A pocas semanas de cumplirse 50 años del Golpe de Estado, la Iglesia Católica en la zona repasa la documentación sobre la ayuda prestada a personas y sus familiares, quienes debieron enfrentar la persecución y la muerte tras la llegada del régimen militar al poder.
Frente a la Plaza de la Independencia y un subterráneo se encuentra la oficina donde se mantiene el archivo del trabajo de Derechos Humanos que la Iglesia Católica de la región realizó durante la dictadura militar.
Se trata del material recolectado durante 16 años, mediante la labor de dos iniciativas que fueron creadas para responder a las denuncias sobre muertes, desapariciones, encarcelamientos y persecuciones que vivieron personas tras la llegada de los militares al poder y que obligaron a la Iglesia a buscar una forma de responder a ellas.
Así lo detalló María Eliana Vega, encargada en la actualidad de custodiar y mantener esta documentación.
“Los primeros registros que hay en este archivo de Derechos Humanos datan, aproximadamente, de octubre de 1973. Es cuando se crea el Comité Pro Paz (Comité de Corporación para la Paz en Chile), en distintas ciudades del país, a instancias del cardenal Raúl Silva Enríquez en Santiago, y que era un organismo ecuménico y se levanta este comité para comenzar a recibir las denuncias de violaciones a los derechos humanos que ya estaban ocurriendo a partir de 11 de septiembre de 1973”, recordó.
Y es que en este periodo de la historia reciente del país, una parte del trabajo en la defensa de los DD.HH. se realizó desde dos espacios que funcionaron al alero de la iglesia. El ya mencionado Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad que surge en 1975, como explica Vega, pero que en la zona dio paso al surgimiento del Departamento de Servicios Sociales, creado por el Arzobispado penquista, detalló.
“Entonces se instala en Concepción el Comité Pro Paz, primero en una oficina, más bien en un pasillo del Arzobispado de Concepción, que estaba en ese tiempo en Barros Arana #544, y al poco andar, cuando ya se empieza a saber de la existencia de este organismo, se traslada a Barros Arana #401, que también es una casa del Arzobispado, pero donde había un hogar de estudiantes. Ahí comienza a funcionar este comité”.
“Funciona hasta fines de 1975 cuando el general Augusto Pinochet le ordena al cardenal Henríquez que lo cierre y en Santiago se crea la Vicaría de la Solidaridad. Y aquí en Concepción , el obispo José Manuel Sánchez crea el Departamento de Servicio Social, donde queda a cargo don Jorge Barudi Videla”, rememora la encargada del archivo.
La información recolectada en casi dos décadas surgió de los primeros esfuerzos por sistematizar de algún modo los antecedentes que las personas comenzaron hacer llegar para exponer su situación.
“Lo que se empieza a hacer ahí es recibir las denuncias de las personas que llegaban a plantear su situación , que había sido detenidas o que llegaban familiares a contar que sus parientes, padres o hijos, hermanos, esposos había sido detenidos y no se sabía su paradero, entonces se empieza a registrar esto en una ficha, que al comienzo era sólo un registro, para luego comenzar a hacer un seguimiento de las situaciones y saber qué había pasado con las personas. Entonces, ahí se comenzaron a armar carpetas”, detalla Vega.
Y así fue naciendo el archivo, tan solo como un simple registro poco a poco fue ganando orden debido a la necesidad de gestionar los requerimientos a nivel regional, cuando la zona incluía el territorio que hoy es la Región de Ñuble.
“Al comienzo esto no era un archivo, simplemente era un registro que los abogados manejaban, los asistentes sociales hasta que en algún momento se dieron cuenta que era necesario tener algo mucho más sistematizados y empiezan a armarse carpetas. Se hace una ficha unificada y ahí se comienzan a registrar estos casos”.
La historia del archivo se fue construyendo con los años y no estuvo exenta de dificultades y reparos al interior de la propia iglesia. Por ello, comenzando la década de los ochenta, la tarea de defensa de los Derechos Humanos terminó dando vida a una nueva pastoral al interior de la iglesia.
“El año 1983 se produce reorganización del Departamento de Servicio Social, la Iglesia considera que es necesario que esta labor se conozca y se valide más bien al interior de la propia Iglesia, porque igual había crítica de ciertos sectores que no les parecía que sea estuviera trabajando en esto y por ello se crea la Pastoral de Derechos Humanos, que cierra en el año 1992 , ya en democracia cuando se realiza el trabajo para el Informe Retting, que yo diría que más de 80% de la información que contiene este informe de la región del Biobío, proviene de este archivo”, aseveró Vega.
“El archivo al cierre de la Pastoral de Derechos Humanos queda bajo la custodia de la Vicaría Pastoral Obrera. Se termina esta vicaría y queda oficialmente bajo la custodia del Arzobispado de Concepción” relata la encargada de este espacio.
“Y lo que hay aquí entonces son registros de situaciones ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, por lo tanto este es un archivo cerrado oficialmente”, subraya.
Este ha sido otro de los principales aportes que ha permitido la mantención de este archivo. Ya que debido al trabajo realizado por casi dos décadas, ha sido fuente de consulta para jueces y policías que han investigado a lo largo de los años los crímenes cometidos en dictadura.
“Se trata de un archivo privado, porque pertenece a una institución privada que es el Arzobispado de Concepción, pero de interés público, porque la información que contiene acá es valiosa y sensible sobre todo para las personas que hicieron denuncias”, aclaró Vega.
“Entonces, este archivo es materia de consulta para las personas que denunciaron, para las víctimas directas, que sufrieron prisión política, exilio, relegación”.
“Para los familiares de las víctimas en aquellos casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Y también para las causas que se han llevado en Derechos Humanos. Abogados lo consultan para verificar antecedentes para saber si esas personas tuvieron o no denuncias en algún momento, si se hizo una acción judicial”.
“Y lo consultan jueces que llevan causas de violación a los Derechos Humanos. Se solicitan para verificar la autenticidad de los documentos. También la Policía de Investigaciones por petición de jueces, sobre todo si son de otra zonas”, enfatiza la también periodista y encargada actual del archivo.
Este cuenta en la actualidad con 7 mil 400 carpetas con información recibida a lo largo de los años. De ellas, 192 carpetas de detenidos desaparecidos que son de la Región del Biobío. Más de 68 carpetas que corresponden a personas de la ahora Región de Ñuble. Además de 240 carpetas con información de personas que fueron exiliadas-retornadas.
Desde hace un tiempo, el archivo está siendo digitalizado para conservarlo con el paso del tiempo. De hecho, ya se ha logrado que casi la mitad de las carpetas hayan sido escaneadas, lo que nuevamente le da un valor especial a este espacio de memoria y conservación.
“En términos concretos este es el único archivo hasta donde yo sé, de esta naturaleza que existe en la Región del Biobío y podría no equivocarme al decir, que en todo el resto del país, fuera de Santiago”, cerró María Eliana Vega.
DIGITALIZACIÓN. Buscando asegurar la conservación de los documentos se trabaja en este tipo de procesamiento informático.
