El paso por el Sistema de Evaluación Ambiental y el “visto bueno” de Desarrollo Social son los principales pasos que deben dar las iniciativas. Aunque nadie se atreve a decirlo en voz alta, existe el temor que la extensión de estos procesos afecte el plazo fijado de 5 años para ser realidad.
En medio de la primera reunión del Comité Asesor Ministerial del Plan Más Movilidad, que busca materializar 22 obras de infraestructura y de transporte y avanzar en los estudios de otros 8 proyectos, distintos representantes de esos mismos ministerios, de empresas públicas y organismos que forman parte del aparato público manifestaban en privado su preocupación por lo ajustado de los plazos, pero por sobre todo, por el paso ineludible que tendrán que tener cada una de las iniciativas en dos áreas: la medioambiental y la evaluación técnica y económica para establecer la rentabilidad social de éstos.
Y es que pasar por ambos procesos es un “cáliz del que muchos no quieren beber” simplemente por el tiempo que consumen y las altas exigencias que se imponen.
Por ello, consultado por Diario Concepción, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, quien encabeza este Comité AsesorMinisterial del Plan, señaló que se trata de procedimientos importantes que hay que cumplir, pero que completar los proyectos y entregarlos al uso de la comunidad, lo era también.
“La resolución ‘RS’ es muy importante porque eso habilita también para el Sistema Nacional de Inversiones y la parte ambiental es también importante porque hoy día estamos en un gobierno que tiene una preocupación por esta área, tiene una preocupación por las personas y eso no puede quedar abandonado. Eso no significa que los proyectos se tengan que retrasar por esas materias, sino cómo la infraestructura del Estado se prepara para poder acoger esto, que es tan importante como la protección del medioambiente”, indicaba el pasado viernes la autoridad nacional de Transportes.
La primera de las evaluaciones a la que deben someterse los proyectos que MOP, Minvu, Transportes y EFE están desarrollando o pretenden concretar es obtener el visto bueno o la Recomendación Favorable, más conocida como RS de cada uno de los proyectos presentados. Esta evaluación se realiza ante el ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso).
Así entonces, el RS es igual a la aprobación sin condiciones de las iniciativas de inversión (IDI) que se presenten al Sistema Nacional de Inversión (SNI). Una vez aprobada, esta pasa a formar parte de la cartera de proyectos posible de financiar y ejecutar en el proceso presupuestario del año que postula. Asignación de recursos que se realiza en la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Dicho esto, el representante en la región del Mideso, el seremi Hedson Díaz aclaró que no debería existir temor de que sea en la tramitación ante este ministerio, el que pueda generar retrasos a la ejecución de los proyectos porque son el único organismo que tiene un plazo establecido para entregar o no ese visto.
“La única entidad dentro del Sistema Nacional de Inversiones que tiene plazos establecidos es el ministerio de Desarrollo Social y Familia, no hay otro ente que tenga esos plazos establecidos por normativa. Nosotros tenemos 10 días hábiles para responder, por tanto, muchas veces se especula de la revisión que realiza Desarrollo Social y nosotros lo que vemos finalmente es la factibilidad y la rentabilidad económica de los proyectos, porque nuestra misión es cautelar por la buena ejecución de los recursos públicos y que éstos estén acordes con el gasto que se va a generar”, dijo.
Sobre por qué entonces, ese visto bueno o recomendación favorable demora en obtenerse, el seremi indicó que se debe a las observaciones que se realizan y que al tratarse de tramites que se debe realizar ante otros organismo, suelen extender dicha tramitación.
“Muchas veces las observaciones que se generan son de difícil resolución porque tiene que ver con otros factores, como por ejemplo, con una expropiación o algún paso de servidumbre que son cuestiones que claramente se van a demorar, pero no que estén en Desarrollo Social, sino que están en las instituciones que están a cargo de los proyectos que son las que presentan estas iniciativas”, aseveró Díaz.
En este sentido el seremi añadió que esta cartera de proyectos se le dará preferencia a la hora de realizar las evaluaciones.
“Para nosotros es absolutamente prioritario el Plan Más Movilidad y también el comité de seguimiento interministerial de la inversión pública, son dos tareas que el presidente Boric nos ha puesto por delante y en eso nosotros estamos trabajando de manera importante. Estamos priorizando los proyectos del Plan Más Movilidad, pero también los proyectos de infraestructura asociados al Plan Buen Vivir”, recalcó.
El otro “gran susto” a la hora de tramitar los permisos necesarios para poder ejecutar un proyecto es el pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que tiene las complejidades propias de establecer si una iniciativa tiene o no la capacidad de generar efectivamente algún efecto en la zona donde pretende instalarse, construirse u operar. Por eso este sistema es instrumento de gestión ambiental destinado a la evaluación y predicción de dichos impactos ambientales.
Y en este sentido el seremi de Medioambiente, Óscar Reicher, al igual que su par de Desarrollo Social y Familia, negó que pasar o someter los proyectos a evaluación ambiental pueda generar per se un retraso en la ejecución de los mismos.
“No es justo pedirle al SEIA cosas que no son materia de evaluación ambiental, si no más de la planificación, de cómo ordenamos el territorio, que de una evaluación técnica, porque finalmente eso es lo que hace el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, afirmó. Es decir, si el plano regulador de una comuna permite la instalación de determinado tipo de empresa y el titular del proyecto cumple con la normativa, no es posible negarle la autorización, ejemplificó Reicher.
Además, el representante del ministerio del Medioambiente en la zona expresó que en no pocas ocasiones los retrasos se dan porque los titulares de los proyectos llegan con Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental incompletos.
“Y en término de los plazos, de muchos proyectos que se demoran, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es un diálogo finalmente, donde la empresas o el titular presenta su proyecto y por otro lado la administración pública tiene que responder cómo está evaluado ambientalmente esa iniciativa y en ese diálogo, a veces, la falta de respuesta no necesariamente viene o la tardanza no necesariamente viene de la administración pública, si no también de los mismos titulares al momento de presentar los proyectos”, añadió el seremi,
La autoridad local recalcó además que el rol de ministerio en la Mesa Asesora del Plan Más Movilidad será la de orientar las iniciativas.
“Es poder tener esta mirada más amplia, que no solamente se quede en la Evaluación Ambiental, si no que también considerar que se pueden hacer cosas en lo que tiene que ver con la ejecución propiamente tal de los proyectos que se quieran construir. Ahí vamos a estar aportando u orientando estas miradas que es el rol del ministerio (de Mediomabiente) el estar orientando la toma de decisiones, tanto de políticas, programas, actividades o acciones puntuales que se vayan a realizar, por lo tanto, ahí el ministerio está ejerciendo su rol”, cerró Reicher.