Pese a que las autoridades prefieren mirar el vaso “medio lleno” y destacar la opción de crear un instrumento de planificación urbana nuevo y mejor, lo cierto es que no hay certeza de plazos ni costos.
Grave, complejo, difícil de entender y varios calificativos más, describen a la perfección la situación que se vive en torno al Plan Regulador Metropolitano de Concepción (Prmc), que es la herramienta de planificación urbana más relevante para quienes vivimos en las 11 comunas que conforman esta área, que sólo excluye a Florida.
Y es que el fallo de la Corte Suprema del pasado viernes le quitó el último halo de vida que le quedaba al proceso que buscaba actualizar el Prmc actualmente vigente y que data de 2003, realizándole la undécima modificación desde su origen.
Pero a dicho proceso le faltó cumplir un aspecto de forma y fondo, que fue razón más que suficiente para que el máximo tribunal del país acogiera una acción legal presentada por una serie de agrupaciones indígenas de la zona y el exsenador Alejandro Navarro, quienes denunciaron que no hubo en este proceso, consulta indígena, y que la modificación once del Prmc estaba viciada, cuestión que la Suprema avaló en un fallo tres a dos.
Por ello, a contar de este lunes las reacciones y acciones para poder enmendar la situación y definir un camino para lograr tener un nuevo Plan Regulador para el Concepción Metropolitano, estuvieron a la orden del día.
Y la primera definición vino de la propia seremi de Vivienda, desde donde su titular, Claudia Toledo, sostuvo que tras el fallo y lo planteado también tiempo atrás por la Contraloría General de la República (CGR), que antes de la Corte Suprema, ya había pedido subsanar 13 observaciones de la undécima modificación, lo mejor era generar un nuevo Prmc, pidiendo una amplia colaboración para avanzar lo más rápido posible, dado su vital importancia.
“Sabemos que lo necesitamos urgente y estamos poniendo en la mesa estos tres años y medio para poder desarrollar este nuevo Plan Regulador Metropolitano. Son plazos que no son los que usualmente se utilizan para este tipo de instrumentos, pero creemos que, con un poco de desafío a nuestros procedimientos, a nuestra forma de trabajar, lo podemos hacer. En eso hemos estado trabajando en conjunto con el Gobierno Regional porque sabemos que tenemos una necesidad, que es urgente”, explicó Toledo.
Esa es la pregunta que queda en el aire desde que se conoció el fallo de la Corte Suprema y que nos tiene sin un instrumento de planificación esencial para el desarrollo regional o más bien con uno que está obsoleto y que deja abierta una serie de posibilidades para el desarrollo de proyectos que podrían generar más de un conflicto social.
Y esa es la única tranquilidad de las autoridades actuales, porque fue en 2017 cuando en medio de los esfuerzos por sacar adelante la actualización del Prmc, desde Vivienda se consultó al ministerio de Desarrollo Social, si era necesario realizar una consulta indígena como parte de este proceso, respondiéndose en su momento que no, con los resultados ya conocidos.
Por eso, la seremi de Vivienda sin querer cuestionar abiertamente lo realizado por sus antecesores, fue clara en remarcar que el fallo de la Suprema, que reprocha el no haber realizado la consulta indígena en este proceso, marcará un antes y un después en la tramitación de estos planes a nivel nacional.
“Bueno, no voy a enjuiciar hoy día lo que no hicieron antes otros colegas, pero efectivamente, hay un tema que habrá que estudiar, aprender mucho de este fallo en particular, pero ojo, que acá hay una respuesta de la subsecretaria de Servicios Sociales, del ministerio de Desarrollo Social, el que marcó de alguna forma el que se incorporará o no la consulta indígena al proceso, y lo conversamos hoy (lunes), con el representante del seremi. Yo voy a enviar el oficio respectivo, haciendo ver este fallo y lo que implica desde el punto de vista de los procedimientos y desde las respuesta que tendrá que dar esta subsecretaría en lo sucesivo”, afirmó la autoridad.
Explicar la importancia de tener un Plan Regulador actualizado, no es tan sencillo, pero hay una serie de ejemplos que podría ayudar a dimensionar el efecto que tiene o puede llegar a tener el contar con una instrumento de planificación que está desactualizado 20 años.
Por ejemplo, muchas áreas sensibles desde el punto de vista ambiental, no son reconocidas en el Prmc vigente (sectores en Rocuant- Andalién, Boca Maule y Calabozo en Coronel) y por lo tanto, no cuentan con normas urbanísticas acorde con su sensibilidad, haciendo extremadamente difícil su manejo y control.
Zonas de Valor Natural, sin Normativa de Subdivisión Predial Mínima, lo que hace casi imposible el control de una eventual atomización predial en esos territorios. Acá la preocupación está en los terrenos adyacentes al Parque Nacional Nonguén.
Y también, el Prmc vigente, no tiene normas urbanísticas que expresamente prohiban el desarrollo de infraestructura peligrosa, insalubre y contaminante. Es decir, con el Plan Regulador actual, en el papel, un proyecto de una central termoeléctrica, sería perfectamente posible.
“Este Plan Regulador tiene algunos problemas que nos preocupan, por lo tanto, lo que corresponde es ponernos a disposición para que el trabajo que sigue, sea lo más rápido posible, para poder entregar mayor seguridad a la ciudadanía en el uso de los espacios y también, desde luego, la protección del medio ambiente que en el Plan Regulador que tenemos actualmente, no se garantiza en todos sus formas, ya que por ejemplo permite generar industrias peligrosas en las partes urbanas de la conurbación y además permite el tránsito de vehículos pesados por el centro de la ciudad, un montón de cosas que queremos remediar”, apuntó la delegada presidencial Daniela Dresdner, quien también comprometió sus esfuerzos para poder coordinar el trabajo intersectorial que se requerirá para lograr tener durante 2026 un nuevo Prmc.