Entidades con tradición en la Región del Biobío manifiestan su inquietud por ser perjudicados a raíz de los casos conocidos nacionalmente. Advierten que esto lleva a generar más dificultades en el acceso legal a recursos.
Distintas fundaciones que nacieron en la Región del Biobío manifiestan su preocupación respecto de que la opinión pública pueda generar un prejuicio sobre sus funcionamientos tras los conocidos casos de entrega directa de dineros a organizaciones de este tipo y a la ejecución poco clara de esos recursos. Situaciones que están siendo investigadas por diferentes entidades del aparato estatal.
Además, temen que la solución parta por el endurecimiento en los requisitos por los cuales tendrán que pasar para conseguir fondos, el que advierten que ya son lo suficientemente complejos. Argumentan que lo necesario es fiscalizar a quienes otorgan los recursos, más que a la sociedad civil, etc.
Desde la Fundación Trabajo Para Un Hermano, que tiene 35 años de funcionamiento, Pedro Orellana presidente del directorio lamentó los casos que se han conocido porque lamentablemente la opinión pública tiende a generalizar, y destacó que el manejo dudoso de recurso es un problema que ha ocurrido desde hace mucho independiente de quienes estén en ese momento con la posibilidad de entregarlo directamente. “Eso nos preocupa porque es una posibilidad que permite efectivamente trabajar o producir acciones en lugares dónde es muy difícil que se pueda llegar de otra forma (que no sea trato directo) y con la rapidez necesaria”, indicó.
“Es malo que tengamos una manzana que pueda echar a perder todo el cajón o que se pretenda que todos hacen su trabajo mal, se destacan los hechos negativos y no se habla de los hechos positivos, yo comprendo que es grave y no debiera haber ocurrido, pero hay que destacar también todo lo correcto que se ha efectuado y los trabajos importante que se han hecho a través de esta posibilidad de realizar un flujo de recurso en forma rápida a un entidad como es una fundación”, manifestó Orellana.
El presidente del directorio de Trabajo Para Un Hermano, destacó que en la institución que representa siempre han salvaguardado el tema financiero, como orden interno realizan todas las rendiciones de cuenta. “Somos una fundación que nació al alero del arzobispado y seguimos ligados a eso, por lo que estamos conversando con el arzobispo sobre la modernización de nuestro estatuto”, apuntó.
En general, Orellana manifestó que cuentan con una amplio apoyo y confianza, pero al mismo tiempo desde la fundación retribuyen eso con informes de auditorías externas. “Una empresa audita la contabilidad del año, ese informe es visado y autorizado. También tenemos nuestros protocolos internos de flujos de recursos, hay un rendición mensual que se hace dentro del directorio de como van los flujos de caja programado del año y cómo vamos en relación eso en ese mes”.
En cuanto a si alguna vez han encontrado algo irregular en esos procesos, Pedro Orellana respondió que “no, en 35 años no hemos encontrado nada irregular, porque también generalmente para quien ingresa a TPH hay ciertas condiciones, se elige quienes van a ingresar a la fundación o a ser parte del directorio y a las personas que apoyan externamente”.
El presidente del directorio de TPH, afirmó que afortunadamente nunca se han encontrado con ese tipo de dificultades ya que ponen especial cuidado. “Sobre todo pensando en las personas con quienes trabajamos, a quienes apoyamos que es el sector más vulnerable y en estos momentos nos hemos enfocado en mujeres”, señaló y agregó que se debe tener mucha claridad, tener las manos limpias, porque necesitan generar confianza en sus beneficiarios.
“Producto de eso tenemos apertura o se nos busca para que podamos trabajar con ciertos fondos”, estableció Orellana.
Respecto a si esta crisis de confianza que existe hacia la entrega de fondos a algunas fundaciones, Orellana aseguró que no cree que vaya a generar cambios significativos en su funcionamiento. Actualmente están trabajando con el Gobierno Regional en un curso de conducción profesional para mujeres, en que mantendrá su ejecución normal.
“También comprendemos que hay cosas por mejorar tanto en el manejo de lo que son las fundaciones como también la institucionalidad para poder ser más efectivos y este tema no es nuevo. Yo salí el año 82 de la Universidad de Chile como arquitecto y me tocó ver que compañeros formaron fundaciones, hicieron su trabajo y por lentitud de todo el sistema quebraron, hay que mirar hacia ambos lados, no sólo un extremo”, declaró Pedro Orellana.
La Fundación Tierra de Esperanza tiene 26 años de funcionamiento, nació en la Región del Biobío y hoy tiene presencia desde Iquique hasta Puerto Montt. Se encarga del resguardo de los derechos de la infancia.
Su presidente ejecutivo, Rafael Mella indicó que “es obviamente muy preocupante la situación en particular que se está viviendo con los casos que hasta hoy son conocidos y creo que es importante poner el foco no solamente en la organizaciones que reciben los recursos, sino que en el Estado que tiene como misión administrar los recursos de todos nosotros que le son confiados”.
Mella aseguró que en general la entrega de recursos, al que ellos como fundación han accedido, está bastante regulada y se debe cumplir una serie de requisitos de alto estándar. “Pero ahora nos damos cuenta que hay casos que la entrega de recursos tiene bastante pocos controles, se entrega en forma directa a instituciones que no han cumplido con requisitos mínimos o la experiencia necesaria”.
En cuanto a la importancia de las fundaciones en general como articuladores de recursos que tiene disponible el Estado, Mella comentó que “estamos convencidos de que para poder resolver distintos problemas de distinta índole (…) una buena asociación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil”.
“Lo que significa que todas las fundaciones quedemos en el mismo saco, también puede llevar al error de hacer un sistema extremadamente burocrático respecto a los recursos. Hoy en día hay servicios que trabajan de buena manera en relación a la supervisión. Lo que se tiene que corregir son cuestiones bastante burdas con las que nos hemos encontrado”, afirmó Rafael Mella.
Mónica Molina, presidenta de la Fundación Alto Río, aseguró que no están preocupados por los casos de negligencia en usos de recursos fiscales, ya que no cree que la sociedad esté haciendo un cuestionamiento general a las fundaciones. “Tal vez sólo haya dudas respecto de aquellas que reciben dineros por trato directo y cuyos objetivos o alcances no están muy claros”.
En el caso de Fundación Alto Río, afirmó que no reciben financiamientos externos. “El directorio aporta dinero de sus bolsillos mensualmente para financiar lo básico. Sólo una vez postulamos a un fondo concursable cumpliendo bases y ejecutamos el proyecto sin inconvenientes, entregando las rendiciones pertinentes. El fondo era además pequeño”, comentó.