Notifican sentencias a 11 condenados en caso Santa Bárbara-Quilaco

Ministro Carlos Aldana inició la etapa final en este emblemática causa. Condenados cumplirás las penas impuestas por la Corte Suprema en cárceles de la región y no Punta Peuco.

El ministro en visita especial para la investigación de causas sobre violación a los Derechos Humanos, para el periodo septiembre 1973 a marzo de 1990, Carlos Aldana, se encuentra trabajando en la etapa final de una de los casos más emblemáticos registrados en la región de Biobío en dicho periodo, que corresponde a la detención y desaparición de 29 personas en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, ocurrida entre septiembre y diciembre de 1973.

Así, a contar de este jueves, el ministro comenzó, en el edificio de tribunales, ubicado en el centro de Concepción, a notificar a los 11 condenados de la sentencia dictada en esta causa.

De esta forma, desde comunicaciones del Poder Judicial en la zona se indicó que el juez notificó en la jornada de jueves a Héctor Isaías Echeverría Beltrán que deberá cumplir la pena de 11 años de presidio en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado en perjuicio de ocho personas; y José Roberto Valdivia Dames, quien deberá purgar una pena de 5 años de presidio por los mismos delitos en perjuicio de Miguel Cuevas Pincheira.

Responsabilidades

Patricia Parra, quien fue abogada del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior en la zona y le correspondió tramitar durante varios años esta causa, destacó que haya llegado hasta esta última etapa y que en el máximo tribunal del país se haya mantenido la calidad de autores a los civiles que participaron en este grupo de hechos ocurridos en la provincia de Biobío y sean responsables de violaciones a los DD.HH., pese a no haber agentes del estado.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que si bien es cierto los delitos de lesa humanidad o los delitos contra los derechos humanos tienen su cariz en el hecho de que son agentes estatales quienes cometen los ilícitos, no es menos cierto que ha dicho también que son violaciones a los Derechos Humanos aquellos delitos que son cometidos por civiles con el consentimiento de los agentes del estado, y aquí es claro que hubo”, dijo.

En tanto, el abogado Patricio Robles, quien también representó al programa de DD.HH. del ministerio del Interior hasta 2018 y que hoy representaba a los familiares de 5 víctimas, valoró que se llegara a la etapa final de esta causas y resaltó el fallo de la Corte Suprema que elevó a la calidad de autores de los delitos a los civiles condenados, porque da cuenta de una situación que ocurrió en más de una ocasión en la dictadura, aseveró.

“En el fondo va reconociendo una realidad que se da harto en las zonas de campo, donde prácticamente los funcionarios policiales, normalmente carabineros que siempre está ahí, en localidades aisladas y son unidades policiales de menor rango como tenencia y retenes, no actúan por sí solos, sino que actúan en función de terratenientes, de patrones, que son los civiles que tienen intereses creados para desarrollar una actividad represora”, explicó.

El proceso

La investigación de estos hechos, ocurridos en la zona cordillerana en la región, fueron comenzados a investigar en una sola causas en 2005 por el ministro Carlos Aldana. Previamente, los jueces Waldemar Cox y Miguel Salgado estuvieron a cargo de ella respectivamente avanzando en su tramitación.

En 2011 el propio ministro Aldana había dictado sentencia en esta causa, pero la Corte de Apelaciones de Concepción acogió un incidente de nulidad presentado por las defensas de los procesados y anulando dicha sentencia y nombrando a la ministra Raquel Lermanda como jueza no inhabilitada. Dos años después, en 2013, la ministra también dictó sentencia contra 17 personas, absolviendo a uno de ellos.

Ese fallo fue apelado y la corte penquista en 2019 ratificó las condenas dictadas, pero modificó en el caso de los civiles encausados, el grado de participación que tuvieron, pasando de autores a cómplices.

Finalmente, la Corte Suprema en 2022 y tras un recurso de casación, decidió volver condenar como autores y no como cómplices a un grupo de civiles.

En cuanto a las 9 notificaciones restantes de quienes cumplirán penas efectivas de cárcel, estas se continuarán realizando en los próximos días, hasta completar los 11, dado que hubo tres condenados que recibieron penas en la modalidad de libertad vigilada.

El ministro Aldana instruyó que estas condenas se cumplan hagan en recintos penales de la Región del Biobío, siendo trasladados los dos primeros hasta el penal de Yumbel.