Exigieron que el Poder Judicial y el Gobierno reviertan la pérdida de beneficios carcelarios y la potestad de Gendarmería para trasladar a los internos de un penal a otro sin consultar previamente a Tribunales.
Con dos mujeres encadenadas a las puertas de acceso de la dirección regional de la Contraloría General de la República (CGR), se realizó una protesta, la mañana de este viernes, en Concepción.
Se trataba de las familiares de nueve comuneros mapuche, pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que se encuentran en prisión preventiva por distintas causas en los penales de Concepción y Valdivia.
La acción buscaba denunciar lo que a juicio de estos familiares, son los efectos negativos del dictamen E278512 de 2022 de la CGR, el que cuestiona una Resolución Exenta N°3925 de 2020 de Gendarmería de Chile, que realiza una interpretación respecto a las facultades que tiene los jefes de unidad (penales) para no considerar las faltas al reglamento interno de los presos de etnia indígena, como el no asistir a clases o declararse en huelga de hambre, a la hora de evaluar las solicitudes de beneficios o traslados a recintos de baja compleljidad.
Así lo sostuvo Pamela Pezoa, madre de dos comuneros privados de libertad y exesposa de Héctor Llaitul.
“Este dictamen apreció extrañamente este año a solicitud de algunos diputados de derecha y que de alguna manera revierte todos lo derechos que se habían alcanzado anteriormente y ese es el que se les está aplicando hoy día, principalmente a los presos políticos de la CAM, que son nueve y que están en huelga de hambre tanto en Valdivia como en Concepción. Este dictamen es el responsable que Gendarmería tenga el poder absoluto respecto de los imputados y condenados por supuesto”, sostuvo Pezoa.
En este dictamen el organismo sostiene que la Resolución del 29 de julio de 2020 va más allá de lo que le está permitido a Gendarmería y que dado que el reglamento interno institucional establece que las acciones antes descritas son faltas y que desmejoran la conducta de las personas privadas de libertad, no pueden omitirse y deben ser consideradas a la hora de evaluar las solicitudes de los comuneros mapuche, a pesar de las consideraciones que se establece hay que tener con presos que pertenecen a un pueblo originario y los derechos a un trato con pertenencia cultural, lo que incluye estar en establecimientos carcelarios como los Centros de Educación y Trabajo (CET) donde ese tipo de aspectos puede desarrollarse de mejor manera (visita de Machis, realización de Nguillatun, por ejemplo).
Consultado por la situación ocurrida a metros de la sede del Gobierno Regional (Gore), el gobernador Rodrigo Díaz criticó la acción realizada por los familiares en Contraloría y defendió la potestad de Gendarmería.
“Es obvio que exista un dictamen de Contraloría que disponga que quien haga la gestión en las cárceles sea hecha por Gendarmería (…) Hemos visto solo hace algunos días que se tiraban elementos explosivos a la cárcel de Lebu. O sea, ¿habría que haber realizado un proceso ante los Tribunales de Justicia para haber dispuesto el traslado de personas? No pues, aquí hay que ser serios y cuando uno es serio debe reconocer que Gendarmería es la experta en presidios y en rehabilitación de personas que ingresan a los recintos carcelarios”, señaló.
En tanto, la delegada presidencial, Daniela Dresdner, más cauta, agregó que lo planteado es un tema que están observando.
“Tomamos conocimiento de lo que estaba ocurriendo afuera de la Contraloría, hemos estado en conversaciones con el contralor, quien recibió a las familiares para conversar con ellas y vamos a seguir monitoreando esta situación”, resumió la autoridad.
La protesta en Contraloría terminó con el desmayo de una de las mujeres encadenadas, la que fue atendida en el mismo edificio del organismo, siendo más tarde revisada por un equipo Samu. Tras la reunión con el contralor, desde ese organismo se informó que a los familiares se les explicó los alcances del dictamen sobre “aplicación de reglamentación penitenciaria” y que “se les hizo presente que, tal como señala dicho dictamen, que el Ministerio de Justicia debe tramitar un proyecto para modificar el reglamento”.
Posteriormente, las manifestantes se retiraron de las dependencias de forma pacífica y sin incidentes. La próxima semana los familiares tendrían ya agendada una reunión en Santiago en la Corte Suprema.