivia, fue particularmente dura con el Ministerio al no haber ingresado el proyecto a la tramitación ambiental respectiva.

Qué dijo Contraloría

“Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento que aprueba convenio celebrado por trato directo para la ejecución de la obra ‘Terminación Puente Bicentenario –Tercera Etapa, Región del Biobío (segundo llamado)-’, por cuanto no consta que el proyecto haya sido sometido al sistema de evaluación ambiental, si se tiene presente que de acuerdo con la resolución exenta N° 436, de 8 de marzo 2023, la Superintendencia de Medio Ambiente resolvió requerir al Ministerio de Obras Públicas -bajo apercibimiento de sanción-, el ingreso del proyecto ‘Puente Bicentenario’ al referido sistema”.

Así lo explicó en su resolución el organismo, pero ¿Cómo se puede pedir un estudio o declaración ambiental de un proyecto que está casi terminado?
Para entender esto hay que remitirse a 2017 cuando se presentaron tres reclamaciones ante el Tercer Tribunal Ambiental por los efectos que generaba la construcción del viaducto. En definitiva, la justicia acogió parcialmente uno de ellos y resolvió que al proyecto le correspondía el ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental por la cantidad de áridos removidos desde el mismo río.

Por ello, y dada esta resolución judicial, el Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) quedó habilitada para realizar su función y en esa lógica comenzó a solicitar informes y a realizar visitas a las faenas, lo que se tradujo en que tras los análisis de rigor, finalmente en marzo pasado emitió una la resolución que pedía al MOP el ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental del Proyecto de construcción del Puente Bicentenario, basado en el fallo del tribunal ambiental.

Reacciones

Consultado por este traspié, el seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, afirmó que esperan que estas observaciones no retrasen el cronograma fijado por la cartera para terminar en este periodo de gobierno la conexión del puente con avenida Chacabuco a más de 10 años de iniciado el proyecto.

“Lo que entiendo que Contraloría nos dice díganos cómo van a resolver esta observación que ya existe, y lo que nosotros le vamos a decir cuál es el procedimiento que vamos a seguir adelante para poder responder esa observación del Tribunal Ambiental. Pero entender que no podemos por eso detener esta otra obra (la extensión hacia Chacabuco) que es tan emblemática para nosotros de poder terminarla en este periodo de gobierno”.

“No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir con nuestro empuje, si quieren díganos que somos obcecados en esta materia , pero lo somos porque la gente está preocupada y porque la gente requiere respuestas y en ese el ministerio de Obras Públicas tiene un compromiso absoluto de sacar este proyecto adelante”.

En tanto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, apeló que en este tipo de temas, se debe encontrar la manera de resolver las diferencias, en un espíritu de colaboración, porque en definitiva los efectos de estas diferencias de criterios los pagan las personas.

“Creo que entre instituciones del Estado tenemos que conversar y ver las mejores formas, al final, el impacto que tiene el retraso importe en esta obra tiene que ver con la gente, con el mejor uso de la infraestructura, entonces, tenemos que tratar de conciliar las dos cosas”, explicó la ministra, quien enfatizó también la necesidad del cuidado medioambiental de los proyectos.

“Estoy convencida que tenemos que ser capaces de hacer todas las obras de una manera que nos permita cuidar el entorno que tenemos. Si no somos capaces de hacer eso, estamos perdidos”, dijo la secretaria de Estado.

Reuniones

En la búsqueda de encontrar un camino de solución a la situación generada, este jueves, la Dirección General de Obras Públicas y la Contraloría se reunieron para encontrar la manera de más adecuada y rápida de zanjar las observaciones planteadas y que además del tema medioambiental están relacionadas con aspectos formales del trato directo con la empresa seleccionada, esto es que no aparece suficientemente justificado que al contrato se le aplique el reajuste polinómico, cuyo coeficiente corresponde al tipo de obra infraestructura vial, subtipo “intensivo en acero”.

También se alude a las condiciones especiales de las pólizas de seguro que se mencionan en el contrato y por último, debe explicarse, señala la Contraloría, la razón por la cual sólo recién en julio del presente año se aprueba el convenio que se analiza si se considera que las razones que motivan el trato directo ya se conocían, a lo menos desde enero de 2023, observó el organismo.