Hace semanas que el Ministerio Público trabaja en determinar si existe delito o no en el origen de los siniestros que se han registrado esta temporada en la zona. Un trabajo discreto que ha tenido avances.
Diecisiete personas muertas, más de mil doscientos inmuebles siniestrados y 209 mil hectáreas consumidas en 22 días ameritan saber ¿qué pasó?
Por ello, el Ministerio Público hace semanas que inició la investigación de estos hechos, sin la necesidad de haber recibido ninguna denuncia, las que por cierto, si se realizaron con querellas incluidas a esta altura.
Pero efectivamente, la Fiscalía ha estado trabajando, de manera muy discreta, en determinar si es posible establecer responsabilidades penales por estos mega incendios y para ello, la propia fiscal regional, Marcela Cartagena, encabezó dichas pesquisas con el apoyo de las policías, tal como lo ratificó tras haber visitado junto al fiscal nacional, Ángel Valencia, a personas afectadas en Santa Juana y Punta Lavapié.
“No estamos partiendo investigaciones hoy día. Nosotros venimos trabajando junto a las policías, a la PDI y Carabineros en investigaciones sobre nueve grandes focos que hemos identificado en la Región y quisimos contarles a ellos que son afectados directos por los incendios cómo vamos avanzando, cómo los vamos a contactar y cómo nos vamos a ir haciendo cargo de sus necesidades como víctimas de un delito eventual”, explicaba la persecutora.
Y por cierto que uno de los aspectos más relevantes y que ha generado más de una polémica es saber si ha existido o no intencionalidad en producir estos incendios y de ser así cuántos del total fueron provocados maliciosamente.
En este punto, la fiscal que tiene a cargo estas investigaciones señaló que aún no se puede descartar nada.
“La investigación del Ministerio Público en los nueve focos de incendios identificados, no descarta ni da por sentada ninguna causal, es muy temprano aún. La intencionalidad no está descartada, pero también pueden ser otras causas de distinta naturaleza y es en eso en lo que estamos trabajando”, sostuvo.
Más aún Cartagena salió a poner paños fríos en este punto y fiel a su estilo directo, sostuvo que este no es el tiempo de especular, sino de investigar.
“Nosotros entendemos que la comunidad y ustedes que representan de alguna manera a la comunidad, quieren respuestas más específicas a eso, pero este no es el momento. Este es el momento de investigar en silencio y buscar la intencionalidad si la hay, perseguir a quienes hayan provocado dolosamente un incendio o buscar la responsabilidad de empresas eléctricas o buscar la responsabilidad negligente de personas. Hay un montón de posibilidades en cada uno de estos incendios, no es un incendio son varios incendios distintos, varios focos distintos y cada uno es un mundo por si solo, en cuatro a cómo pudo haberse iniciado”, aclaró la representante del Ministerio Público.
Hasta ahora, el único incendio del grupo de nueve que investiga con especial énfasis la Fiscalía, que tiene una persona detenida e imputada, es el ocurrido en Arauco, el 2 de febrero en la tarde, cuando debido a los trabajos que un soldador realizaba en esta zona, las “chispas” que produjo con su labor, terminaron generando un siniestro de proporciones. El resto de las detenciones que se han producido, han tenido que ver con situaciones puntuales, pero que no corresponden a los principales incendios que aún se registran en la Región.
Pero hay avances, como ya informó Diario Concepción, un equipo de la PDI por instrucción de la propia fiscal regional, perició y levantaron evidencia en Llico, donde se busca establecer si el incendio que afectó a este sector es el mismo que generó la quema de 63 inmuebles en Punta Lavapié incluyendo un jardín infantil y la escuela de la localidad. Acá se investiga si el origen estuvo o no en un accidente eléctrico en una línea de mediana tensión. Algo similar se investigaría en Florida y en la vecina región de Ñuble, en particular en Quillón.
Por eso, el trabajo en los sitios de suceso es fundamental y pese que al igual que la Fiscalía las policías han preferido no comentar sus accionar en este ámbito, Carabineros admitió que “en la Región del Biobío, Labocar se encuentra haciendo las diligencias periciales a más de 30 focos de incendios y el OS-9, por su parte, está abocado a buscar las responsabilidades en caso de existir intencionalidad en los mismos”. En el caso de la PDI se indicó que no se referirán al tema por el momento.
Por ello, es que la fiscal regional ante la consulta de sí estas investigaciones serían de largo aliento y podrían extenderse por más de un año, fue clara en sostener que esperaba que no, al menos en parte de ellas.
“Yo no sería tan pesimista, creo que tiene que tomarse su tiempo, pero no tanto, vamos a ir distinguiendo, hay algunas que van bastante avanzadas otras que no, pero yo sería un poco más optimista en cuanto al tiempo”, cerró Cartagena.
Sobre el rol de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en la investigación para establecer el origen de los incendios, se señaló desde propio organismo que “nuestra labor no es investigar ni realizar pericias respecto a las causas de los incendios forestales. Lo que nosotros hacemos es solicitar planes de acción a las empresas eléctricas, ante la llegada del verano, de manera tal que se mantengan las líneas despejadas y así evitar cortes de suministro. Estos planes de acción se instruyeron durante la primavera del 2022 y a nosotros, lo que nos corresponde, es fiscalizar el cumplimiento de dichos planes, asunto que se realiza de manera periódica”.