“La violencia rural en la Macrozona Sur ha disminuido en 31%”: aseguró el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve

Destacó la persecución penal efectiva, dotar a las policías de mayores capacidades, así como el proyecto de sistema nacional de inteligencia y el compromiso de fortalecer la ciber seguridad y realizar un diálogo político para que la paz se mantenga.

“Es un cargo intenso”, así describió Manuel Monsalve su función como subsecretario del Interior que asumió en marzo. “Es intenso para todos los gobiernos, pero creo que, en este Gobierno en particular, la función de seguridad pública que asume la Subsecretaría del Interior adquirió una dimensión mucho más relevante producto de que la seguridad se instaló a diferencia de los periodos anteriores como la principal preocupación del país”, dijo en entrevista con Diario Concepción.

Aseguró que durante la gestión del Gobierno se han reducido los hechos de violencia en Arauco y que la violencia rural ha disminuido en un 31% en la Macrozona Sur. Aspira a que al término del Gobierno no exista un Estado de Excepción vigente, sino más bien que las policías estén mejor dotadas, tanto en recurso humano, como tecnológico, para resolver los conflictos y mantener la paz en el tiempo.

De hecho, al ser consultado sobre cuál es el balance que hace de los avances del Gobierno en materia de seguridad indicó. “Nos hemos hecho cargo de entregarle al país ciertos lineamientos materia de seguridad que no estaban completamente claros. Hemos sido capaces de diseñar una estrategia de su seguridad que un país debe tener y, también hemos implantado programas de acción que permiten enfrentar los problemas territoriales en el día a día”, dijo.

“Si lo miro así, la seguridad tiene que ser mirada de la perspectiva de un derecho, al que legítimamente tienen que aspirar los ciudadanos y, que el Estado y los gobiernos tienen que garantizar. Es un elemento que hemos logrado instalar. Hay un segundo elemento que está en proceso, que es definir que la seguridad tiene que ser una política de Estado. El Gobierno ha ido ha ido construyendo la determinación de poder sacar al país, de lo que se ha definido, como una crisis de seguridad en el contexto general.

– ¿Cuál es la estrategia?

Hemos definido una estrategia, que tal vez no sea pública, porque estas estrategias no siempre son públicas, pero si uno quisiera definir cuáles son los objetivos del Gobierno en materia de seguridad, a partir de un diagnóstico, hemos ido asentando es que el gran problema de Chile es que el delito se complejizó.

Ahora es cometido por organizaciones más complejas, más poderosas, con más poder de fuego, dedicado a mayor cantidad de delitos complejos. No son organizaciones sólo dedicada al narcotráfico, sino que, al narcotráfico, tráfico ilícito de migrantes, secuestro de personas, al contrabando y al tráfico de armas.

El delito se complejizó. Mientras eso ocurría el Estado no avanzó con la rapidez que se requería para frenar ese fenómeno.

A partir de ese elemento conductor se puede entender por qué el Gobierno dice que tiene que tener mejores instituciones para enfrentar este tipo de delitos y, que esté sacando adelante el proyecto para un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, que haya incorporado el proyecto que crea una Agencia de Ciber Seguridad y, entender el compromiso que tiene de crear el proyecto que cree Fiscalías Supraterritoriales, que se fortalezca la inteligencia financiera para combatir el lavado de activos.

Una gran tarea del Gobierno es dotar al país de instituciones con capacidad y con poder para enfrentar el delito.

– ¿Cómo se enfrenta este delito?

El Gobierno fija una política contra el crimen organizado y las armas, entregada en diciembre de 2022, que no existía en el país y que es fruto del trabajo de muchas instituciones del Estado, algunas que tienen autonomía, como el Ministerio Público, el Estado Mayor Conjunto, Carabineros, PDI, Aduana el Servicio de Impuestos Internos.

Dotamos al país de una política, que, como tal, tiene plan y acciones. El Gobierno buscó llegar a acuerdos con los 31 proyectos en materia de seguridad y entre sus acciones crea el Plan de Calles sin Violencia.

– Da la sensación que en materia seguridad, la gente siempre queda con gusto a poco y en las encuestas se percibe como que el Gobierno no está haciendo lo que debe, ¿Cuándo el país va a empezar a percibir cambios en materia de seguridad?

El temor de los ciudadanos y el clamor nacional por mejorar la seguridad tiene que ver fundamentalmente con la realidad que Chile está viviendo en materia de delitos violentos: robo con intimidación, robo con violencia y homicidios. Los homicidios vienen bajando sostenidamente y eso es indesmentible, están los números ahí.

Pero también tendría que llegar a la conclusión que los delitos con intimidación, los robos con violencia y los homicidios, por el contrario, vienen subiendo sostenidamente.

– ¿Cuáles son los fenómenos que se pueden encontrar en este nuevo tipo de delito?

Las características del delito: tenemos más homicidios y, prácticamente, el 58% de éstos, se cometen con arma de fuego, son un fenómeno nuevo. Si uno va 6 o 7 años atrás menos del 40% de los delitos de homicidio si cometían con arma de fuego. Estamos cerca del 60%, 6 de cada 10 homicidios.

Otro fenómeno es que el 62% de los homicidios se producen en la vía pública, fenómeno que se ha ido acentuando progresivamente.

Un cuarto fenómeno en el caso de los homicidios es que en el 49% de los homicidios la policía llega al lugar y en la primera ronda de recolección de antecedentes no se logra obtener datos de quién lo cometió o se sospecha de él, esto en el 49% de los casos. Lo que demuestra que ese homicidio fue planificado o ejecutado a través de un grupo de personas que planificó el homicidio eligió lugar, hora, fue armado, fue encapuchado, llegó en un vehículo y se fue.

Eso es lo que hace que exista la sensación en Chile, a pesar de no ser víctima de un delito, que se puede terminar muerto producto de un disparo, eso justifica el temor ciudadano y ese es el fenómeno que hay que enfrentar.

Es bien importante decir que en el tema de los homicidios tenemos una tendencia al alza hace 10 años. Todos los años ha habido más homicidios que en el período anterior, salvo en 2021, que caen todos los delitos producto de la pandemia.

-Entonces…

Más allá de mi opinión, desde 2015 hay un documento anual, que se llama Observatorio de Narcotráfico, que publica el Ministerio Público, en que se da cuenta que la sociedad chilena venía siendo advertida que el tipo de delitos y las organizaciones que los están cometiendo venían complejizándose más.

El Gobierno precisa organizaciones con presencia nacional, mayor presencia de armas, mayor control de recintos penitenciarios, ampliación control del tipo de delitos de narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas.

Digo todo esto por lo de la oposición porque a todos nos ha tocado gobernar o nos va a tocar gobernar. A los que le tocó gobernar uno podría preguntarles por qué no se detuvo en esos gobiernos la tendencia al alza en los homicidios; por qué no se resolvió que el 55% de los vehículos de Carabineros tuvieran su vida útil vencida.

También podría preguntarle por qué encontramos un país donde no hay existencia de un análisis biométrico y, por lo tanto, el rostro de una persona no puede ser comparada con una base de datos. Preguntarles porqué cuando ingresan las armas legales a Chile, el registro de la huella balística no existe no está la huella digital, está en una base análoga donde hay que buscar una por una. Ese es el país que en materia de seguridad vivimos. Podría preguntar quién es el responsable de esto. Por qué el país se encuentra en un escenario complejo, sin que nadie se haya hecho cargo.

Por eso, yo pediría a todos los partidos políticos que veamos esto con un poco más de humildad porque nadie hizo los cambios que se requerían. Los convocaría a que lo que se quiere hoy, el clamor nacional, es en materia de seguridad y que para ello se requieren acuerdos y cooperación. Podríamos discutir tres años respecto de quién tiene la responsabilidad, pero el Gobierno no va a caer en ese juego, se va a hacer cargo, pero le gustaría que todos colaboraran y nos hiciéramos cargo para resolver el problema.

“El temor de las ciudadanos y el clamor nacional por mejorar la seguridad tiene que ver fundamentalmente con la realidad que Chile está viviendo en materia de delitos violentos”.

– El diagnóstico está claro, pero cuándo cree que se comenzará a percibir, más allá de la crítica fácil y populista, una sensación de cambio y acciones completas que van a empezar a dar resultados ¿O ya los tiene?

Sería bueno mirar la tendencia de hechos de violencia en la macro zona sur para ver que es la primera vez que hay un quiebre en la tendencia al alza y se produce una tendencia a la baja persistente.

También sería bueno mirar las cifras de la Unidad de Coordinación Estratégica, compuesta por Carabineros, PDI y Gendarmería que está en Iquique, que indica que la detección en flagrancia del ingreso irregular de migrantes en el norte en el primer trimestre de 2022 era de 960 personas por semana y la primera vez que se registra una tendencia a la baja es en este Gobierno, no en los anteriores.

– ¿En los anteriores, se refiere a Bachetet y Piñera?

El fenómeno migratorio se da con Piñera. Hay dos tipos de datos que es bueno tener claros, primero el dato de los que se detecta en la frontera donde Carabineros o Fuerzas Armadas ve a la persona ingresando irregularmente y eso se llama detección de ingreso irregular, que el año pasado eran 960 promedio por semana, este año es de 460.

El otro dato es por denuncia, es decir, una persona va y se autodenuncia por ingresar irregularmente o es detectada por la policía que la denuncia. En este caso, Piñera partió en 2018 con 6 mil denuncias, pasó el 2019 con 8 mil, pasó el 2020 con 16 mil y terminó en 2021 con 56 mil. El año 2022 fueron 53 mil y esperamos este año volver a bajar.

En estos dos datos contabilizamos que hemos bajado en 55% y en caso de los homicidios, el plan Calles Sin Violencia tiene ese sentido, que es una tarea compleja y desafiante que nos parece de primer orden.

Esperamos que cuando termine 2023 podamos haber quebrado la tendencia al alza que viene creciendo hace 10 años, aspiramos mantener o disminuir la cantidad de homicidios por primera vez.

– En la preparación de las policías, capacidad de investigación, da la impresión que no hay inteligencia policial, está contemplado una reformulación de las policías en ese sentido, con políticas orientadas para lograr mayor éxito y detectar hechos.

La inteligencia de la investigación criminal es para generar información útil para las autoridades políticas para que prever las amenazas que puede tener la seguridad interior del Estado. Podría saber a través de la inteligencia quiénes están detrás de un delito de un atentado, podría saber, eventualmente, sus nombres, conocer sus caras, pero esa información no es lo mismo que investigación criminal, no me sirve para procesar, no es útil para el proceso de investigación penal, son dos cosas distintas.

La investigación criminal busca determinar responsables de un delito y tener la evidencia suficiente para detenerlo, procesarlo y sancionarlo, garantiza que no haya impunidad en un país. En ese caso hay actores fundamentales: el Ministerio Público, que investiga el tema, y las policías que colaboran con el fiscal para llevar adelante las diligencias, recabar la información y la evidencia para detener esa persona y culparla.

Esto lo detectamos al principio. El 2022 ingresamos al presupuesto por primera vez, $65 mil millones para combatir el crimen organizado, que son para transferir a instituciones $13 mil millones a Carabineros, $14 mil millones a la PDI, $4 mil 800 millones a Aduana, $4 mil 600 a Gendarmería.

Todo esto, por ejemplo, para que Carabineros tenga un sistema de detección balística que no tenía y sepa si es que coincide con una bala ocupada en otro homicidio o coincidir con un arma usada en otro delito. Todo para empezar a cerrar la brecha que existía en esto.

La otra brecha es el recurso humano, que se cierra con plata, identificando las necesidades. El homicidio del cabo Palma, en Santiago, fue aclarado por la evidencia de un celular aquí, en esta Región. Celular que, por ejemplo, tiene 500 videos, mil conversaciones por chat, 2 mil contactos y mil fotos y yo tengo que procesarlo para saber qué información del celular me sirve. Para eso se necesita un equipo que se llama UFE, que sólo hay en una o dos regiones, y tenemos que llevarlo a otra región para traer la información. A ese tipo de brechas me refiero para procesar la evidencia de un celular o la evidencia biológica en el sitio del suceso.

Ambas policías tienen nudos críticos en materia de recurso humano, con la PDI ya hemos trabajado y tenemos claras sus brechas cuántos asistentes policiales requiere, cuántos oficiales policiales y cuántos detectives. Eso está en un proyecto de ley que hemos estructurado con ellos.

Carabineros es un poco más complejo porque no es fácil procesar su información, pero para eso una de las formas que tenemos de poder resolver el nudo es llamar a servicio a la gente en retiro y, fundamentalmente contratar civiles para cumplir funciones que permitan liberar Carabineros.

La próxima semana o la siguiente vamos a presentar una ley por el aumento del llamado a servicio de personas que están retiro y posterior a eso vamos a ingresar una ley para contratar civiles para reemplazar el funciones administrativas.

Lo que tú necesitas cuando un país vive problemas en materia de seguridad es poder exigir resultados a las policías, que sean eficaces en el trabajo que hacen porque por mucha plata que pongas, si no están formados para dar resultados. Ahí está la reforma a las policías que va a abordar la formación y la carrera profesional de las policías.

“A los que le tocó gobernar uno podría preguntarles por qué no se detuvo en esos gobiernos la tendencia a la alza en los homicidios”.

– El último año se ha visto una baja en la violencia rural de Arauco, hay un estado de excepción incorporado desde el 18 de Mayo, ¿Cuál es la evaluación entre estado de excepción y presencia militar, los delitos en la macrozona?

Efectivamente hay disminución de los hechos de violencia rural de 31% de manera persistente. Estoy hablando de las cuatro provincias en estado de excepción y esto se logra porque con el Estado de excepción y la presencia policial y militar, permite un mayor control territorial y hace más difícil que se actúe libremente para cometer un delito. Es una estrategia de copamiento policial relacionada con dónde se coloca a las policías y las fuerzas militares, en cuántos lugares se colocan. Creo que ahí nosotros hemos sido bastante buenos. Por ejemplo, cuando llegamos Carabineros tenía 5 vehículos blindados, le pasamos 15 más y con ellos la posibilidad de ampliar el control cambiaron. También a nuestra llegada no había base militar adelantada en Tirúa ni Contulmo, tampoco en Los Sauces, Lumaco ni Capitán Pastene. Desplegamos una estrategia de presencia en puntos de control más amplia y eficiente que lo que habían hecho otros gobiernos.

Nosotros hemos entendido siempre que finalmente lo que se requiere en todo tipo de delito es persecución penal efectiva, que quienes cometen delitos sean encontradas y que exista la evidencia suficiente para su detención y procesamiento de la Justicia. Este Gobierno en materia de control y eficacia en persecución penal ha sido mejor que otros gobiernos.

– ¿Se ha conseguido probar, entonces, que el mundo mapuche no había incorporado la violencia para lograr objetivos?

El Gobierno ve bien que hay un problema político, que debe resolverse y lo aborda desde el diálogo político y desde la perspectiva que la paz sostenible se adquiere desde el diálogo político. El Presidente anunció que va a haber una Comisión para la Paz y la Reconciliación cuyo eje principal es el diálogo. Se lleva adelante el plan Buen Vivir que está en ejecución y busca resolver demanda de tierras, pero también de seguridad histórica que hay en el territorio y, en materia de seguridad lo que se hace es perseguir los delitos. Al final las víctimas de esos delitos, como yo lo repito muchas veces, son el que iba conduciendo y no el dueño de la maquinaria, es un trabajador, lo mismo cuando se le dispara a un camión, los perdigones los recibe un empleado, no el dueño de la empresa de transportes y cuando se quema un fundo a los que se amenaza y dispara son trabajadores, no capitalista, por decirlo como se argumenta. Y en eso no tenemos ninguna confusión de que se debe perseguir el delito.

-Pero, ¿se puede asegurar que la causa mapuche no está detrás de esos delitos?

La causa Mapuche es un problema político y el Gobierno responde a él a través del diálogo político. Hemos dicho y lo sostenemos en que nada justifica la violencia ni el uso de armas. Cuando hay violencia y uso de armas hay delitos y esos delitos se persiguen.

En materia de la causa política el Gobierno coincide que hay una deuda con el pueblo Mapuche, que hay que abordar cómo el Estado se hace cargo de esa deuda en materia política, cultural, territorial y económica, el camino para ello es el diálogo político.

– ¿El tema del robo de madera, vinculado a la causa Mapuche, especialmente, en Arauco ha bajado?

Es un delito que genera una cantidad de recursos relevantes. Delitos que bajan por la persecución penal efectiva y los puntos de control.

-¿Cómo se logra mejorar la persecución penal, porque muchas veces se cuestionaba a las policías por la gestión realizada en ese tipo de sucesos?

Se logra mejorando la capacidad de las instituciones que hacen la persecución penal en las policías, Fiscalía y el Ministerio Público.

– ¿Y cómo se mejora? ¿Qué se hizo efectivamente?

Mejorar las capacidades de las instituciones que hacen la resolución penal, el Gobierno desde el principio dijo que quería que hubiera persecución penal efectiva y está dispuesto a colaborar con las instituciones que tienen ese rol para resolver los problemas que tenían y que impedían esa persecución penal.

– ¿La detención de Llaitul a mediados del año pasado estaría vinculada con la baja en atentados y robo de madera?

Eso es materia exclusiva de seguridad, pero seguridad no es lo único que ocurrió en la macrozona.

– ¿Pero influyó o no en la baja de los hechos de violencia?

Seguridad no es lo único que ocurrió en la zona sur y lo que ha incidido en la disminución de violencia es que haya persecución penal efectiva y mejor control del territorio. En la medida que haya percusión penal y que las personas y organizaciones que cometen delitos violentos en la zona sur, son identificadas, detenidas, procesadas y sancionadas, evidentemente, los delitos van a disminuir.

-¿Hasta cuándo se mantiene el Estado de Excepción por el tema del control?

Siguiendo la línea del control y la persecución penal creo que hay que fijar criterios para salir del Estado de Excepción de la macro zona sur matriz zona sur. Hace un par de semanas lo dijimos, ante la pregunta de si estaban las condiciones para sacar el Estado de Excepción, dijimos no.

– ¿Cuáles serán esos criterios? ¿Qué se va a medir?

Hay que ver si somos capacidades de hacer sostenible la disminución de los hechos en el tiempo, que podamos demostrar que sostenidamente que los hechos de violencia vienen bajando. El segundo es ver cuál es el nivel de eficacia en materia de persecución penal en la zona macro sur y en tercer lugar es dotar a las policías de mucha más capacidad de la que tenían antes del Estado de Excepción porque ellos serán los que quedarán ahí.

– ¿Todo esto antes del fin del Gobierno?

Por supuesto, antes del término del Gobierno no habría Estado de Excepción en Arauco.