De acuerdo a los datos entregados por la Seremi del Transporte, actualmente hay un total de 1.600 taxibuses en la red licitada. De los cuales, en una muestra tomada por hora en marzo, 1.000 máquinas se encontraban en recorrido.
Según los datos proporcionados por la Seremi del Transporte del Biobío, en el Gran Concepción hay 1.600 taxibuses del transporte licitado en total, en diciembre de 2022 había 1.100 buses operando promedio cada hora y en marzo de 2023, según la muestra que escogió el organismo para publicar que es de las 12 a 13 horas del jueves 9, un total de 1.000 buses se encontraban operando.
Lo anterior, quiere decir que durante marzo el 63% de los taxibuses se encontraban en recorrido, por hora de acuerdo a la muestra aleatoria escogida.
Sebastián Astroza, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, doctor en Ingeniería y magíster en Ciencias de la Ingeniería con Mención Transporte, señaló que la causa más importante de la problemática es que la ciudad se ha diseñado pensando en el uso del automóvil, lo que ha propiciado el transporte privado. “Que es el modo más ineficiente en términos de congestión, especialmente si estamos pensando en que todos nos queremos mover en la hora punta”, indicó.
Para el académico no se le ha dado el suficiente espacio a la infraestructura y tampoco al transporte público o modo activo, como la bicicleta o la caminata. Explicó que “debiésemos, fomentar el transporte público en desmedro del automóvil para que sea un modo de transporte atractivo para las personas”.
“Si bien yo le veo varias ventajas al sistema de transporte público del Gran Concepción, hay que ser realista y pensar de que, por ejemplo, la última licitación de transporte público en el Gran Concepción, se realizó hace un poco más de 20 años”, señaló el doctor en Ingeniería.
Para el académico de la UdeC, la frecuencia es sólo una parte del servicio o una dimensión. “Lo que están deuda y es renovar el estándar del transporte público regulado del Gran Concepción. La evaluación de la calidad de los servicios, actualmente no se exige en la regulación medir indicadores de frecuencia, regularidad, puntualidad y ni la calidad de atención al usuario, que es súper importante”, comentó.
“En cuanto a la anunciada medida del perímetro exclusión, sería la solución, es un cambio más ligero que una licitación. Pero de todas maneras exige mayores condiciones de operación. Entonces, lo veo con buenos ojos, va en camino a la solución”, apuntó el Dr. Astroza.
Desde el punto de vista de Solange Loyer, ingeniera civil con Mención en Transporte, docente del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la situación es una combinación de factores, como la congestión y la escasez de conductores. “Los castigos (multas) son una medida que tiene un impacto de corto plazo, en cambio los incentivos tienen efectos más duraderos. Se debe tener buenas políticas de transporte y debe ir a la par con las inversiones en infraestructura”, señaló la académica.
“Además, el problema de no cumplimiento de frecuencia no es de responsabilidad directa de los operadores, por lo que no tiene sentido multarlos y además refleja que la autoridad no tiene claridad respecto al problema”, apuntó.
“La demanda ha aumentado en la última década, pero la oferta no. Junto con obras de infraestructura, se requiere contar con un sistema de transporte público de calidad, combinando los distintos modos, sean buses o trenes y la infraestructura. Esto requiere de estudios, pero para eso debe haber primero una postura y disposición por parte de la autoridad, pero los años pasan y no pasa nada”, estableció Loyer. En el corto plazo sólo es posible incentivar algunas conductas e implementar soluciones puntuales que sean efectivas, expuso la ingeniera y agregó “como ejemplo en contra, está la pista sólo buses del Puente Llacolén que refleja un desconocimiento de la naturaleza del problema, aumenta las desconfianzas y malestar de los usuarios”.