La adenda entregada al SEA Biobío por exBiolantánidos, hoy Aclara, recibió numerosas observaciones que deben ser subsanadas. El Comité de Expertosreiteró la importancia de los plebiscitos ciudadanos, que fue confirmado por Penco. En Tomé se juntan firmas como pruebas de rechazo.
El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío entregó un plazo de dos meses a REE Uno para responder a observaciones a la adenda del proyecto minero que busca extraer “tierras raras” en Penco y dar, así entonces, paso a la esperada votación por parte del Comité Evaluador que tendrá que dar luz verde o roja, lo que es esperado por la ciudadanía.
El proyecto fue ingresado al Sistema de Evaluación el 7 de diciembre de 2018, según consta el registro. “Resuelvo: Ampliar el plazo de 120 días para la evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto BioLantánidos por 60 días adicionales”, comunicó esta semana el director subrogante del SEA Biobío, Nelson Cortés Matamala, al gerente general de la firma, Rodrigo Ceballos Argo.
Desde la empresa Aclara, nuevo nombre detrás del proyecto conocido por la ciudadanía como BioLantánidos, plantearon “que han tomado nota del informe del SEA y que abocarán a responder las observaciones”.
Frente a esta decisión, el integrante del Comité de Expertos de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Penco, el ingeniero y consejero regional electo, Rodrigo Vera, pidió a los alcaldes de Penco y de Tomé entreguen fechas de los plebiscitos ciudadanos “para ver postura sobre el proyecto Biolantánidos”.
Estas consultas, precisó, se deberían realizar en la temporada estival.
“Hago un llamado a los municipios de Penco y Tomé a que cumplan con su compromiso de realizar antes del 9 de febrero un plebiscito ciudadano para que se escuche la voz de la gente, aunque la iniciativa no sea vinculante porque no está aprobada la Ley de los Plebiscitos Vinculantes y sea considerado ante la eventualidad que el proyecto pase a la Comisión de Evaluación Ambiental”, solicitó Vera.
Desde la Municipalidad de Penco explicaron a Diario Concepción que está toda la voluntad de realizarlo, tal como lo anunció el alcalde Víctor Hugo Figueroa, y que este se efectuará en la fecha más próxima a la votación final.
Por su parte, en Tomé, donde rechazan las inscripciones de propiedad minera descubiertas por los propios vecinos de sectores rurales, señalaron que en la actualidad se lleva a cabo “un proceso de recolección de firmas para mostrar fehacientemente nuestro rechazo a la minera”.
Destacaron que en la comuna el rechazo es absoluto, desde vecinos, concejales y la alcaldesa, Ivonne Rivas. Durante el jueves se realizó un Cabildo del Mundo Rural en Rafael, donde se manifestó el repudio total a la instalación de tierras raras y vertedero (otro proyecto).
Los servicios hace unos días se pronunciaron por la adenda del proyecto BioLantánidos. Fue la Seremi de Medio Ambiente la que profundizó en tres puntos: emisiones, sobre el queule y biodiversidad.
“Se encontró para Gomortega keule un error de muestreo de 7,2% (Coeficiente de variación de 117,6%), para Citronella mucronata un error de 12,2% (Coeficiente de variación de 73,1%), finalmente para Pitavia punctata un error de 30,8% (Coeficiente de variación de 66,7%)”, aclaró el seremi subrogante del Medio Ambiente, Nomar Mauricio Fernández Proboste al SEA Biobío.
Por otro lado, que “se requiere no solo una batería de medidas y acciones de resguardo adicionales, sino que una propuesta de Plan de Protección, Conservación y Recuperación de Biodiversidad, que integre los componentes bióticos y abióticos (enfoque ecosistémico) en el AI del proyecto y los contraste con los objetivos y acciones del proyecto productivo. Como base cada fragmento de BNP y BN, así como el Área de Conservación propuesta (Derecho Real de Conservación), debieran contar con un subplan específico que defina las acciones de protección, conservación y restauración (zonificadas) y un plan general (zonificado) que integre estructural y funcionalmente las partes o fragmentos”.
Es por ello que se entregó el nuevo plazo de 60 días por parte la entidad evaluadora regional.