Existe consenso sobre la urgente necesidad de regular la ocupación de suelos en el territorio rural, que sea integral y vele por la seguridad de sus habitantes. Pero ciertas iniciativas anteriores han visto dificultades en su implementación. La regulación debe considerar el cambio climático y mayor integralidad.
En las comunas afectadas por los incendios solicitan generar planes de ordenamiento territorial que garanticen la seguridad de las personas ante el actual escenario que genera el cambio climático y la agresividad de los siniestros que durante este año cobraron 17 vidas humanas.
Al respecto el alcalde de Nacimiento, Carlos Toloza, señaló que “le he planteado a los ministros que han venido a la comuna, que esta situación no puede pasar así como así, esto marcó un antes y un después lo que estamos pidiendo es que tengamos un ordenamiento territorial en los sectores rurales”.
“Primero tiene que ver con el distanciamiento de las plantaciones de los cursos de aguas, del radio urbano y las forestales tienen que hacer prevención durante todo el año y eso va para todos tenemos que ser preventivos no reactivos, tienen que tener cortafuegos más anchos, porque hoy hay ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora que antes no habían en verano, eso permite que el fuego se propagara más”, indicó Toloza.
En tanto el alcalde de Florida, Jorge Roa, afirmó que “obviamente que los incendios han dejado claro, una vez más, que es necesario hacer un ordenamiento, hacer una especie de plan regulador, pero que tenga que ver con la ruralidad de nuestra comuna, vamos atener que abordarlo una vez que hayamos terminado las emergencias. Es una necesidad que la visualizamos y llegó para quedarse. Tenemos que poner todos nuestros esfuerzos porque hay una especie de desorden respecto a los loteos que existen en nuestra comuna”, manifestó Roa.
Por su parte, el Dr. Leonel Pérez, arquitecto doctor en urbanismo y académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción, afirmó que “yo diría que hay herramientas sectoriales que regulan algunos aspecto de la actividad productiva desde un punto de vista agrícola, forestal, otras herramienta que protegen los suelos de propiedad indígena y hay diversos instrumentos que en sí mismos son parcialidades que cuesta que funcionen en algo que es más integral como es el ordenamiento del territorio en su conjunto”.
El académico, aseguró que en 2017 se avanzó en un Plan Regional de Ordenamiento Territorial (Prot). “Siendo un iniciativa excelente por la integralidad e interdisciplina, aún así quedó sin entrar en vigencia. Entrampado dentro de la administración del Estado, sin poder entrar a operar. Creo que esa herramienta es un avance importante porque regularía las áreas urbanas o área rurales, creo que avanzar en esa línea en una mirada integradora es fundamental”, destacó el Dr. Pérez.
Para el doctor en Urbanismo, este plan debiera estar complementado a otra escala. “Debiera estar apoyado por una ley que definiera el desarrollo de los territorios rurales más allá de un ministerio en específico como pudiera ser el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o el Ministerio de Agricultura, creo que avanzar en una ley en regulaciones con carácter de ley es fundamental y ojalá un tercer nivel superior”, planteó Pérez y agregó que “contar a futuro en la Constitución con una función ecológica del suelo, de modo de complementar una ley de ordenamiento territorial y los planes como el Prot. Esto porque una posible ley de desarrollo rural que regule el uso del suelo, los parcelamientos, el tamaño de los predios y la vocación de suelo debiera también pensarse en un rango constitucional”.
La diputada Joanna Pérez, detalló que “efectivamente, es lo que nos han planteado muchos alcaldes, como en Nacimiento, que no puede darse una situación tan poco equitativa, poco regulada en los territorio con las comunidades que finalmente termina exponiendo sus vidas y haciendo muy complejo hoy con el calentamiento global el cambio climático y las condiciones de nuestra región forestal y agrícola”.
En la Región existe el Plan de Ordenamiento Territorial, relevó la diputada Joanna Pérez y agregó que “también pudiera definir y ordenar con ese instrumento la actividad productiva la conectividad, el orden de espacios seguros, vía de evacuaciones, una ordenanza más articulada con el territorio que puede involucrar una comuna o sumar más comunas”.
Sin embargo, la diputada Pérez, afirmó que “de nada sirve que mejorar la ley hay proyectos en esta línea, hay legislación, pero hoy con la forma en que se han ido generando en estos últimos 10 años esta emergencia obligan a ir a adecuando y haciendo mucho más rígida y más exigente la legislación y la fiscalización”.
Posterior a la emergencia, la parlamentaria aseguró que se van a dar múltiples discusiones en torno a cómo mejorar la reacción y prevención ante estos desastres. “Ya hay muchas discusiones sobre el royalty forestal, esto viene de una discusión que nosotros a través de la bancada, que me corresponde presidir, de descentralización que es un royalty pesquero, minero, forestal. En el fondo creemos que cuando se generan externalidades negativas por una actividad industrial sea cual sea, también tiene que haber un tributo para hacernos cargo de esa contingencia. Hay una mayor relación del riesgo y la prevención”, apuntó la Joanna Pérez.
“Yo creo que el Estado de Chile, trabaja de manera muy sectorizada, cada uno en su parcela, y no se encarga de que todo esto tiene que ser articulado con todos los sectores, en el fondo aplicar la ley y después fiscalizar porque muchas cosas quedan en letra muerta, hay obligación de hacer cortafuegos, pero no se fiscaliza, no se cumple”, detalló.
Desde el Gobierno Regional (Gore), Blas Araneda, jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional, señaló que “para lograr un ordenamiento territorial con el foco en la seguridad de las personas, se requiere un trabajo coordinado entre el Gore, los municipios, los distintos sectores que tengan relación con la materia e incluso la empresa privada, además de ello es necesario actuar en concordancia con los distintos instrumentos de planificación territorial”.
El jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional, al ser consultado por el Plan de Resiliencia Urbana en Interfaz Rural, respondió que “como Gobierno Regional nos hemos propuesto como meta transformar un estudio, en un plan de acción que nos permita tener herramientas y establezca protocolos y metodologías con el objetivo de proteger las vidas de quienes habitan estos espacios”.
“Hemos elaborado una propuesta de trabajo que incluye entre otros aspectos la actualización de los datos regionales, respecto de los últimos avances desde el 2017. En tal sentido, el Prot tiene que proyectar cuáles serán las problemáticas regionales futuras y dar respuesta a esa realidad, lo que exige un análisis cuidadoso, multidisciplinario, instancias de reflexión, discusión pero también acción”, destacó Araneda.
En cuanto a las dificultades de implementación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, Araneda argumentó que “el Prot tiene un problema de forma en virtud de que es un instrumento que no está completamente normado, de hecho a la fecha el Reglamento no se encuentra aprobado y pudieran existir cambios sustanciales que nos obliguen a hacer modificaciones estructurales”.
“Entre las muchas dificultades con las que no hemos encontrado es que el actual Reglamento del Prot, deja a las regiones sin atribuciones, ni marco de acción para estructurar los principales elementos del territorio, dejando supeditadas estas decisiones a escala nacional y sectorial, además mantiene una superioridad en importancia de la urbe por sobre los territorios rurales y no desarrolla mayormente el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, entre otros”, estableció Blas Araneda.