Se triplicaron las solicitudes de Transparencia al Gobierno Regional

Consejeros Regionales solicitan reestructuración para poder responder a la acción administrativa, con el fin de recuperar la fe pública y que el funcionamiento del Gore no tenga episodios de atraso.

Un total de 58 solicitudes de transparencia se realizaron al Gobierno Regional (Gore) del Biobío en julio de 2023, triplicando las 19 que se dieron al mismo mes del año pasado.

La información que fue entregada por el mismo Gore a Diario Concepción, específica que para julio de 2020 fueron 14 las solicitudes mientras que en 2021 se hicieron 21, por lo que la cifra actual también triplica el promedio de estos últimos años.

Por lo anterior, en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno Regional que se realizó este viernes, Luciano Parra, jefe de División Social del Gore expuso ante los consejeros una serie de informaciones por el Caso Convenios, dentro de las cuales detalló este incremento de solicitudes.

“Hemos tenido un problema que retrasa la forma que desarrollamos nuestro trabajo, es evidente, en tiempo y también en el rostro de nuestros funcionarios”. Además, Luciano Parra detalló que lo anterior implica triplicar los esfuerzos de los funcionarios.

Vías y alternativas

Antes esto, el consejero regional del Partido Socialista, Andrés Parra, señaló que la ley de transparencia exige un plazo de 20 días para contestar por lo que es complejo para los trabajadores y trabajadoras que sea más importante responder a la transparencia que el trabajo normal.

“La información de Transparencia no es llegar y entregarla, hay que filtrar los datos que están tipificados en la ley como datos sensibles. Eso no es instantáneo y son los mismos funcionarios que dentro de su trabajo se les demanda ese trabajo adicional”, afirmó Parra.

Por un lado, los consejeros regionales coinciden en la necesidad de contratar personal especializado en responder a los requerimientos de transparencia. Sin embargo, es necesario considerar que los Gobiernos Regionales tienen que someterse a la reglamentación en materia de contratación de personas, solicitando un aumento en su planta que probablemente se concretaría el próximo año, como también especificó Andrés Parra.

“Creo que el Gore lo que va a terminar haciendo es reestructurar el funcionamiento interno para poner algunas personas exclusivamente a responder estas solicitudes de Transparencia. Siempre a costa de que algunos otros trabajos van a ser más lentos, imposible que sea de otra manera”, manifestó el consejero y agregó que a sus juicio hay dos problemas: la dificultada de contratar más personas y la urgencia que tienen los municipios para aprobar sus proyectos.

“Los procesos ajenos a los Gobiernos Regionales, también están lentos. La Dirección Nacional de Presupuesto está trabajando más lento, está detenida prácticamente y luego se envía a la Contraloría para la Toma de Razón y eso está más detenido todavía, a pesar que el Gore logre solucionar sus procedimiento internos, tenemos una situación país compleja”, expuso Parra.

En tanto, Rodrigo Vera, consejero regional independiente, indicó que se tiene que crear la tecnología y el personal adecuado para que coordine con la entrega de información de los distintos departamentos. “No puede pasar que cada departamento empiece a destinar su personal que es para la evaluación de proyectos, que los deriven a la respuesta de transparencia, creo que es un error, como es tanta la avalancha de solicitudes se tiene que potenciar la unidad de seguimiento y control”.

Para Vera el Gobierno Regional debería contratar personal y contar con un contralor interno. “Que sea la persona a la que uno se dirija directamente, creo que hay que darle una institucionalización al proceso. Saber quién es el encargado de esto, y saber quién tiene que responder, eso hoy día no está”, sumó.

Por otra parte, Camila Arriagada consejera regional del Partido Iguales, estableció que “esta necesidad (respuesta a solicitudes de Transparencia) tiene un contexto que se generó por una decisión política errónea que tiene costos económicos y también humanos, entre estos últimos disponer gente para responder la fiscalización ciudadana ante el despilfarro de recursos”.

Arriagada, señaló que considera que se está dando una crisis de falta de credibilidad producto de la falta de claridad a la hora de asumir responsabilidades. “Y la inacción para concretar la recuperación de los recursos públicos. Hemos propuesto hace bastante tiempo que las comisiones de trabajo sean públicas y se transmitan en vivo, como en el Parlamento, que se puedan autoconvocar”.