El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, detalló que Tomé y San Pedro de la Paz tienen los mayores casos registrados a la fecha.
Esta semana se viralizó en redes sociales un nuevo video de una mujer que trata de expulsar de una playa a unos jóvenes en Puerto Montt. Y la Región del Biobío tampoco ha estado lejos de la polémica con el recordado caso Pingueral, en que las autoridades demolieron una caseta.
El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, informó a Diario Concepción que en la última temporada veraniega van 28 denuncias a la fecha por impedir el acceso a la playa, pero “principalmente por cobrar indebidamente estacionamiento”.
La autoridad nacional igualmente reveló cuáles son las comunas que concentran la estadística: Tomé y San Pedro de la Paz.
“La gran mayoría son por estacionamientos y destaca especialmente Punta de Parra en Tomé y La Puntilla en San Pedro de la Paz (por obstrucción al paso)”, resaltó Isamit.
Es por ello que el equipo regional está trabajando en corregir estas situaciones y no generar inconvenientes a los turistas o lugareños.
De acuerdo a la Seremi de Bienes Nacionales Biobío, liderada por Victoria Pincheira, de las casi 30 denuncias, seis corresponden a Punta de Parra, comuna de Tomé. Mientras que cinco las concentra Puntilla de San Pedro de la Paz.
En la comuna de Negrete, Villa Coigüe, la autoridad regional y su equipo fueron a terreno para lograr un acuerdo entre el propietario y el alcalde.
Mientras que en Playa Trana de la comuna de Arauco hay trabajos para fijación de acceso.
El director de la Unidad de Turismo de Tomé, Horacio Hernández, comentó a este medio que precisamente ayer un turista informó que le habrían cobrado por estar en la playa de Pudá.
“Pedimos los antecedentes y tenemos que verificar”, acotó el funcionario municipal, aclarando que históricamente Punta de Parra, Pingueral y otras playas han concentrado situaciones.
El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, finalmente hizo un llamado a dejar de impedir el paso o cobrar estacionamiento cuando no corresponde.
“Dice la ley que todos debemos llegar a las playas por los caminos públicos, pero cuando no hay y se debe pasar por un terreno privado, se debe fijar un acceso a través de un proceso con Bienes Nacionales y la Delegación Presidencial”, aclaró.
Y precisó: “Una vez que este acceso esté firme, como el que estamos trabajando en el sector de la Puntilla, si es que se cierra el acceso la persona se expone a una multa entre las 10 y las 100 UTM. Es decir, entre los $ 500 mil y los $5 millones. Si reitera la conducta, se puede duplicar hasta llegar a los $ 10 millones”.
Finalmente, indicó que a nivel nacional las denuncias totalizan 91, por lo que instó a los ciudadanos a poner en conocimiento estas malas prácticas que buscan ser erradicadas mediante la aplicación de ley vigente.