Ni la Fiscalía ni el ministerio del Interior, a través de la Delegación Presidencial, interpusieron acción legal contra el fallo del pasado 5 de octubre. Así la Corte de Apelaciones de Concepción analizará y deberá pronunciarse únicamente sobre el recurso presentado por la empresa propietaria del inmueble.
Finalmente, y a casi tres años de los hechos, solo la Caja de Compensación Los Andes presentó recurso de nulidad a la sentencia que condenó como autor del delito de incendio y daños al único acusado por el siniestro del edificio de la compañía, en Concepción, situación ocurrida en el contexto del denominado estallido social en la zona.
De esta forma, ni el ministerio del Interior, a través de la Delegación Presidencial Regional, ni el Ministerio Público, mediante el fiscal Guillermo Henríquez, de la oficina local de Concepción, recurrieron de la sentencia que condenó a Gabriel Andrés Proboste Orias, a la pena de 4 años de libertad vigilada intensiva.
Así entonces, la Corte de Apelaciones de Concepción solo conocerá y deberá pronunciarse, en torno al recurso presentado por el titular del inmueble.
Consultada la Fiscalía sobre la razón o razones que explicaban que tras pedir más de 10 años de presidio en este caso, no se impugnara la sentencia, desde Comunicaciones del órgano persecutor en la zona, se indicó que “desde la perspectiva de la Fiscalía, la sentencia no incurrió en vicios, por lo que no había mérito para presentar un recurso de nulidad”.
En tanto, desde la Delegación Presidencial Regional, su encargada, Daniela Dresdner, afirmó sobre la decisión de no recurrir de nulidad contra la sentencia que “el delito resultó acreditado y hubo condenados por el mismo. Tal como hemos dicho en casos anteriores, somos muy respetuosos de los fallos que realizan los tribunales, así como también con las penas que establecen”.
En tanto, fuentes del Diario de Concepción confirmaron que en el caso del recurso de nulidad presentado por la caja de compensación, la causal que se esgrime para solicitar la repetición del juicio es la errónea aplicación del derecho, al haber fijado una pena inferior a los cinco años y un día de presidio y al haber considerado el tribunal como muy calificada la colaboración del acusado para aclarar los hechos.