La Central Hidroeléctrica Pangue de Enel es foco de conflicto socio ambiental. Tras dos meses de toma y por petición de Enel, la Delegación Presidencial de la Región del Biobío ordenó su desalojo.

Según se detalló, el procedimiento habría sido pacífico. De hecho, solamente hubo cuatro personas al interior del predio y los efectivos policiales eran de la zona para fomentar el diálogo.

Uno que, precisamente, no prosperó en los 60 días en que se buscó encontrar puntos en común entre la comunidad mapuche y los representantes de la compañía.

“Estamos pidiendo que se haga una mesa de diálogo equilibrado, donde estén las autoridades de Gobierno, la empresa y nosotros”, declaró públicamente en su oportunidad María Curriao.

Y detalló: “Aquí ya llevamos muchos años y no hemos podido lograr absolutamente nada y tenemos un convenio firmado del año 2016, tenemos un convenio firmado de la mesa de diálogo para el desarrollo con la comunidad plena, y del 2017, uno firmado con 22 familias donde no se ha cumplido nada de aquello”.

Uno de los objetivos era que Enel cumpliera con la construcción de un memorial tras la inundación de un cementerio mapuche para dar paso a esta represa.

La encargada de responsabilidad de la firma en la zona, Daniela Zárate, salió a responder a la opinión pública sobre el emplazamiento. “Hoy día está en ese lugar con personas que no son de su comunidad y con personas que aparentemente ni siquiera residen en el territorio. No más allá de las cinco o seis personas que han tomado una medida de fuerza para bloquear el acceso a una central hidroeléctrica”.

Pues bien, durante el término de la administración del Presidente Sebastián Piñera no hubo resultados. Y finalmente, en este primer mes del gobierno del Presidente Gabriel Boric tampoco.

Fue así cuando la Delegación Presidencial de la Región del Biobío ordenó el desalojo, esto tras la insistencia de Enel de que se estaba poniendo en riesgo la operación de la Central Pangue.

“Este es un problema heredado, puesto que este es un conflicto que comenzó en enero cuando nosotros aún no éramos gobierno, y por lo tanto, a la llegada al gobierno nos encontramos con este conflicto e intentamos resolverlo de la manera en que siempre vamos a resolver el conflicto, que es mediante el diálogo”, aseguró tras el operativo la delegada presidencial, Daniela Dresdner.

Y puntualizó: “Se intentaron muchas instancias de diálogo que se pudieran acordar entre la empresa y la comunidad, sobre todo considerando de que, a medida que pasa el año empieza a hacer cada vez más peligroso que se mantengan ahí las comunidades producto del funcionamiento de la central, y finalmente llegamos a un punto en donde no había forma de poner de acuerdo entre la empresa y la comunidad, entonces lo que se hizo fue un desalojo, pero fue un desalojo muy pacífico”.

Las críticas al accionar de la Delegación Presidencial no se hicieron esperar. “Nos vamos sin acuerdo, pero ahora, señores Enel, comenzará la lucha. Señora Dresdner, le quedó grande el cargo al ir con la policía por delante”.

Enel tuvo palabras de agradecimiento. “Valoramos la intervención ordenada por la Delegada Regional, dando cumplimento al deber de resguardar el orden público y la seguridad del suministro eléctrico. Después de más de dos meses de bloqueado el acceso a nuestra planta hidroeléctrica Central Pangue, nuestros trabajadores podrán ingresas a las instalaciones de manera segura para mantener el correcto funcionamiento”.

Dado que el conflicto no ha terminado, el alcalde de Alto Biobío, Nivaldo Piñaleo, se ofreció para intermediar.

“Como siempre lo he dicho, he invitado a las empresas particulares, en este caso Enel, que se abra a conversar con las comunidades, que converse con las distintas organizaciones, y en conjunto buscar las soluciones. Si es necesario participar, y si me invitan, obviamente estar ahí para buscar todas las instancias justas, y dar soluciones a las demandas que han planteado las distintas organizaciones, especialmente en la ribera del Biobío”, aseveró la autoridad comunal.