La iniciativa de norma popular presentada por las Universidades de la Red G9 consiguió más de 15 mil apoyos y será analizada por la Convención Constitucional.
“Educación Superior inclusiva y diversa, con compromiso público, regional y producción de conocimiento de excelencia” es el nombre de la iniciativa popular de norma liderada por la Red de Universidades Públicas no Estatales G9, entidad que reúne a nueve casas de estudio del norte, centro y sur de Chile, con presencia en 11 regiones y 20 ciudades del país.
“Creemos que es muy importante y también estamos muy agradecidos de todos y todas quienes apoyaron esta norma, porque el aporte que hacen nuestras universidades al desarrollo del país desde los distintos territorios es muy significativo”, afirmó el Presidente de la Red G9 y Rector de la Universidad Católica de Temuco (UCT), Aliro Bórquez, luego de que la norma N° 59.750 presentada por la agrupación alcanzara los más de 15 mil apoyos necesarios para ser debatida en la Convención Constitucional.
La propuesta busca garantizar un sistema universitario con proyectos diversos, equitativo, inclusivo, con compromiso público y regional, y con producción de conocimiento de excelencia.
Asimismo, plantea que se reconozca la función pública que han tenido los planteles de la Red G9 desde sus orígenes, algunos centenarios, garantizando una igualdad de reconocimiento a las Universidades Públicas no Estatales G9 con las Universidades del Estado en lo concerniente a la preservación de garantías de autonomía en la gestión y en el régimen de financiamiento simétrico. El vínculo entre el Estado y nuestras universidades ha sido funcional al desarrollo de la educación pública chilena, el país y esencial para que el Estado pueda alcanzar sus propios fines. Es decir, que las universidades públicas no sólo son estatales, sino que son todas aquellas que por tradición histórica han desarrollado la función pública de la educación superior en Chile.
“Por esa razón creemos que este trabajo y aporte debe ser reconocido en la discusión constitucional que se tenga respecto al desarrollo de la educación superior en la Nueva Constitución”, remarcó el Rector Bórquez.
La propuesta plantea también consagrar y mantener la libertad de enseñanza, porque de lo contrario, sostienen “limitaría las alternativas de la ciudadanía para elegir sus propios proyectos de vida en una sociedad pluralista, en un espacio singularmente relevante donde se forman las personas en distintos saberes, y que genera el conocimiento que el país requiere para su progreso”.