Ministro de Justicia y nuevas cárceles: “Esa necesidad existe y es urgente”

Luis Cordero analizó en su paso por la Región la realidad en materia de seguridad y penitenciaria que se vive en la zona y el país, que inquieta a las autoridades y a Gendarmería en función a generar nuevos cupos en recintos penales a corto plazo.

Fue su primera visita a la Región y más allá de la contingencia que siempre puede obligar a un nuevo viaje, el ministro de Justicia, Luis Cordeno, tiene programado regresar en agosto y septiembre próximos, para participar en el aniversario de la Corte de Apelaciones de Concepción y una actividad con la asociación local de magistrados. Tras distintas reuniones con los servicios públicos que funcionan bajo la supervisión del ministerio que hoy encabeza, el titular de cartera conversó con Diario Concepción en un periodo marcado por la discusión de mayor seguridad ciudadana y de endurecer todo lo posible las sanciones para quienes delinquen.

– ¿Cuál es la situación de mayor urgencia con la que se encontró en la zona entre los servicios públicos que dependen de Justicia?

En general diría yo que los servicios tienen elementos comunes de demandas. Esas demandas comunes son temas que están vinculados en muchas ocasiones a temas de infraestructura, otras de dotación, las particularidades de la Región que, en algunos casos, tiene que ver con las distancias.

En regiones como esta, la importancia sobre todo en aquellos servicios que tiene prestaciones como el Registro Civil, por ejemplo, o el funcionamiento del Servicio Médico Legal en que sus oficinas estén adecuadamente distribuidas. La experiencia a propósito del trabajo por los incendios forestales fue clave también en los servicios de Justicia. Luego tenemos realidades más particulares, en el caso de Gendarmería.

– ¿Por qué es particular el caso de gendarmería?

Gendarmería siempre es una institución que uno tiene que tener mucha preocupación, mucha dedicación, especialmente ahora, no solo por Concepción si no a nivel global, Gendarmería está recibiendo una cantidad de personas privadas de libertad en una tasa de crecimiento muy significativa, en muy poco tiempo.

La infraestructura carcelaria, el número de plazas en infraestructura carcelaria en Chile es la misma desde el año 2012 hasta hoy y estamos en un aumento que ha sido sostenido en el último tiempo, por distinto tipo de razones, y con una infraestructura que no se amplió Gendarmería está haciendo su mejor esfuerzo para poder tener disponibilidad de plazas y poder gestionar adecuadamente.

Concepción tiene una ampliación que se está terminando ahora (cárcel El Manzano) y una habilitación que se va a desarrollar, ahí estamos resolviendo algunos temas específicos de se proceso de habilitación, pero visto desde ese punto de vista Concepción es bien importante no solo para la región sino que para sostener también el funcionamiento de Gendarmería en los años siguientes.

– Desde esa perspectiva ¿existe la necesidad de elaborar un plan de construcción de nuevas cárceles?

Esa necesidad existe, esa necesidad es urgente. Yo lo diría del siguiente modo, el no haber desarrollado o no haber ampliado la capacidad penitenciaria por más de 10 años es el problema que tenemos hoy día. Eso hacia el futuro nos enseña que lo que debemos ir desarrollando es hacer sostenible, precisamente, los planes de infraestructura, yo diría de tres dimensiones. La primera tiene que ver con ampliar en algunos penales donde eso es posible.

Del orden los cuatro a cinco en el país: Alto Auspicio, La Serena Rancagua, Puerto Montt, porque todo el mundo quiere construir cárceles, pero nadie quiere una cárcel cerca, entonces las disponibilidades de suelo que tenemos también son relativamente acotadas. Eso lo que está generando que, dentro de los 31 proyectos priorizados entre el Ejecutivo y los presidentes de la Cámara y del Senado, a propósito de la agenda de seguridad, uno de ellos tiene que ver con simplificar trámites para la construcción de infraestructura carcelaria o infraestructura esencial.

– ¿Y las otras dimensiones o ámbitos cuáles son?

Son aquellos aspecto s que están vinculados a los programas futuros de inversión, que son cárceles nuevas. Hay algunas cárceles de las que venimos hablando hace 15 años, por ejemplo Copiapó.

El problema es que cuando se empezó a hablar de la nueva cárcel se dejó de invertir en mantención en la cárcel que había, entonces si se retrasa la infraestructura carcelaria, lo que pasa es que la actual se deteriora.

Y lo tercero, tiene que ver con tratar de realizar la mayor cantidad de recuperación de plazas (cupos al interior de los penales) en centros penitenciarios que estén en operaciones y que no están disponibles porque producto, muchas veces, de su intensivo, provoca que muchos de ellos queden inutilizados. Entonces, estamos tratando de recuperar dentro de la propia infraestructura plazas que por uso intensivo han sufrido deterioro.

– ¿Novedades para la región del Biobío en este sentido?

La novedad es que estamos en la ampliación de El Manzano que para nosotros es clave , para los funcionarios de Gendarmería también es clave y ese es nuestro foco en la actualidad. Luego, ir viendo la manera en que podemos ir recuperando otro tipo de penales, que en principio hace algunos años se estaban pensando en cerrar y que hoy día nosotros necesitamos volver a habilitar.

– Y en esta línea, a su juicio ¿necesitamos construir otros tipos de cárceles para enfrentar fenómenos como el del crimen organizado?

Lo que necesitamos es una nueva perspectiva del sistema penitenciario, sobre todo cuando la agenda de seguridad domina mucho. El tema no se reduce solamente a construir cárceles, más cárceles, porque entre otras cosas usted no tiene capacidad infinita de construcción ni tampoco de encierro.

Lo que un buen sistema de justicia debiera buscar es la posibilidad de reducir el crimen y de esa manera permitir seguridad. Y para eso uno tiene que hacer fundamentalmente dos cosas: uno, permitir que el sistema de justicia actúe de modo eficaz.

Eso significa reducir brechas de impunidad, en términos concretos significa que si los delitos se cometen se investiguen y se sancione a los culpables. Este es uno de los problemas que estamos teniendo en homicidios: aunque tenemos la tasa por 100 mil habitantes más baja de América Latina, lo preocupante es que ha aumentado el número de homicidios con imputado desconocido. Entonces, cuando uno tiene imputados desconocidos, lo que no tiene son resultados en el sistema de justicia y el mensaje que uno envía a la comunidad es que hay impunidad.

Y lo segundo, es permitir que el sistema penitenciario no pierda el foco en que las personas que enfrentan el sistema penal y que cumplen condena, tengan la posibilidad efectiva de reinserción, porque de lo contrario, la probabilidad de reincidencia sigue siendo alta y por lo tanto, tener un inadecuado sistema de reinserción es un problema de seguridad en el largo plazo.

– ¿A qué se refiere con eso?

Cuando usted tiene un sistema penitenciario muy congestionado , entonces, no solo tiene un problema de afectación de derechos de las personas que están ahí, no solo tiene un problema de uso intensivo de la infraestructura carcelaria, por lo tanto, se deteriora con mucha facilidad, afectos también a los funcionarios.

Los temas de seguridad se hacen mucho más complejos, porque no puedo segregar adecuadamente, tengo más personas por metro cuadrado, por lo tanto los niveles de violencia pueden aumentar y la posibilidad de realizar reinserción dentro de la cárcel se reducen drásticamente.

Necesitamos tratar de mirar el sistema penitenciario como parte de la estructura de seguridad en el largo plazo , pero en el entendido que lo que uno tiene que hacer es reducir la posibilidad de reincidencia de las personas y eso supone tener un buen sistema de reinserción.

Ahora, esto también significa mirar a Gendarmería más allá de la gestión de los penales, sino que hay un rol. Gendarmería está cumpliendo un rol en el combate contra al crimen organizado, bien relevante en el desbaratamiento de bandas desde la cárcel. Se acaba de aprobar una ley que es la que le da un rol a gendarmería en la investigación de crimen organizado por el ministerio público.

Esa ley es producto de la buena experiencia que ha tenido en el desarrollo de su unidad de investigación criminal. Entonces, es una institución que uno debiera mirar también desde esa complejidad.