Las iniciativas legislativas que duermen mientras avanza el fuego

Establecer un perímetro mínimo de 500 metros para los bosques de pinos o eucaliptos en los sectores poblados, que los brigadistas sean parte del Código del Trabajo y que los vecinos reciban recursos para prevenir y enfrentar focos, no tienen apoyo suficiente en el Parlamento.

El Estado y las empresas forestales gastan millones (Conaf más de $130 mil millones para esta temporada) en combatir las llamas que cada año incineran, no solo predios privados de grandes empresas ligadas a Corma, sino también destruyen parcelas de cientos de campesinos que se dedican a la agricultura y tratan de sacar adelante sus emprendimientos que se ven reducidos a cenizas.

El gran incendio de 2017, la denominada Tormenta de Fuego, dejó lecciones claves con el costo de vidas humanas. El fuego llegó al pleno Gran Concepción. La memoria es frágil, pero hubo señales: los siniestros de 2007 en el Valle del Itata que afectaron a Coelemu con decenas de casas en ruinas y el mega incendio de Quillón de 2012 (ambas perteneciente al Biobío en aquellos años) con las mismas consecuencias. Incluso peores: centenares de hogares hecho brasas y dos fallecidos que lamentar. Es por ello que la historia se volvió a repetir en esta comuna este 2021, distante a menos de una hora de la capital regional del Biobío.

En ese contexto, hay iniciativas parlamentarias que buscan que los predios estén al menos 500 metros alejados de zonas pobladas, otro que pretende que los brigadistas que combaten incendios sean parte del Código del Trabajo y que las comunidades reciban recursos para enfrentar emergencias.

El senador Alejandro Navarro explicó que actualmente no existe el apoyo suficiente de otros legisladores.

“Desde el 2014 hay un proyecto de ley de mi autoría que se busca hacer una faja de 500 metros entre los sectores altamente poblados y también las carreteras, a fin de generar una zona de seguridad en donde las plantaciones que allí se puedan hacer sean de carácter agrícolas y no forestal. Es decir, no se trata de limitar la propiedad, sino determinar que en esos sectores haya una especie distinta al eucalipto o el pino, de tal manera que la chamiza no vuele y que es el principal vector que expande el incendio”, contó.

Responsabilidades

El senador lamentó que no pueda avanzar en el Parlamento a pesar de lo ocurrido en 2017. ”No ha habido voluntad de la comisión de Agricultura, pero tampoco de las forestales, de autolimitarse, de imponerse esa zona de seguridad. Nosotros aquel año con un equipo de mineros del carbón, con 12 motosierras, hicimos limpieza de franjas en Penco y Tomé, sectores altamente poblados. Luego avisamos a las forestales que realizamos aquello. Lamentablemente esa lección no se ha aprendido”.

El parlamentario aseveró que algo parecido ocurre con la franja de las compañías eléctricas de generación y transmisión de altas redes. Si bien se habla de que más del 90% de los incendios habría un componente humano (como ocurrió en Quillón el 2012, donde hubo un condenado por intencionalidad), también hay responsabilidades de empresas. “Quedó comprobado en Rancagua donde ejecutivos fueron procesados”, recordó Navarro.

Es por eso que el legislador reveló que se solicitó los planes de limpieza de estas firmas eléctricas, que a su juicio, también son un factor de riesgo. De hecho, el gran incendio de Coelemu en 2007, Fundo el Tablón, la Corte Suprema ordenó pagar a la eléctrica Copelec $1.200 millones a propietarios afectados por actitud negligente de no realizar la adecuada mantención de fajas de seguridad a lo largo del tendido.

“Del monto indemnizatorio a pagar se deberán descontar la suma de $750 millones, los que ya fueron pagados por la empresa Celco, codemandada en la causa, y que llegó a un acuerdo con el propietario de los terrenos”, se lee en los archivos de prensa.

Es por eso que 10 años después, el alcalde de Coelemu, Alejandro Pedreros, recién asumido en 2017 no lo pensó dos veces cuando el incendio más grande de Chile estaba llegando a su comuna. Con maquinaria pesada se hizo un cortafuego de 15 km, el más largo del país hasta ese minuto, siendo aplaudido por la ex Presidenta Bachelet en una visita rápida a la zona.

Sin embargo, Florida no pudo con las lenguas de fuego que calcinaron más de 3.500 hectáreas, amenazando seriamente el sector urbano. El hospital debió ser evacuado. El alcalde Jorge Roa no tuvo palabras amigables para las forestales en aquella oportunidad.

El 13 de febrero de ese año el ministro de Agricultura, Carlos Furche, aseguró que en general “no hay cortafuegos y eso es parte de los problemas”. La Corporación Chilena de la Madera, Corma, reconoció también a través de quien fuera su presidente, Fernando Raga, que efectivamente no había un catastro de existencia de este mecanismo clave.

“El sector forestal de plantaciones tiene más de 22.000 propietarios y 2,5 millones de hectáreas. No existe un catastro o reporte de la existencia o calidad de sus cortafuegos”, reveló Raga a Diario Concepción en su minuto.

Durmiendo bajo el fuego

El senador Navarro urge e insiste que se debe regular bajo una legislación las fajas en lugares con residencias y que se tomen en serio las otras propuestas ya señaladas.

“Tenemos otro proyecto adicional, que los brigadistas forestales estén en un capítulo especial del Código del Trabajo, porque no aparecen. Por lo tanto, deben tener un regimiento especial, deben estar protegidos y certificados. La internacional posibilita que puedan ser contratados en otros países. Ese proyecto está en la Comisión del Trabajo y tampoco ha podido ser debatido y discutido”.

La otra iniciativa que dice relación en que las comunidades de vecinos puedan recibir recursos para el combate preventivo sería a juicio del senador como un aporte fundamental.

“Para que actúen en primer línea en la prevención, porque son los primeros afectados cuando se desata un incendio forestal. Por tanto, hay una tarea legislativa enorme, en que el Parlamento está en deuda y que esta nueva experiencia que vive el país por estos días, particularmente en Ñuble, La Araucanía y Maule, deberían dar curso a una agilización legislativa, porque los proyectos duermen sin ser debatidos”, resaltó Navarro.